El Gobierno dice que la CUS es una mejora sustancial para el sistema sanitario. ATE y CTA Autónoma aseguran que destruirá el sistema de salud público
La Cobertura Universal de Salud quedó en el centro de la polémica entre las voces oficiales y organizaciones de trabajadores. Para el ministro de Salud de Entre Ríos se trata de una mejora sustancial para el sistema sanitario. Para ATE y CTA Autónoma, una estrategia que ocasionará “la destrucción definitiva del ya castigado sistema de salud público”.
“Es una estrategia que mejora sustancialmente nuestro sistema sanitario y, por otro lado, federaliza mucho más el recurso”, había dicho el ministro Ariel de la Rosa, sobre la Cobertura Universal de Salud, a la que Entre Ríos quedó incorporada junto a otras tres provincias.
Distante de la definición oficial se posicionaron el Consejo Directivo Provincial de la Asociación de Trabajadores del Estado y la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma Entre Ríos. Las organizaciones directamente salieron a repudiar públicamente la adhesión de la provincia al CUS.
En un documento que se hizo público, expresa que la decisión del gobierno provincial, firmada por el ministro de Salud con su par nacional, Jorge Lemus, junto a las provincias de Córdoba, Jujuy y Salta, que “en principio intentarán mostrar como equitativa y beneficiosa para la población, no es más que la profundización de las políticas neoliberales pergeñadas en los 90” a la vez que advierte que “traerá a mediano y largo plazo la destrucción definitiva del ya castigado sistema de salud público”.
Las alusiones a lo ocurrido con las prestaciones de salud a lo largo de más de dos décadas, lleva a las entidades a formular un planteo de fondo a través del siguiente interrogante: “¿Para quién debe ser gestionado este Estado, para que las grandes mayorías de la sociedad puedan tener acceso al trabajo, educación, salud, deporte, recreación, o para las minorías que obtienen enormes ganancias con estas necesidades?”.
Más de dos décadas
Para explicar qué es la Cobertura Universal de Salud, ambas organizaciones hacen una suerte de racconto que se inicia en 1993, cuando el Banco Mundial en forma conjunta con la OMS presenta el informe bajo el nombre “Invertir en Salud”.
Mencionan que ese documento sienta las bases para reorientar el gasto público en salud, direccionando a que los Estados lo realicen por programas y para los sectores más pobres y vulnerables (Atención Primaria de la Salud Selectiva) esto es: una salud pública para los pobres. Para los que puedan pagarla habrá mejores servicios y alta tecnología en el sector privado. Por otro lado ya comienza como propuesta de financiamiento para garantizar lo que sería mayor complejidad (en manos de sectores privados de salud) impulsar seguros de salud privados o públicos.
Agrega luego que, en 2005, la OMS en su 58 asamblea, formaliza la línea del Seguro Universal de Salud como forma de garantizar “que toda la población pueda acceder a la salud”, en la Argentina garantizado por el artículo 14 bis de la Constitución. En el informe sobre la salud en el mundo, bajo el título: “La financiación de la salud en el mundo. El camino hacia la cobertura universal” deja claro varios puntos, cita la organización de los trabajadores estatales.
Puntualiza que “básicamente el seguro apunta a financiar la demanda de salud (salud prepaga para la población en general) y que la oferta (centros de atención primaria, hospitales, clínicas privadas, clínicas de diagnóstico y rehabilitación) compitan en igualdad de condiciones por la captación y facturación de los potenciales pacientes. La igualdad de condiciones es relativa por el inmenso desfinanciamiento del sector público de salud desde hace décadas”, plantea.
ATE incorpora datos del informe del (programa de salud) Sumar, “profundizando la integración del sector público de la salud y de la seguridad social” del 2014: “El sector de la Seguridad Social en la Argentina provee cobertura de salud a cerca de 24 millones de personas en todo el país. Las obras sociales provinciales brindan cobertura a cerca de 7,2 millones de afiliados en las 24 jurisdicciones (23 provincias y CABA). Por su parte, el sector público a través del Programa Sumar cuenta con una población objetivo de casi 10 millones de personas en todo el país”.
Hoy el número dentro del Sumar asciende a 14 millones, por lo cual representa un negocio para el sector privado de la salud de 14 millones de cápitas nuevas”, indica.
