La organización solicitó información pública al Ministerio de Seguridad y envió cartas al Congreso en referencia a los operativos de Prefectura que terminaron con la muerte del joven mapuche
Desde que asumió Mauricio Macri, el Estado argentino no para de enfrentar pedidos de explicaciones por parte de los organismos de Derechos Humanos internacionales.
En esta oportunidad, Amnistía internacional, que ha sido parte involucrada en la desaparición y posterior muerte de Santiago Maldonado y en la privación ilegítima de la libertad de Milagro Sala, ha solicitó al gobierno acceso a la información pública del Ministerio de Seguridad sobre los operativos de Prefectura que acabaron con la vida del joven Rafael Nahuel.
Los días 23 y 25 de noviembre la Prefectura Naval Argentina (PNA) se desplegó en terrenos ubicados sobre el kilómetro 2.006 de la ruta nacional 40, cerca del lago Mascardi, en jurisdicción del Parque Nacional Nahuel Huapi, Provincia de Río Negro. Los operativos desarrollados en el marco de un conflicto territorial derivaron en la muerte de Rafael Nahuel y varios heridos.
Rafael Nahuel fue baleado el jueves 23 por la tarde y falleció horas después. Según las pericias oficiales la bala le ingresó de manera ascendente por el glúteo y le atravesó el tórax. El proyectil es de un arma calibre 9 milímetros, como las que usa el grupo Albatros de la PNA.
Pedidos de acceso a la información y cartas al Congreso
Amnistía Internacional envió un pedido de acceso a la información pública a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y al jefe de Gabinete de ese ministerio, Pablo Noceti, para que brinden información respecto a los procedimientos realizados por Prefectura Naval Argentina y los fundamentos jurídicos de los mismos.
Conforme a los estándares internacionales de derechos humanos, el Estado es responsable de garantizar que el uso de la fuerza sea utilizado como último recurso y con estricto apego a estas normas.
La organización envió también cartas a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y a la Comisión de Pueblos Indígenas de la Cámara de Senadores de la Nación. El principio republicano de gobierno, que incluye la estricta división y control entre los poderes del Estado, exige que el Poder Legislativo cumpla un rol fundamental en el monitoreo y efectiva implementación de la ley de emergencia territorial (26.160) por parte del Poder Ejecutivo Nacional y, en general, en situaciones en que se vulneran los derechos fundamentales reconocidos en nuestro ordenamiento jurídico.
A su vez es indispensable exigir a las autoridades responsables del Poder Ejecutivo que brinden explicaciones y una estricta rendición de cuentas sobre el accionar de las fuerzas de seguridad. Estos hechos se hacen aún más preocupantes al advertir que se vuelve a repetir una intervención de las fuerzas de seguridad en el marco de los reclamos de las comunidades indígenas, con consecuencias drásticas.
Por último, Amnistía Internacional envió también una carta al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) para pedir información sobre los antecedentes del conflicto territorial en esa zona y su estado de situación.
Sobre el contexto y la ley 26.160
Amnistía Internacional ha hecho un relevamiento de la situación y conflictos que atraviesan los pueblos originarios en el país, del que Río Negro es parte. En la última década se aceleró el proceso de despojo territorial de las comunidades indígenas, dando lugar a focos de tensión por el reclamo del derecho al territorio, a la salud, a la educación, al trabajo, al acceso al agua potable, entre otros, que tienden en muchas ocasiones a canalizarse a través de la intervención de la justicia penal.
Los graves hechos ocurridos en Villa Mascardi se suman a los numerosos desalojos que sufren frecuentemente los pueblos indígenas a lo largo de todo el país y que vulnera sus derechos humanos, a pesar de la suspensión a los desalojos dispuesta por la recientemente prorrogada ley 26.160 de emergencia territorial.
A su vez, la implementación del relevamiento dispuesto en la norma mencionada, que constituye un paso necesario para que luego las comunidades indígenas puedan avanzar en los procesos de reivindicación y titulación comunitaria de sus territorios, ha presentado grandes dilaciones.
