Una Fundación lo venía señalando desde hacía un tiempo y el Estado finalmente tuvo que aceptar la realidad de desidia en la que se encuentra el sistema
La destrucción de la salud pública llevada a cabo en los últimos cuatro años, que tuvo su clímax con el cierre del Ministerio de Salud y su absorción secundaria por parte de Desarrollo Social presenta por estas horas otra consecuencia: el faltante de medicamentos para el tratamiento del VIH.
Desde el Estado nacional, y como consecuencia de que las denuncias al respecto viralizaron las redes sociales, debieron aceptar que corre peligro la distribución de fármacos para unas 15 mil personas en todo el país.
La Fundación GEP inquirió a la Dirección Nacional de SIDA y el organismo no tuvo más remedio que dar a conocer datos sobre las compras del último año, que dan cuenta de la falta de stock de tres medicamentos antirretrovirales, fundamentales para la sobrevida de los pacientes. Además, se prevé que para fines de este año, cuando el nuevo gobierno esté asumiendo, se agotará el stock de 15 medicamentos más si no se toman medidas urgentes.
Según trascendió, el recorte en este aspecto puntual de la salud pública fue de nada menos que 1.724 millones de pesos solo en este 2019. Además, la desidia oficial abarca también a remedios para la Tuberculosis y la Hepatitis C.
En la actualidad hay 86.338 personas con VIH que se encuentran en tratamiento antirretroviral en la Argentina.
Los fármacos con faltante en el país son el efavirenz y de las combinaciones darunavir/ritonavir y tenofovir/emtricitabina/efavirenz desde junio último. Además, según publicó la Fundación GEP, se pudo constatar “que a partir de agosto no habrá disponibilidad de otros 15 medicamentos antirretrovirales. En los casos en los que no está iniciado el proceso de compra, resolverla de manera urgente demandará, por lo menos, tres meses”.
“Lamentablemente estamos comprobando que lo que se preveía cuando supimos del recorte que el gobierno hizo en el presupuesto de Salud para 2019. Las personas con VIH no están recibiendo sus medicamentos en los hospitales y centros de salud de las distintas jurisdicciones del país. El ajuste es inaceptable y viola los derechos fundamentales de lxs ciudadanxs que necesitan de un Estado activo para asegurar sus necesidades. El accionar del gobierno es delictual y premeditado”, indicó por su parte Lorena Di Giano, Directora Ejecutiva de Fundación GEP.
La GEP subrayó que “no están recibiendo la medicación correspondiente en los hospitales y centros de salud y, en muchos de los casos, lxs profesionales médicxs se están viendo obligadxs a modificar compulsivamente la composición de los esquemas de tratamiento”.
“En estos cuatro años renunciaron 3 directores de la Dirección de Nacional de Sida y ETS. Todos los años hubo faltantes en los tratamientos y reactivos. Todos han tenido dificultades en la realización de las compras. Desde 2015 en Fundación GEP presentamos el informe del Observatorio de Acceso y Compras Públicas. Allí señalamos irregularidades en la ejecución de los presupuestos. Es muy grave llegar a esta instancia, deja en evidencia que no se trata de inoperancia ni errores administrativos. Si a esto agregamos la falta de vacunas, medicamentos para otras patologías -como la Tuberculosis-, la degradación del Ministerio de Salud a Secretaría y el vaciamiento de los programas comunitarios de salud, estamos frente a un plan sistemático de desmantelamiento y vaciamiento de la salud pública. Estas maniobras sólo buscan imponer la CUS; la privatización encubierta de la salud a través de un sistema de aseguradoras. Este gobierno considera que la Salud es un gasto y no un derecho. Sin medicamentos nos morimos”, dijo en tanto José María Di Bello, Presidente de la Fundación GEP.
