Ginés González García recibió a los representantes de clínicas y medicina privada de todo el país, tras el lobby de empresarios y dirigentes de Cambiemos que no gobiernan distritos, y se decidió que no habría un DNU para declarar de interés público los recursos sanitarios del país. En cambio, habría una resolución para profundizar la coordinación entre el sector público y el sector privado
Tras la polémica impulsada en redes sociales por lobbistas, empresarios y dirigentes de Cambiemos que no gobiernan distritos para frenar un posible DNU presidencial que declarase de interés público los recursos sanitarios de todo el país, Ginés González García recibió a los representantes de clínicas y medicina privada de todo el país y se decidió que no saldría ese decreto y que por ahora, en cambio, habría una resolución para profundizar la coordinación entre el sector público y el sector privado.
Según publicaciones de Clarín, La Nación e Infobae, el ministro de Salud les habría asegurado a los principales representantes del sector de medicina privada que intentará no intervenir la actividad a partir de un decreto, como él mismo había sugerido en una conferencia virtual de la comisión de Salud de la Cámara de Diputados.
Según las versiones, lo que ocurrirá es que habrá sólo una resolución ministerial para crear una mesa de coordinación entre el sector público y el sector privado de la salud. A través de ese documento, avalado por el decreto que declaró la emergencia sanitaria, se montará una mesa de coordinación nacional para conocer minuto a minuto el estado y el factor de ocupación de las camas de internación común y de terapia intensiva, entre otros recursos del sistema de salud.
La idea es que la iniciativa se replique en las provincias y que si faltan camas de terapia en hospitales públicos puedan ser suplidas en los sanatorios privados. “Queremos estimular la coordinación en todas las jurisdicciones entre lo público y lo privado para que las decisiones tengan un fin público en el marco de esta emergencia”, explicó González García a Clarín, una vez terminada la reunión.
Ginés, según LN, habría reconocido que no es “el único” que opina sobre el tema en la mesa que conduce el presidente Alberto Fernández, por lo que no podría asegurar que el DNU eventualmente no terminara saliendo. De todas formas, en caso de necesitarlo, prometió que esa mesa de coordinación que integrarán los asistentes del encuentro servirá para consultarlos y evitar mayores conflictos.
Del encuentro participaron José Sánchez, de la Federación de Cámaras de Emergencias Médicas (representa a las ambulancias y los servicios de traslado); Miguel Troisi, presidente de Faosdir (representa a obras sociales de dirección de empresa, como OSDE); y representantes de Acami (entidades sin fines de lucro); Adem (Asociación de Empresas de Medicina Prepaga), de obras sociales nacionales (por ejemplo, UPCN, dueño del Sanatorio Anchorena) y Jorge Cherro, de Adecra.
“No habrá decreto. Será sólo un ámbito de coordinación de lo público y privado frente a la epidemia”, reprodujeron fuentes oficiales y de las empresas, al tanto de las conversaciones.
Más allá de la falta de definiciones, los empresarios y representantes de la salud en general se retiraron del encuentro con un grado menor de preocupación en comparación con el que habían llegado.
No obstante, la preocupación que habían manifestado también había inundado las redes sociales de acusaciones de “comunismo” y de que el Gobierno buscaba “expropiar” camas de ciudadanos que habían pagado por ellas. Curiosamente, hasta el propio gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta había apoyado la hipotética medida. Países como Irlanda y España, de hecho ya avanzaron en ese camino en el contexto de la pandemia.
