Dirigentes peronistas ratificaron ante la Justicia las acusaciones contra sus competidores de Juntos por el Cambio en las últimas elecciones por la utilización del bono clandestino de $5 mil que debía ser destinado a desocupados y que el gobierno de Mauricio Macri implementó en todo el país mediante punteros políticos propios. Así se pronunciaron el intendente de Roque Pérez, Juan Carlos Gasparini, y el exjefe comunal de San Antonio de Areco, Francisco Durañona ante el fiscal federal Jorge Di Lello, a cargo de la instrucción de la causa por el denominado “Clientelismo M”
Las declaraciones se completarán la semana que viene con el intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, quien había expuesto sospechas similares por el accionar de sus competidores en el distrito. El plan desplegado se basó en una resolución del entonces Ministerio de Producción y Trabajo nunca publicada en el Boletín Oficial o promocionada formalmente, y alcanzó a 130 mil personas en todo el país. Una denuncia paralela, incorporada al expediente, apunta al reclutamiento en Formosa de más de la mitad de los fiscales de Juntos por el Cambio supuestamente mediante el ofrecimiento del bono de $5.000.
Gasparini, que este miércoles prestó la primera declaración testimonial ante Di Lello, dijo que en su municipio la fuerza opositora llegó a habilitar el comité partidario para la tramitación del subsidio. Según el jefe comunal unos 550 pobladores fueron inscriptos para el cobro del beneficio, que el Ejecutivo nacional había puesto a disposición en las semanas previas a la elección general del 27 de octubre. Una vez expuesta la maniobra y abierta la causa, la jueza María Servini ordenó frenar los pagos hasta después de los comicios. El último día hábil de 2019 la magistrada le delegó la instrucción al fiscal.
“Fue una sorpresa porque, faltando poquito tiempo para las elecciones, lanzaron por las redes sociales de Cambiemos un bono de $5.000 que se cobraba directamente en el comité. Primero se anotaban y después pasaban por el Banco Provincia y cobraban. Eso también nos llamó la atención porque no pasaba por la Anses ni nada. Yo le pedí al secretario del municipio que hiciera la denuncia para frenar la situación”, relató Gasparini, según la reconstrucción de la agencia Télam. Al ser consultado por la eventual contraprestación del bono, el intendente respondió: “Y, por votos… ¿por qué otra cosa iba a ser?”, y contó que hubo familias que recibieron hasta cuatro subsidios.
Durañona, por su parte, declaró ayer ante el fiscal y se remitió a entrevistas y declaraciones públicas de su entonces rival político y actual jefe comunal, Francisco Ratto, y de los concejales de su misma fuerza quienes, según contó, “promocionaban la gestión del subsidio y hasta se jactaban de actuar por instrucción del Ministerio de Producción y Trabajo”, la relató a este diario.
Además del ministro Sica fueron imputados por el fiscal por supuesta violación al código electoral el exsecretario de Empleo, Fernando Prémoli, responsable primario de la firma de la resolución 1177 que le dio paraguas normativo al programa de bonos; al intendente Ratto y a Juan María Cravero, excandidato a jefe comunal de Roque Pérez. También, por la investigación paralela en la provincia de Formosa, fueron acusados el exministro de Agroindustria y actual diputado Ricardo Buryaile; el delegado de la Agencia Territorial de la Secretaría de Trabajo de la Nación, Germán Villalba; la delegada del Ministerio de Desarrollo Social, Irina Zárate; el delegado de Anses, Diego Herrera, y el concejal Miguel Montoya.
