Los fondos de Nación llegan con retraso, aunque el CGE pudo zafar del ajuste y sostener los programas que venían implementándose, pero siguen las negociaciones para evitar recortes
La estructura del presupuesto educativo provincial determina que el 97% de los recursos se destina al pago de sueldos de docentes de escuelas públicas y de colegios de gestión privada. La asistencia financiera de la Nación es clave en proyectos de asistencia pedagógica y de inclusión educativa.
El CGE logró, en 2016, sostener los planes que venían implementándose, aunque admiten que la negociación es diaria para evitar recortes.
En Entre Ríos, la provincia destinó en 2016 $10.785.025 para Educación, aunque esa asignación tuvo una peculiaridad: el gasto en personal y las transferencias, primordialmente para abonar salarios de docentes de escuelas públicas de gestión privada, se llevaron el 96,80 % de los recursos.
De ese modo, apenas el 3,2 % de los fondos destinados a educación quedaron para financiar el funcionamiento de todo el sistema de educación, y toda la estructura administrativa de educación. No fue una particularidad de 2016 esa distribución: así se ha mantenido en los últimos años.
Encorsetada en esa distribución voraz de los fondos de Educación, la provincia requiere del financiamiento nacional para perfeccionamiento docente, para sostener el régimen de tutorías en secundaria, para desarrollar los programas de inclusión educativa. Durante todo 2015, la conducción política del Consejo General de Educación (CGE) hizo un seguimiento paso a paso para conseguir la continuidad de los distintos programas que tuvieron a punto de interrumpirse. “La tarea fue casi diaria: asistir, discutir, defender. Esto ha implicado reuniones periódicas con los funcionarios del Ministerio de Educación de la Nación. Hemos estado asistiendo y resistiendo, dando muestras de la importancia que tienen para nosotros los programas”, asegura a EL DIARIO Marcela Mangeón, vocal del CGE.
Números
Los planes nacionales recorren todo el sistema educativo en la provincia. Aportan recursos, insumos y también técnicos.
El Plan de Finalización de la Escuela Secundaria (Fines) surgió en 2008 como posibilidad para que jóvenes mayores de 18 años que hubiesen concluido la escuela media y adeudasen materias pudiesen acceder al título. Después, se amplió para mayores de 18 que no hubiesen concluido la primaria o la secundaria, pero con un régimen flexibilizado en función de que la mayoría ya está en el mundo laboral.
También la Nación financia la actividad que se desarrollan en los Centros de Actividades Juveniles (CAJ) y los Centros de Actividades Infantiles (CAI), y que permite a los jóvenes mantenerse dentro sistema educativo, a contraturno, en actividades que no forman parte de la currícula, como talleres de oficios.
Además, están los planes de orquestas y coros infantiles y dos planes clave, el Programa de Mejora Institucional (PMI) y el Plan Nacional de Formación Docente. “Esos planes han tenido muchas vicisitudes a lo largo del año pasado. Se ha discutido cada línea con la Nación, y hemos defendido la importancia de su sostenimiento. Peleamos permanentemente la continuidad. Y hemos podido sostenerlo”, asegura Mangeón.
La funcionaria dice que la tarea de gestionar, viajar a Buenos Aires, sostener reuniones en el Ministerio de Educación y hasta discutir con el ministro de Educación, Esteban Bullrich, corresponde también al titular del CGE, José Luis Panozzo. “Acá se hace la programación anual presupuestaria y de actividades. Pero después que hay que ir sostener cada cosa que se proyecta para que los fondos lleguen”, dice Mangeón.
Sostenimiento
Panozzo había trazado ese mismo diagnóstico en una entrevista que mantuvo con EL DIARIO el último miércoles de diciembre.
