Un informe privado revela la gravedad de la situación financiera, tanto en el mercado formal de crédito como en plazas alternativas
La morosidad en el pago de créditos ya alcanza a 5,3 millones de personas y golpea con especial fuerza a los sectores más jóvenes, en un escenario marcado por dificultades para acceder al empleo formal, salarios que aún no recuperan plenamente el poder de compra y una creciente dependencia del financiamiento para sostener el consumo cotidiano. Los datos muestran que el 26,9 por ciento de quienes mantienen algún tipo de deuda registran atrasos superiores a los 90 días.
El dato surge de un informe de la consultora Analytica, que relevó la situación de 19,8 millones de personas con obligaciones financieras. El estudio incluye créditos otorgados por bancos, billeteras virtuales, cooperativas, mutuales, tarjetas de consumo, casas de electrodomésticos y fideicomisos financieros.
La deuda total de las familias asciende a 74,2 billones de pesos, equivalente al 6,5 por ciento del Producto Interno Bruto. Del total, el 82,4 por ciento corresponde a entidades bancarias, el 10,1 por ciento a fintech y el 7,5 por ciento restante a otros actores del sistema financiero y comercial.
El informe refleja además una transformación en la estructura del financiamiento de los hogares. Mientras 14,3 millones de personas poseen al menos un crédito bancario, otras 5,5 millones dependen exclusivamente de mecanismos de financiamiento no bancarios. Se trata de un universo compuesto por usuarios de billeteras virtuales, cooperativas, mutuales y emisoras de tarjetas de consumo que, en muchos casos, encontraron allí una alternativa frente a las mayores exigencias del sistema tradicional.
Sin embargo, los niveles de incumplimiento son significativamente más elevados fuera del sector bancario. Entre quienes mantienen únicamente deudas con bancos, la mora alcanza al 19,2 por ciento de los deudores. En cambio, el porcentaje sube al 28,9 por ciento entre quienes se financian exclusivamente mediante billeteras virtuales y supera el 32 por ciento en el caso de las personas que operan únicamente con entidades no financieras.
La diferencia también se observa cuando se analiza el peso de la cartera irregular sobre el volumen total de créditos. En los bancos, los préstamos con atrasos de más de 90 días representan el 11,9 por ciento del stock. En las fintech el indicador asciende al 21,6 por ciento y en el resto de las entidades llega al 43,1 por ciento. Esto revela que buena parte de los incumplimientos se concentra en segmentos de menores ingresos y en créditos de montos relativamente reducidos.
La evolución del mercado laboral ayuda a explicar parte de este fenómeno. Los jóvenes enfrentan mayores dificultades para acceder a empleos estables y suelen concentrarse en actividades de menor remuneración o con vínculos laborales más precarios. Esa situación impacta directamente sobre la capacidad de sostener los pagos y construir antecedentes crediticios positivos.
Los datos del Indec reflejan ese deterioro. Entre las mujeres de 14 a 29 años, la desocupación pasó del 13,8 por ciento en el cuarto trimestre de 2024 al 16,8 por ciento en igual período de 2025. Entre los hombres de la misma edad, el desempleo aumentó del 12,5 al 16,2 por ciento.
Desde Analytica advirtieron que la combinación de dificultades laborales y antecedentes de mora puede generar efectos persistentes. Una persona que ingresa al mercado de trabajo con un historial crediticio deteriorado enfrenta mayores obstáculos para acceder a financiamiento formal, lo que termina profundizando las condiciones de vulnerabilidad.
La situación también presenta diferencias según el nivel de ingresos. Entre los monotributistas de menores recursos, encuadrados en la categoría A, el 17,9 por ciento registra atrasos superiores a los 90 días. En la categoría K, correspondiente a los contribuyentes de mayores ingresos, el indicador se reduce al 8,5 por ciento.
Las brechas territoriales son igualmente marcadas. Las provincias del norte del país concentran los mayores niveles de incumplimiento, mientras que la Ciudad de Buenos Aires exhibe los indicadores más bajos. En la provincia de Buenos Aires también se observan contrastes significativos: la mora supera el 30 por ciento en distintos partidos del conurbano, frente al 23,1 por ciento registrado en el llamado interior bonaerense.
El avance de la morosidad aparece como una señal de alerta para una estrategia económica que apuesta a la expansión del crédito como motor de recuperación del consumo. Los niveles de incumplimiento muestran que una parte importante de los hogares continúa atravesando dificultades para afrontar sus compromisos financieros. La expansión del crédito existe, pero todavía convive con una realidad marcada por el endeudamiento creciente y la fragilidad económica de amplios sectores de la población.
