El nuevo Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), que fue incluido en el proyecto de Ley Ómnibus y que el presidente Javier Milei le prometió tanto a Elon Musk como a los grandes grupos petroleros y mineros, quedó jaqueado tras una serie de cuestionamientos y críticas provenientes de entidades industriales, especialistas energéticos y del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)
Con un amplio menú de beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios, así como también con diversas garantías estatales, el nuevo esquema normativo constituye una herramienta clave que la administración libertaria busca convalidar en el Congreso para facilitar el desembarco de inversores externos en todas las actividades y sectores económicos.
Si bien cuenta con el apoyo de los principales empresarios locales que respaldan las políticas de Milei y de la mayoría de los gobernadores de las provincias que poseen recursos energéticos estratégicos, el RIGI cosechó en los últimos días varias objeciones y reprobaciones que pusieron sobre el tapete la extensión de los beneficios en juego, las consecuencias negativas para las pymes y la falta de estrictos controles sobre el origen de los fondos.
A diferencia de la primera versión, que focalizaba expresamente el alcance a las áreas de “agroindustria, infraestructura, forestal, minería, gas y petróleo, energía y tecnología”, este esquema establece que será “aplicable a las grandes inversiones en proyectos de cualquier sector”.
Según señala la letra chica del RIGI, los proyectos de grandes inversiones “deberán ser de interés nacional y resultar útiles y conducentes para la prosperidad del país, el adelanto y el bienestar de todas las provincias, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de los municipios”. Y agrega: “Cualquier norma o vía de hecho, nacional o local que se limite, restrinja, vulnere, obstaculice o desvirtúe los proyectos aprobados será nula de nulidad absoluta e insanable, por lo que la Justicia deberá en forma inmediata impedir su aplicación”.
Entre otros “objetivos prioritarios”, el RIGI busca “desarrollar y fortalecer la competitividad de diversos sectores económicos; incrementar las exportaciones de mercaderías y servicios; favorecer la creación de empleo y lograr un desarrollo coordinado de las competencias entre el Estado nacional, las provincias y las respectivas autoridades de aplicación en materia de recursos naturales”.
A los beneficios del nuevo régimen podrían acceder “los proyectos de adquisición, producción, construcción y/o desarrollo de activos que involucren un monto de inversión igual o superior a USD200 millones”.
Se contempla, además, que “los proyectos que puedan resultar en el posicionamiento de la República Argentina como nuevo proveedor de largo plazo en mercados globales y que involucren desembolsos de capital igual o superior a USD1.000 millones podrán ser calificados como de exportación estratégica de largo plazo y gozarán de mayores beneficios y garantías”.
Industrias locales en alerta
Una de las primeras posturas críticas contra la esencia del RIGI emergió desde la Unión Industrial Argentina (UIA). En una reunión mantenida en la casa central de Avenida de Mayo con diputados nacionales de “Hacemos Coalición Federal” que encabeza Miguel Pichetto; el titular de la UIA, Daniel Funes de Rioja, planteó que resulta más que necesario que se incorporen al nuevo marco normativo que impulsa el Gobierno “los mismos incentivos para el desarrollo de proveedores locales y las inversiones de empresas nacionales”.
Tras proponer que la aprobación e instrumentación de un “RIGI” específico para las pymes industriales, la entidad empresarial de los industriales consideró que el proyecto en juego debe incluir las medidas y disposiciones que permitan “promover activamente el fortalecimiento de cadenas de valor, la integración productiva a nivel federal, la generación de empleo registrado y el desarrollo de tecnología nacional”.
Por su parte la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA) salió a alertar que, tal como está planteado el RIGI, va a generar “una significativa pérdida de competitividad para los fabricantes nacionales frente a los complejos industriales internacionales que, bajo el paraguas de los proyectos que sean aprobados, podrán importar insumos, materiales y bienes de capital sin aranceles tanto para la etapa inicial, como para el flujo productivo durante 30 años”.
Con el fin de que se reconfigure el proyecto, ADIMRA envió al ministro de Economía, Luis Caputo y a todos los bloques de Diputados una nota que resalta las principales aristas que “atentan contra la competitividad de la producción nacional y favorecen el ingreso de manufacturas importadas”.