El titular de Educación resaltó que durante 2016 “hemos logrado con la Nación entablar una relación madura e institucional con el ministro (Esteban) Bullrich. Hay planteos, hay un ámbito de discusión, pero hemos logrado trabajar como corresponde con la Nación, sin ningún tipo de inconveniente. Cuando hablan de ajuste, hay que dar casos concretos, de lo contrario, queda como algo generalizado. Los cargos de maestros alfabetizadores, los 43, están, no hubo achique, no hay ajuste. Sí hubo gran esfuerzo por parte de la provincia mientras no llegaron recursos de la Nación para sostener los distintos programas”.
–¿Se mantuvo el financiamiento nacional para 2017?
–Lo estamos peleando para la continuidad en 2017. Día a día es la pelea. Viajo permanentemente a Buenos Aires a pelear estas cosas.
Mangeón dice también eso: “Hay que gestionar, teléfonos, correo electrónico, presencia en Buenos Aires. Así se pudieron sostener los programas.
No ha sido fácil. Nación tiene su propio proyecto; y nosotros, nuestras ideas. Pero al mismo tiempo hemos hecho ejercicio constante de tratar de consolidar lo que ya está andando. No hay justificativo de cambiar. Sostenemos, y eso hemos planteado a la Nación, la necesidad de consolidar lo que estaba. En algunos casos, los programas funcionaban bien. Y en otros, no”.
Pero aunque hubo continuidad, también hubo retrasos en la llegada de los fondos, y eso derivó en zozobra. El Plan Mejora, que financia la contratación de docentes tutores en secundaria para que auxilien a los alumnos más rezagados, recién se pudo poner en marcha en agosto, cuando se abrió el grifo del financiamiento.
–¿Priorizaron alguno por sobre otro programa?
–No hemos tenido ninguna baja. Se priorizan todos los programas nacionales. No hay uno más relevante que otro. Cada programa apuesta a una cuestión diferente, y está dirigido a poblaciones diferentes. Cuando trabajamos con coros y orquestas, apuntamos a la reinserción y a la inclusión porque es población de alta vulnerabilidad. El Plan de Formación Docente recorre todos los niveles educativos y apunta a una mejora hacia el interior del sistema; el Plan Mejora propone mejorar el rendimiento educativo de los chicos. Y el Plan Fines está para que la gente logre concluir sus estudios. Cada programa tiene una línea, y ninguno es más importante que otro. Estos programas están instalados en todo el país. Es una cuestión de equidad que se puedan sostener.
Qué y cómo se gasta
Luis Fernández, ex secretario de prensa de la conducción provincial de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), rector de la Escuela Nº 29 María Agustina Bezzi, de Concepción del Uruguay, es el mejor conocedor de cómo se administran los recursos en Educación.
Fernández sostiene que si se mira con atención el presupuesto educativo entrerriano, se advierte que está “ajustado desde larga data” y su incidencia en el presupuesto provincial no se ha modificado significativamente.
En 2016, tuvo una asignación de un 18,57% de los fondos presupuestarios provinciales. Si se mira la evolución, anota, se advierte que la más alta asignación se alcanzó entre los años 2007 y 2009, mientras que la asignación más baja se registra a posteriori de la crisis del año 2001; con el 15,81 % en 2002, 17,30 % en 2003, 16,93 % en 2004 y 16,95 en 2005.
Fernández remarca otro dato: cuánto del presupuesto educativo se ha destinado por alumno en concepto de Servicios no Personales (luz, teléfono, otros), Bienes de Uso (mobiliario, material informático, etc.) y Bienes de Consumo (material pedagógico, papel, libros de temas, etc.), es decir aquellos bienes y servicios necesarios para que la estructura educativa funcione, para que los docentes cuenten con sus materiales, para que las escuelas cuenten con sus elementos de higiene, etc.
En 2013, en Bienes de Consumo se invirtió $55,24 por alumno; en 2014, $71,27; en 2015, $65,78; y en 2016, $128,53.
Fernández sostiene que si bien se registra un aumento a lo largo de los últimos cuatro años, “no escapa a simple vista que estos importes anualizados son exiguos para sostener la estructura completa de un sistema educativo”, y de ahí la importancia del financiamiento nacional.
