El ministro Claudio Moroni le aseguró a la CGT que Alberto Fernández firmará un DNU para dejar sin efecto de forma transitoria dos artículos de la Ley de Contrato de Trabajo
El Gobierno prometió dejar sin efecto durante la pandemia del coronavirus dos normas que facultan a las empresas a suspender a trabajadores con más facilidad y a despedirlos con una indemnización reducida. Alberto Fernández les hizo llegar ese mensaje a los líderes de la CGT y aseguró que lo dejará plasmado en un decreto de necesidad y urgencia de inminente publicación. La preocupación por suspensiones y despidos masivos se agigantó con la extensión de los contagios y, en particular, con el anuncio de Techint de cesantear a 1.450 trabajadores de la construcción, una decisión que el Ejecutivo dejó ayer en suspenso tras el dictado de una conciliación obligatoria.
La central obrera había arrancado el fin de semana una campaña para presionar por la suspensión de dos artículos de la ley de Contrato de Trabajo, el 221 y el 247. El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, a cargo también de la audiencia en la que ayer quedaron frenados los despidos en Techint, le transmitió al jefe de Estado la inquietud y dijo haber recibido su aval para darle una respuesta favorable. Por tratarse de una ley los técnicos del Gobierno y de la CGT coincidieron en que requerirá de una norma de jerarquía similar, es decir DNU en acuerdo general de ministros, para frenar su aplicación.
Los artículos contemplan una relajación de los derechos laborales a partir de la existencia de una situación de “fuerza mayor”. El 221 habilita a los empleadores a extender suspensiones “por fuerza mayor, debidamente comprobada”, hasta un plazo máximo de 75 días y establece que las medidas deberán comenzar por el personal de menor antigüedad, y de ellos los de menor carga de familia. Mientras que el 247 señala que en caso de despidos por “fuerza mayor o por falta o disminución de trabajo no imputable al empleador, fehacientemente justificada”, la indemnización podrá reducirse a la mitad.
La legislación relacionada con los casos de “fuerza mayor” comenzó a circular en boca de asesores legales y dirigentes de empresas frente a la extensión de la cuarentena que terminó de confirmar ayer Alberto Fernández. Desde la CGT se intentó oponer el razonamiento de que esa normativa alude a la eventual situación de crisis de un sector económico o de una empresa en particular pero no a los efectos de un aislamiento generalizado que alcanza no sólo al país sino a buena parte del planeta por la pandemia del coronavirus.
El anuncio de Techint puso al descubierto esa controversia y la elevó al máximo nivel político con declaraciones que parecieron a medida de este caso a cargo del papa Francisco, primero, y del jefe de Estado después. “El sálvese quien pueda no es la solución. Una empresa que despide para salvarse no es la solución. En este momento, más que despedir, hay que acoger. Hay que sentir que hay una sociedad solidaria. Son los grandes gestos que hacen falta ahora”, sostuvo el pontífice durante una entrevista que se conoció durante el fin de semana. El mandatario argentino, por su parte, hizo suyas las palabras del Papa y agregó que “son miserables” los que despiden en medio de la pandemia.
Ayer el ministro Moroni encabezó una serie de audiencias virtuales con directivos de Techint y el secretario general de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra), Gerardo Martínez. Al cabo de esos contactos el funcionario dictó la conciliación obligatoria, una herramienta legal que le impondrá a la compañía dejar sin efecto los 1.450 despidos que había anunciado en obras privadas de las provincias de Buenos Aires, Neuquén y Tucumán. En la compañía que encabeza Paolo Rocca habían argumentado que las desvinculaciones estaban avaladas por el parate de la actividad relacionado con la cuarentena y que existía un compromiso de retomar a los despedidos una vez reanudadas las obras.
Tras el dictado de la tregua Martínez afirmó que el Gobierno debería convocar a una mesa tripartita con el sector empresario y la CGT para aflojar las restricciones a la producción pautadas en la cuarentena. Se trata de la postura resuelta –y al parecer consensuada con las principales cámaras patronales- por la cúpula de la central obrera para hacer frente al parate económico. Junto con la inminente suspensión de los dos artículos de la ley de Contrato de Trabajo la CGT se apresta a negociar con el Gobierno y las entidades empresarias un mecanismo de suspensiones para trabajadores alcanzados por la obligación de aislamiento a cambio de un compromiso patronal de sostén de los puestos laborales.