Según destacó la misiva firmada por el titular de la entidad, Elio Del Re, “con los beneficios que prevé el RIGI, a los inversores extranjeros le resultará más favorable traer maquinaria e insumos del exterior que contratar con proveedores locales, lo que pondría en serio riesgo la actividad en diversas cadenas productivas”.
El impacto en las pymes que operan en Vaca Muerta
A su vez, el consultor energético y ex vicepresidente de Cammesa (la administradora del mercado eléctrico mayorista), Ariel Kogan, advirtió que el nuevo régimen de incentivos “podría dejar afuera de sus beneficios a las pymes que operan en Vaca Muerta, las cuales deberán afrontar los costos de sus insumos y de sus equipos sin ningún tipo de reducción fiscal”.
En declaraciones formualdas a medios neuquinos, Kogan señaló que hay un bache dentro del régimen, “ya que para las empresas titulares de los proyectos de inversión hay una serie de beneficios impositivos y aduaneros que no se replican para las empresas prestadoras de servicios”. Y agregó que “el RIGI podría funcionar adecuadamente en otros sectores de la economía, pero en los casos de la actividad hidrocarburífera y de la minería haría falta que se tomen en cuenta las restantes empresas locales de servicios que integran las cadenas de valor”.
Preocupación del GAFI
A esos cuestionamientos se sumó un documento confeccionado por asesores del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que puso el acento en las marcadas fallas de seguridad del proyecto de blanqueo de capitales que se ven potenciadas por los alcances del RIGI. Según ese análisis, “el RIGI constituye una puerta de acceso camuflada con visos de legalidad para que los capitales provenientes del tráfico de estupefacientes, armas y personas ingresen al circuito económico y financiero de Argentina sin exigencias reales de licitud de origen y trazabilidad”.
El trabajo de los técnicos ligados al GAFI (que llegó a los despachos de los diputados oficialistas y de la oposición) resalta: “Las fallas de seguridad de la ley son ostensibles, transformándola en funcional al blanqueo o lavado de capitales, lo que significará transformar a Argentina en una plaza complaciente para la operación de organizaciones criminales de funcionamiento y objeto multidimensional. No existe en el texto del proyecto ley ningún requisito sólido de acreditación de origen lícito de los fondos o su trazabilidad para evitar un blanqueo o lavado encubierto generado por organizaciones criminales”.
Beneficios por triplicado
Entre los beneficios impositivos en juego se encuentran una alícuota única del Impuesto a las Ganancias del 25%, la actualización de quebrantos por IPC en Ganancias, los tratamientos tributarios preferenciales para las utilidades y los dividendos, la contabilización del 100% del Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias como pago a cuenta de Ganancias y la posibilidad de abonar el IVA tanto a proveedores como a la AFIP con certificados de créditos fiscales.
Por el lado aduanero, los beneficios incluyen una exención en los derechos de importación y en la tasa de estadística para el ingreso de bienes de capital, repuestos y componentes destinados a los nuevos proyectos. A eso se añade la prohibición de restricciones sobre las exportaciones y la vía libre para que las compañías beneficiarias del RIGI lleven sus registros contables y estados financieros en dólares utilizando las normas internacionales de información financiera.
En lo que respecta a los incentivos cambiarios y comerciales, el RIGI establece que las empresas podrán disponer libremente del 20% de sus divisas generadas en concepto de exportaciones transcurrido el primer año, del 40% después del segundo año y del 100% a los tres años. Además, las empresas “podrán importar y exportar libremente bienes para la construcción, la operación y el desarrollo del proyecto sin que puedan aplicárseles prohibiciones ni restricciones directas y cuantitativas y cupos o cuotas cualitativas o de de carácter económico”. En todos los casos, los proyectos gozarán de estabilidad tributaria, aduanera y cambiaria durante treinta años y “no podrán ser afectados por la derogación de la presente ley ni por la creación de normativas tributarias, aduaneras o cambiarias más gravosas o restrictivas”.
A su vez, el articulado del RIGI establece que el Estado se compromete a garantizarles a las empresas beneficiarias dos condiciones claves. Por un lado, “la plena disponibilidad de lo producido sin obligación de comercialización en el mercado local y sin ningún tipo de restricción o traba para la exportación”. Y por otro, “el derecho a pagar utilidades, dividendos e intereses mediante el acceso al mercado de cambios sin restricciones de ninguna clase y sin necesidad de conformidad oficial en la medida que la inversión haya ingresado a través del mercado único y libre de cambios”.
