El Tribunal decidió que todas las denuncias sean investigadas por juez Ramos. Fiscalía prepara “amplio” cuestionario para camarista Figueroa. Citarán a otros magistrados. En Senado, indagarán sobre el caso Cimadevilla por AMIA
La denuncia sobre el accionar de la “mesa judicial” que rodeaba al Gobierno de Mauricio Macri y que intervenía en la relación con los tribunales durante su administración puede adquirir el cariz de “megacausa”. La Cámara Federal dispuso, ayer, que el juez Sebastián Ramos sea quien investigue todas las denuncias por supuestas presiones a jueces que se desplegaron a través de diálogos informales o amenazas de juicio político.
Ramos ya había delegado en el fiscal Ramiro González la instrucción de un expediente “caliente”, cuyo primer testimonio será el de la camarista Ana María Figueroa para la que se estaba preparando un exhaustivo cuestionario para que ratifique o rectifique lo que deslizó en una entrevista, referido a visitas de exfuncionarios del Poder Ejecutivo para interesarse en el resultado de una decisión judicial. La acumulación de denuncias avanzará en paralelo a otra causa –en manos de María Servini- donde se describen los actos concretos en los cuales se materializaron esas presiones.
La escalada alcanzó al Congreso: el próximo miércoles –de acuerdo a lo que anunció José Mayans- la comisión de Justicia del Senado comenzará a indagar en la reeditada denuncia del extitular de la Unidad Especial AMIA, Mario Cimadevilla respecto al interés directo que habría tenido el Gobierno, a través del ministro Germán Garavano, en desvincular a los fiscales acusados por el encubrimiento al atentado a la AMIA. Ese caso, judicialmente había sido cerrado, aunque ahora se pide su reapertura tras la difusión del audio de la exvicepresidenta Gabriel Michetti reclamándole explicaciones a Cimadevilla por el resultado negativo de una indagatoria a José Barbaccia. El kirchnerismo activó una batería de ataques para reflotar por distintas vías algo que todo el mundo conocía en tribunales: la existencia de un grupo que se repartía el seguimiento, monitoreo y control de resultados de causas sensibles para el gobierno de Cambiemos.
La Cámara terció en el conflicto de competencia entre Ramos (que había recibido una primera denuncia formulada por el diputado del Frente de Todos Martín Soria por amenazas coactivas contra Figueroa, luego de que declarara presiones recibidas en el programa “Toma y Daca”. El apuntado allí era el exconsejero de la Magistratura Juan Bautista Mahiques. Se pidió la desgrabación de la entrevista completa para preparar un “amplio” cuestionario para la camarista, a la que le retacearon apoyos internos tras haber deslizado esa afirmación. Sin embargo, luego un grupo de diputados y senadores K hizo una presentación más amplia en la que apuntó a toda la “mesa judicial” y al propio Macri, que recayó en el juzgado de Daniel Rafecas, quien se la remitió por conexidad a Ramos. El juez la intentó de volver pero ahora la Cámara notificó a ambos la conveniencia de un “trámite conjunto” por parte de Ramos. Otros jueces denunciaron presiones, como la magistrada de San Martín Martina Forns que falló en contra del tarifazo eléctrico, y el juez de la Cámara del Trabajo Luis Raffaghelli que dio cuenta que todo ese fuero había estado bajo amenaza de jury, algo que fue explícito con sendos pedidos a través del Consejo de la Magistratura.
Una veintena de legisladores del kirchnerismo suscribieron la denuncia por las supuestas “presiones e interferencias que fueron llevadas a cabo para direccionar investigaciones en trámite ante el Poder Judicial por miembros y sectores afines al gobierno presidido por el Ing. Mauricio Macri entre el 10 de diciembre de 2015 y el 9 de diciembre de 2019”. La denuncia adquirió más músculo político que contenido judicial. En tribunales hacen una ecuación: si los jueces que desfilen para declarar llegaran a admitir las presiones, debieron haberlas denunciado de forma oportuna en su calidad de funcionarios públicos; si las recibieron y actuaron en consecuencia a los pedidos, sus actos serían nulos y podrían ser eyectados de los cargos; ahora si recibieron las presiones, pero declaran que actuaron conforme a su criterio, tornarían ineficaces aquellas presiones, lo que quitaría responsabilidad a los “operadores” que las encaraban.
De todas formas, nadie vislumbra que sea una causa que pueda cerrarse rápidamente sin arrastrar más revelaciones acerca del accionar de la “mesa judicial”, cuya existencia y relevancia en la planificación judicial que había adoptado el macrismo no deja dudas.
