Juan Manuel Olmos remitió una nota formal a la senadora Juliana Di Tullio en la que aclaró que la evaluación sobre la trazabilidad de los lingotes depositados fuera del país sigue en proceso
La presentación del presidente del Banco Central, Santiago Bausili, en el Senado de la Nación desencadenó un cruce de versiones con los organismos de control.
Durante el debate para reformar la Carta Orgánica de la entidad monetaria, la senadora opositora Juliana Di Tullio cuestionó a la conducción sobre el destino y las garantías de las 13 toneladas de oro giradas al exterior durante 2024. Para cerrar la discusión, Bausili aseguró que no existían irregularidades debido a que las operaciones contaban con la revisión y aprobación, sin objeciones, de las auditorías internas, externas y de la propia Auditoría General de la Nación (AGN) para los ejercicios 2023, 2024 y 2025.
Sin embargo, la respuesta formal remitida al Congreso por la AGN desmintió esa aseveración. El titular del organismo fiscalizador, Juan Manuel Olmos, envió una nota a la Cámara alta en la que precisó que si bien se aprobaron los balances contables generales del Banco Central de los años 2023 y 2024, dicha convalidación no equivale a haber concluido la auditoría específica sobre los lingotes depositados fuera del país.
Un año de demora documental y falta de contratos
El documento remitido por la AGN explicó que la evaluación sobre la ruta del oro sigue abierta debido a los plazos que se tomó la autoridad monetaria para entregar los expedientes requeridos.
La nota firmada por Olmos detalló que el análisis permanece inconcluso por la demora de más de un año en la que incurrió el propio Banco Central para habilitar el acceso a la información, añadiendo que los estados contables correspondientes al ejercicio 2025 ni siquiera han sido analizados aún por el Colegio de Auditores Generales.
Esta traba administrativa tiene como antecedente la reserva de información aplicada por la banca pública. Entre junio y agosto de 2024, el Central realizó cuatro operaciones de envío que sumaron 1.000 lingotes al extranjero.
Cuando los técnicos de la AGN solicitaron los dictámenes y actas para verificar la operación, el BCRA apeló al secreto financiero, argumentando que difundir esos datos podía alentar maniobras especulativas en los mercados contra los activos del Estado.
La única alternativa ofrecida fue la lectura presencial en pantallas del Banco, prohibiendo extraer fotocopias o tomar imágenes, condición que el equipo técnico rechazó por no permitir reunir evidencia suficiente para respaldar el informe.
La controversia escaló al constatarse que la propia autoridad monetaria admitió por escrito ante el equipo auditor que no elaboró dictámenes jurídicos previos a las operaciones debido a que no existían contratos formalizados al 31 de diciembre de 2024 con el Banco de Pagos Internacionales (BIS) ni con otros depositarios.
Dicha precisión técnica chocó con lo expuesto por Bausili ante las comisiones del Senado, donde fundamentó el traslado del metal en la búsqueda de rentabilidad y liquidez mediante depósitos en el BIS en Suiza.
La difusión de la constancia enviada por la AGN reactivó las críticas de la bancada opositora. Di Tullio acusó a la conducción del Central de brindar datos falsos sobre la ubicación final de los activos, sosteniendo que la falta de documentación abierta impide constatar si el oro permanece en Suiza o en el Reino Unido.
