Gobernadores intentan lidiar con golpe a ingresos por cuarentena. Ministros de Economía pulen estimación de caída de coparticipación para pedir compensación a Nación
Apremiados por la caída de ingresos por la erosión que les genera la cuarentena obligatoria y la necesidad de acceder a recursos extra, los gobernadores batallan un guiño urgente del Banco Central para que flexibilice las normas para el otorgamiento de créditos al sector público.
El planteo incluye un pedido imperioso para buena parte de los distritos: que la entidad que conduce Miguel Pesce extienda el plazo de 10 días con el que hoy cuentan los mandatarios para utilizar descubierto para el pago de salarios.
Desde despachos locales explicaron que muchas provincias entran “en descubierto para pagar sueldos” y que “a los 10 días debe cubrirse”. Por eso reclaman, ante los apremios que impone la pandemia, “extender ese plazo por lo menos a 20 días”.
Ese pedido puntual y febril ya fue elevado por los gobernadores al propio Alberto Fernández y a los ministerios del Interior y de Hacienda. En las últimas horas era inminente además una presentación en ese sentido también ante el Banco Central.
La solicitud, en rigor, es más amplia: los Ejecutivos provinciales pretenden una flexibilización del Central en lo respecta a las normas para el otorgamiento de créditos del sistema bancario público y privado al sector público.
“Los bancos están muy limitados a prestar al sector público, y lo que se pide es que el Central flexibilice esas normas y puedan darle más préstamos a los gobernadores”, aseguró otro funcionario provincial a este diario. El arco de la solicitud es amplio. “Flexibilizar montos, plazos y tasas”, remarcó.
Mientras tanto, los ministros de Economía de las provincias mantienen un fluido e intenso contacto virtual para blindar sus pedidos a la Casa Rosada de una compensación en materia de asistencia de fondos para enfrentar la dura caída de ingresos que dejará en abril el impacto de la cuarentena en la coparticipación y en las recaudaciones locales, atadas a la hoy freezada actividad económica.
Más allá de la asistencia de la Casa Rosada a los gobernadores de $6 mil millones en dos cuotas en Aportes del Tesoro Nacional (ATN) -a todas luces insuficiente dada la magnitud del ahogo-, los mandatarios gestionan un mayor flujo de asistencia financiera de la gestión Fernández.
Por eso los ministros de Economía provinciales trabajan en bloque en la definición de una estimación proyectada aproximada del monto que perderían los distritos en materia de coparticipación en abril, para pulir luego el tenor de un nuevo pedido de compensación a la Casa Rosada para hacer frente al pago de salarios, la atención de la emergencia sanitaria y compromisos mínimos.
“Le hemos pedido a la Comisión Federal de Impuestos que intente hacer una proyección para abril con el efecto de las medidas de aislamiento”, dijo por caso el ministro de Hacienda de Misiones, Adolfo Safrán, en diálogo con el periodista Alejandro Spivak.
En esa línea, hizo hincapié en un reclamo del gobierno de Oscar Herrera Ahuad (Frente Renovador de la Concordia). “Misiones plantea que no se distribuya por índice de coparticipación toda la asistencia dado que nos vemos perjudicados con el actual sistema de reparto”, enfatizó.
Con este telón de fondo, algunos gobernadores salieron a despejar temores respecto del pago de sueldos de marzo a los trabajadores públicos. Algunos ya implementan calendarios más escalonados, para evitar la aglomeración en cajeros. Pero en buena parte de las provincias saben que el deterioro de ingresos por el congelamiento brutal de la actividad económica los golpeará más temprano que tarde, lo que agita el fantasma de un potencial retorno de las hoy prohibidas cuasimonedas incluso en distritos otrora impensados.
Los apremios sin embargo ya están instalados con fuerza en Chubut, que transita una crisis de arrastre. “Estamos esperando un adelanto de coparticipación comprometido por el Gobierno y que fue ratificado el domingo por el Presidente”, dijo el mandatario Mariano Arcioni, frente a los retrasos en los pagos de sueldos a la administración pública.
