El Gobierno de facto de Bolivia finalmente derogó el polémico decreto que eximía a las Fuerzas Armadas de culpabilidad penal por reprimir las protestas. La anulación número 4078 fue anunciada por la autoproclamada mandataria Jeanine Áñez, quien argumentó su decisión por la “pacificación” del país vecino
“Después de una evaluación del Gabinete de ministros y una vez que el Gobierno Nacional ha suscrito acuerdos con las organizaciones sociales, y como consecuencia los conflictos en el país han sido levantados, hemos decidido abrogar el DS 4078”, aseguró Áñez durante una conferencia de prensa en el Palacio Quemado.
“Esta determinación ha sido tomada en consideración a que gracias a Dios y a la comprensión de todos los sectores del país hemos logrado la ansiada pacificación”, agregó. El objetivo del decreto no tardó en recibir durísimas críticas ante el conflicto interno en el que se sumergió esta nación, tras las fallidas elecciones del pasado 20 de octubre.
En ese contexto, el expresidente Evo Morales enfrentó protestas sociales, un motín policial e incluso sugerencias de las altas esferas de de las Fuerzas Armadas para que dimita. Esas situaciones lo obligaron a renunciar y a exiliarse en México. Poco después, Áñez se autoproclamó jefa de Estado interina y al instante emitió ese controvertido decreto.
“El personal de las FF.AA. que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública estará exento de responsabilidad penal cuando en cumplimiento de sus funciones constitucionales, actúen en legítima defensa o estado de necesidad”, rezaba el artículo tercero de la normativa.
