Para los casos en los que los países de origen no contemplen reciprocidad con Argentina
El oficialismo presentó ayer en la Cámara de Diputados un proyecto de ley para arancelar la salud y la educación pública a extranjeros cuyos países no contemplen reciprocidad con la Argentina por la prestación de esos servicios. Dentro de Cambiemos la idea no es una novedad, pero decidieron concretarla después de que el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, anunciara en Salta que comenzará cobrar la atención médica a los ciudadanos provenientes de otros países en su provincia, a excepción de las emergencias.
El jefe de Gabinete, Marcos Peña, que se encontraba en esa provincia norteña para anunciar la segunda etapa del Plan Belgrano, apoyó la decisión de Morales, a la que calificó como una “medida justa”. El gobernador radical explicó: “No estamos rompiendo ningún principio de igualdad porque los argentinos pagamos impuestos y por eso es que recibimos la atención de la salud”.
“Creo que pasa por una cuestión esencial que tiene que ver con la reciprocidad, que es la base para garantizar el principio de la igualdad, y yo creo que no hay reciprocidad”, explicó, tras lo que agregó: “No hay ningún país que no le cobre a los extranjeros las prestaciones de salud”.
“Hay casos en Bolivia y en Chile donde no dejan salir a argentinos de los hospitales hasta que no pagan, y en muchos casos nuestros consulados tienen que firmar garantías para pagar todas las prestaciones”, sostuvo Morales en diálogo con la prensa local.
La reacción en el Congreso fue inmediata. El diputado radical y vicepresidente de la Cámara baja, Luis Petri, presentó por la tarde un proyecto de ley para regular el acceso gratuito a los servicios de salud y educación en nuestro país.
Según el texto, la situación de quienes revistan la calidad de “residentes permanentes” se mantiene inalterable, pero cuando se trate de personas que ingresan al país “con carácter temporario, transitorio o precario”, se establece el acceso a los servicios de educación universitaria y salud en forma gratuita en tanto exista reciprocidad, es decir, siempre que los argentinos gocen de los mismos derechos en esos países.
De lo contrario -en caso de no existir reciprocidad ni compensación entre el país de origen de la persona que goza del servicio y la Argentina-, el Estado estará facultado a exigirle a ese país una compensación por los servicios prestados.
Como última instancia -sólo en el supuesto en que no exista reciprocidad de trato, ni exista convenio de compensación entre la Argentina y el Estado del cual proviene el residente transitorio, temporal o precario-, se faculta al Poder Ejecutivo a establecer “tasas retributivas” o “aranceles” para afrontar el costo de los servicios de salud y educación.
“El objetivo del proyecto es garantizar el acceso igualitario a todos aquellos extranjeros que elijan residir en la Argentina de manera permanente, que vengan a trabajar, que aporten al crecimiento del país y que quieran proyectar sus sueños aquí, y establecer un régimen para aquellos extranjeros no permanentes a fin de afrontar los costos de los servicios”, explicó Petri.
