El bloque del Senado no tuvo acuerdo en diciembre, Pichetto buscará conseguirlo, pero a muchos de sus pares no les convence habilitar aportes privados. Carrió, el otro problema irresuelto
Federico Pinedo se propuso retomar la negociación para tratar la ley de financiamiento de las campañas electorales pero no la tiene fácil, porque hay muchos senadores del PJ que no están de acuerdo en habilitar los aportes de empresas privadas y sin la ayuda de esa bancada Cambiemos no alcanza mayoría.
Por ese motivo en diciembre Mauricio Macri incluyó en extraordinarias el proyecto que había enviado a Diputados, pero Elisa Carrió lo rechazó por twitter y obligó postergarlo.
La furia de Lilita molestó a Pablo Kosiner, jefe de los diputados de Argentina Federal -el bloque de los gobernadores- porque dificultó la unidad que buscaba entre los suyos para facilitar la aprobación de la ley sin costo político.
Más difícil la tenía Pichetto, que suele pedirle sin éxito a Macri ocuparse de negociar las leyes con los partidos de su alianza de Gobierno antes de pedir ayuda a la oposición. En su bloque aún hay muchos senadores que no aceptan las contribuciones privadas en las campañas, entre otras cosas porque son oficialismo en sus provincias y podría ser una herramienta para sus rivales.
Fue lo que ocurrió cuando se aprobó la reforma política vigente, en 2009, que autorizó espacios publicitarios para todas las fuerzas políticas y en las elecciones nacionales resultan una ayuda para los legisladores rivales de los históricos gobernadores peronistas.
Ninguno ideó una ley para colaborar con las oposiciones locales en las elecciones de sus provincias y no encuentran motivos para hacerlo a nivel nacional. Chocan con los tres candidatos presidenciales del peronismo federal, Miguel Pichetto, Juan Manuel Urtubey y Sergio Massa, activos promotores de autorizar los aportes privados para sus campañas.
Tienen motivos: los últimos candidatos presidenciales no lograron aprobar su rendición de cuentas en la justicia porque no justificaron la procedencia de muchas contribuciones individuales. Peor le fue a María Eugenia Vidal, cuando una denuncia periodística identificó los aportantes truchos en la campaña bonaerense de Cambiemos de 2017.
El trío del PJ logró avanzar con una ley regulatoria que obtuvo dictamen en noviembre en el Senado por una intensa gestión del catamarqueño Dalmacio Mera, primo de Urtubey. Incluyó pedidos de Cambiemos, como la prohibicióna los sindicatos y empresas de servicios públicos de aportar en las cuentas de los candidatos.
Massa, vía Graciela Camaño, propuso que una porción de los aportes privados fueran a un fondo para repartir en partes iguales entre los candidatos y reducir el poder de lobby de los empresarios, pero no terminó de consensuar con sus socios los porcentajes.
Los senadores del PJ que más se oponen a la ley son los formoseños y el chubutense Mario País, pero la mayoría nunca opinó porque la ley sólo la militó fuerte el grupo más cercano a Pichetto, integrado por Rodolfo Urtubey, Guillermo Snopek y Mera.
Según supo LPO, mañana los senadores peronistas comenzarán a hablar entre ellos para acercar posiciones y evaluar si es preferible volver a negociar una ley o dejar la que está. Ya le pidieron a Jorge Landau prepararse para un asesoramiento full time.
En diciembre el histórico apoderado del PJ, autor de la actual ley electoral cuando era diputado, advirtió sobre varias inconsistencias en el dictamen del Senado y asistió a reuniones multipartidarias en el despacho de Emilio Monzó, donde parecía lejano un acuerdo y se hizo imposible con la furia twitera de Carrió.
Por si fuera poco, algunos diputados peronistas y del Frente Renovador de Sergio Massa exigieron incorporar una regulación a los fake news, como reclamó la Cámara Nacional Electoral. En el Gobierno avisaron que no aceptan legislación sobre el tema porque corre riesgo la libertad de expresión.
Si hubiera un acuerdo podría reactivarse la idea de llamar a sesiones extraordinarias, que Macri sostiene pero Monzó le exige revisar porque no habrá final feliz si las leyes pendientes no son acordadas con anterioridad.
Una opción que evalúan en la Casa Rosada es improvisar una sesión para tratar el DNU que dispuso la extinción de dominio, este miércoles fue enviado al Congreso para su tratamiento y se debatiría en comisión la semana próxima o la otra a más tardar.
Luego puede llegar al recinto y para el Gobierno sería una buena opción de exponer a la oposición, que modificó la ley el año pasado y para Cambiemos hizo más difícil expropiar bienes de la corrupción. Muchos de sus legisladores se lo quieren remarcar.
