El Gobierno promulgó este miércoles la ley que fija las normas para los contratos de “Participación Público-Privada” celebrado entre el Estado nacional como contratante y el sector privado como contratista
La ley 27.328 fue publicada en el Boletín Oficial, y fue aprobada en el Senado la semana pasada.
La iniciativa obtuvo 43 votos a favor y 15 en contra, estos últimos de legisladores del sector kirchnerista y de la centroizquierda.
La norma busca desarrollar proyectos en los campos de infraestructura, vivienda, actividades y servicios, inversión productiva, investigación aplicada e innovación tecnológica.
El Senado aceptó las modificaciones introducidas por Diputados entre las que se destacan mayores controles medioambientales y la responsabilidad del contratista.
Además, aumenta de un 25 a un 33% la obligación de participación de bienes y servicios de origen nacional en los contratos de obra pública. Asimismo, se incorporó la creación de una Comisión Bicameral de control de estos contratos.
El presidente de la Comisión de Infraestructura del Senado, el kirchnerista correntino Carlos Espínola, consideró al proyecto como una “herramienta fundamental para la realización de obras de infraestructura que generarán una reactivación económica”.
En tanto, el radical santacruceño Alfredo Martínez calificó como “muy importantes” las modificaciones introducidas en la Cámara baja que fueron “más de treinta”. “Es un saludable y buen ejemplo de cómo tratar cada proyecto de ley”, destacó Martínez.
En cambio, la peronista puntana Liliana Negre de Alonso se quejó de que el proyecto haya sido modificado en Diputados, argumentando que muchos de los cambios “fueron planteados en el recinto cuando se trató por primera vez en el Senado”.
Uno de los que rechazó la iniciativa fue el neuquino Marcelo Fuentes, del FPV, quien sólo expresó su voto negativo porque no creía “en las intenciones de este gobierno”, mientras que la santacruceña María Labado aseguró que no se estaban respetando los convenios colectivos de trabajo.
