El interbloque de diputados de Juntos por el Cambio brindó una conferencia de prensa antes de la sesión de esta mañana para anticipar su rechazo al proyecto de ley del oficialismo que propone variaciones en la integración y el procedimiento del Consejo de la Magistratura. La bancada opositora aseveró que se trata de una maniobra que busca impunidad y anticipó que, de ser gobierno a partir de 2023, derogará los cambios
“No es solamente este proyecto, sino otros que se han venido dando que hablan de un «tiempo final» (para el actual oficialismo). En algunos hemos acompañado, como en el caso de Fiscalía Anticorrupción porque se hicieron todas las modificaciones que planteamos, pero en este caso se trata de una iniciativa que no está en la demanda de la gente”, dijo Gustavo Cusinato, presidente del interbloque que integran PRO, UCR y Movimiento Social Entrerriano.
“Se trata – acotó – de un proyecto para elegir consejeros afines pensando en el día de mañana”, cuando termine “el mandato de este gobernador”, reseñó. “Tiene más que ver con un resguardo por lo que puede venir después en denuncias que de mejorar la Justicia en la provincia de Entre Ríos”, completó.
Por su parte, el titular del bloque del PRO, Esteban Vitor, señaló: “Estamos convencidos de que vamos a ganar la elección de 2023 y vamos a propiciar la derogación de esta ley si nos toca gobernar”
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“Estamos en contra porque afecta la independencia del Poder Judicial al meterse con el mecanismo de selección de jueces, un sistema que venía bastante bien si se compara el Consejo de la Magistratura de Entre Ríos con el de otras provincias o con el de la Nación”, mencionó Vitor.
El de la provincia “es un Consejo de referencia. Hay cuestiones que mejorar, pero para jerarquizarlo y darle más presupuesto. Si hay una modificación tiene que ir en ese sentido y no como la que se propone, que es para quitarle autonomía para degradarlo. Vemos una clara intromisión del Poder Ejecutivo para direccionar el articulado”, consignó.
Sin embargo, sostuvo este argumento apelando a que es otro poder del Estado, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) cuyos integrantes “no son elegidos por concurso”, remarcó, el que tendrá ahora una “fuerte intervención, una cuestión que no estaba contemplada ni en la Constitución provincial ni en las ley de origen”.
Según precisó Vitor, el STJ tendrá injerencia antes, durante y al finalizar el proceso para selección de jueces y magistrados. “Al inicio, propondrá los casos (sobre los que se tomará la prueba a los postulantes) y los jurados (que evaluarán desempeño); durante porque se le correrá vista de los antecedentes de los postulantes y al final porque ahora será el órgano exclusivo ante el cual se recurrirán las decisiones del Consejo. Es decir: El Superior terminará decidiendo la lista de candidatos”, graficó.
Además, el legislador cargó contra el sistema que propone el Ejecutivo, donde habrá un biblioteca de cien casos sobre los que se tomarán los exámenes a quienes aspiren a un cargo. “Con memorizar los casos, se obtiene el 50% del puntaje. Los casos serán públicos. Con una buena memoria, uno puede memorizarlos y sacar una buena nota”, razonó.
“Yo no soy abogado, soy ingeniero – intervino Cusinato – Yo, ingeniero con una gran memoria, estudio todos los casos, que son públicos, y hasta puedo competir. Ahí está la crítica nuestra a este sistema”, arguyó.
Además “se sacará el orden de mérito en la lista final”, sostuvo. Esta nómina es vinculante para el Ejecutivo en función de que no se puede elegir para el cargo a nadie que no esté en ese listado. Hasta el momento, se elevaba a la Gobernación ordenada de mayor a menor en función del puntaje obtenido en el concurso. La variación que propone el Ejecutivo deja a esos tres nombres en un mismo plano de igualdad. “Es una barbaridad”, consideró Vitor.
También criticó el corrimiento de la integración de la Universidad Nacional del Litoral para incluir a Universidades radicadas en el territorio provincial.
Cusinato calificó de “zanahoria” el cambio que introdujo el oficialismo al sacar del texto en debate la ampliación de integrantes en representación del Ejecutivo.