Kirchner / Macri. Bajo el título “¿Cómo llegamos a la CUS?”, el texto reseña que “durante el gobierno de los Kirchner se implementaron los programas que sentaron las bases administrativas para la implementación por el gobierno de Macri de la CUS en la Argentina.
Estos programas financiaban a los establecimientos de salud según su productividad. En el año 2004 nace el “Seguro de Salud para los pobres en Argentina”, bajo la denominación de Plan Nacer. Este programa ya tiene como uno de sus objetivos la implementación de los Seguros de Salud.
El Plan Nacer se financió a través de Préstamos del Banco Mundial, la primera etapa el APL I BIRF AR-7225 de U$S 135,8 millones, la segunda etapa el APL II BIRF AR-7409 por U$S 300 millones, el Programa Sumar, es decir la ampliación y continuación del Plan Nacer, es financiado por el préstamo BIRF AR-8062 por un monto de U$S 400 millones. En el marco de este último convenio se otorga una ampliación de préstamos para seguros de salud provinciales planificada para julio del 2016 de U$S 200 millones. Por su parte desde la Nación se desembolsaron U$S 40 millones. Se estima que las provincias en el marco del Programa Sumar invirtieron la suma de U$S 35 millones. La tasa básica de interés es la Libor. Es decir que estos programas se financiaron con deuda por 1035,8 millones de dólares más intereses”.
El debate
ATE y la CTA Autónoma Entre Ríos aseguran que “con la CUS, bajo una ‘imagen de igualdad de derecho’, se apunta a financiar la demanda de salud en lugar de, desde el Estado, aportar recursos económicos al sector público para fortalecerlo. Esto, que a simple vista parece sólo un detalle administrativo para cumplir el loable fin de igualdad de derecho y cobertura en salud para todos, abre un enorme nicho de negocio (cerca de 14 millones de personas) para el sector privado, sobre la base del financiamiento desde las cajas de obras sociales provinciales y aportes del Estado.
Según el documento de 154/14 de la OPS, el Estado debe ir a un gasto público en salud de por lo menos el 6% del PBI. Según datos del Banco Mundial en la Argentina en los últimos cinco años se ha aportado desde el sector público un 3,011% del PBI en promedio, es decir la mitad”.
Las organizaciones plantean que “si la preocupación por parte del Estado nacional es el sector más vulnerable de la sociedad por encontrarse desprotegido a causa de las falencias del sistema público de salud, la pregunta que surge es si la adhesión a este esquema de salud implica semejante inversión por parte del Estado, ¿por qué no volcarla a un sistema público de salud que se encuentra totalmente desfinanciado hoy pero ya es gratuito? ¿Cómo hará el Estado para financiar la demanda por un lado y para sostener un sistema de salud pública y a sus trabajadores por otro? ¿Cómo hará un sector público desfinanciado para competir en igualdad de condiciones con el sector privado?” son interrogantes que plantea el documento.
Recuerdan que “en nuestra rica historia del sistema de salud y en la historia de otros lugares del mundo como en China de la década del 70, encontramos muchos antecedentes históricos de cómo es posible y eficiente un sistema público de salud que pueda cubrir las necesidades de nuestro pueblo (como lo desarrollado por el Dr. Carrillo) y además poner centro en prevención de la enfermedad y promoción de la salud, APS como la practicaron los médicos descalzos de China y se planteó posteriormente en Alma Ata”.
“Indudablemente –continúan-, las corrientes más liberales no conciben la idea de un sistema público totalmente gratuito, no selectivo y que cubra todos los niveles del sistema de salud, desde APS, hasta alta complejidad. Esto nos lleva a una discusión más de fondo y que se sintetiza en la pregunta: ¿Para quién debe ser gestionado este Estado, para que las grandes mayorías de la sociedad puedan tener acceso al trabajo, educación, salud, deporte, recreación, o para las minorías que obtienen enormes ganancias con estas necesidades?”.
Tras el planteo, ATE y CTA Autónoma reafirmaron el compromiso de “seguir peleando por un sistema de salud público, gratuito y de calidad que impulse políticas de Estado que contengan y resuelvan para el conjunto del pueblo tanto en la prevención, como en la atención y cuidado de los trabajadores”.
