La parálisis de la obra pública, una actividad que se mantiene 25% por debajo de 2023 y la falta de respuestas oficiales profundizan el derrumbe del sector. “Un mes crecemos, otro mes caemos”, resumió Gustavo Weiss
La construcción atraviesa una crisis que dejó de estar limitada al freno de las obras públicas y comenzó a proyectarse sobre todo el entramado laboral y productivo. Desde finales de 2023, el sector perdió entre 100.000 y 130.000 puestos de trabajo, mientras la actividad permanece alrededor de un 25% por debajo de los niveles previos al cambio de gobierno.
El cuadro combina proyectos paralizados, menor inversión provincial y nacional, dificultades financieras para las empresas y una creciente incertidumbre sobre el mantenimiento de rutas, viviendas y obras de infraestructura. A ese escenario se suma un problema político que inquieta por igual a empresarios y trabajadores: la ausencia de un funcionario con capacidad para centralizar las demandas y discutir una salida.
El secretario general de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), Gerardo Martínez, y el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), Gustavo Weiss, coincidieron en ese diagnóstico durante la apertura de la Exposición Rural de Palermo. Ambos describieron una actividad estancada y reclamaron la reconstrucción de un canal institucional con el Estado.
La obra pública paralizada y el golpe al empleo
En diálogo con Ámbito, Martínez advirtió que la obra pública nacional continúa prácticamente detenida y que la ejecución de los proyectos viales se mantiene en niveles mínimos. También señaló que las provincias cuentan con pocos recursos para reemplazar las inversiones que dejó de realizar la Nación.
El dirigente sindical sostuvo que el deterioro no se limita a las grandes obras. La falta de financiamiento afecta rutas, redes de servicios, proyectos de vivienda y trabajos de mantenimiento que resultan fundamentales para evitar que la infraestructura existente siga perdiendo valor.
Weiss tradujo esa parálisis en números. El titular de CAMARCO estimó que entre 100.000 y 130.000 trabajadores quedaron sin empleo desde el comienzo de la actual administración. En febrero de 2026 ya había calculado que la construcción había perdido cerca del 30% de su mano de obra y que la actividad se encontraba un 25% por debajo de los niveles de mediados de 2023.
La dimensión del retroceso también aparece en las estadísticas históricas. En agosto de 2024, los registros disponibles mostraban que solo durante los primeros diez meses de contracción se habían destruido 95.891 puestos formales en la construcción, con un nivel de empleo cercano a los mínimos observados durante la pandemia.
“No sabemos con quién hablar”
Además de la pérdida de actividad, Martínez puso el foco en la falta de interlocución con el Poder Ejecutivo. “No sabemos con quién hablar, no hay ningún funcionario asignado en esa responsabilidad”, afirmó al referirse a la política de vivienda e infraestructura.
El planteo apunta a una dificultad que se profundizó después de la reducción de ministerios, secretarías y áreas vinculadas con la planificación de obras. Para la UOCRA, la ausencia de una autoridad reconocible impide avanzar en acuerdos sobre la continuidad de los proyectos, la preservación del empleo y la reactivación de los trabajos con mayor impacto social.
Weiss trazó una evaluación similar. El empresario explicó que CAMARCO y la UOCRA comparten la necesidad de impulsar una estrategia basada en el trabajo, la producción y el desarrollo de infraestructura, pero no encuentran una contraparte estatal con suficiente capacidad de decisión.
El presidente de la cámara aclaró que el diálogo no está completamente interrumpido. Sin embargo, consideró que la interlocución está fragmentada y carece de la fluidez necesaria para discutir una crisis que involucra empresas, sindicatos, gobernadores, municipios y miles de trabajadores.
Más de 341.000 puestos registrados perdidos
La situación de la construcción forma parte de un deterioro más amplio del mercado laboral. Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), elaborado a partir de datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, determinó que entre noviembre de 2023 y abril de 2026 se perdieron 341.396 puestos de trabajo registrados en unidades productivas.
Durante ese período también desaparecieron 28.262 empleadores, lo que representa un promedio aproximado de 30 empresas menos por día. La cantidad total de firmas empleadoras pasó a ubicarse en 484.086, de acuerdo con el relevamiento presentado por el centro de estudios en julio de 2026.
Solo en abril se registró una reducción de 1.814 empleadores y 1.555 trabajadores dentro del universo analizado por la SRT. En el primer cuatrimestre de 2026, el saldo acumulado fue de 5.654 empresas menos y una disminución de 43.680 puestos registrados, considerando tanto las bajas como las aperturas y nuevas contrataciones.
Los resultados muestran que la construcción, la actividad inmobiliaria, la industria manufacturera y el comercio aparecen entre los sectores más golpeados. Se trata de ramas con fuerte capacidad para generar empleo y movilizar el mercado interno, por lo que su retroceso tiene efectos que se extienden hacia proveedores, transportistas, profesionales, comercios y economías regionales.
CEPA también detectó que la disminución en la cantidad de empleadores alcanzó a casi todas las provincias. Neuquén fue la excepción, impulsada principalmente por el desarrollo de Vaca Muerta, que permitió sostener un crecimiento cercano al 1,5% en el número de firmas.
