El bolsonarista José Medeiros insultó al socialista Aliel Machado porque éste dijo que “el gobierno ofreció 40 millones de reales para comprar votos”
La reforma previsional en Brasil se cocina en una olla que empieza a desprender olor a podrido. El gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro no ahorra recursos ni presiones para lograr que se apruebe en el Congreso la enmienda constitucional que es la nave insignia de su política económica. El diario Folha de Sao Paulo informó la semana pasada que cada diputado que vote a favor de los cambios en la ley jubilatoria recibirá 40 millones de reales hasta 2022 para asignar a obras o proyectos de infraestructura en sus distritos electorales. La propuesta se la atribuyó al jefe de la Casa Civil (una especie de jefe de Gabinete), Onyx Lorenzoni, quien se reunió con parlamentarios de fuerzas afines al Planalto en la casa del presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, del partido DEM (Demócratas). El líder del PSL en el Senado, el oficialista mayor Olimpio, un ex policía militar, definió como “criminal” e “indecorosa” a la presunta oferta, aunque en la misma Cámara alta defendió la transparencia del presidente, negó que el hecho fuera posible y pidió que se presentaran las pruebas.
La oposición parlamentaria y los gobernadores del nordeste afines al PT han cuestionado con dureza la norma mientras el gobierno avanza con ella. Si se sancionara en el Congreso, complicaría las condiciones para jubilarse y sería el paso previo hacia un régimen de capitalización. La llamada Reforma da Previdência provoca debates cada vez más acalorados. Los diputados terminaron a los empujones en una sesión y el bolsonarista José Medeiros insultó al socialista Aliel Machado porque éste último dijo que “el gobierno ofreció 40 millones de reales para comprar votos”. Mientras sucedía esto, se supo que un sobrino del presidente, Leonardo Rodrigues de Jesús, fue contratado como asesor por un senador de derecha a razón de 22.900 reales mensuales. Empieza a caerse a pasos acelerados la máscara del discurso oficial contra la corrupción y la entrega de prebendas.
El proyecto de desmantelamiento del régimen previsional tal como rige hasta ahora, pasó el primer filtro en el Congreso el pasado martes 23. La Comisión de Constitución y Justicia (CCJ) avaló la Reforma da Previdência con 48 votos a favor, 18 en contra y ninguna abstención. La ley fue ideada por el ministro de Economía Paulo Guedes, un hijo dilecto de la Escuela de Chicago y quien sostuvo antes de las últimas elecciones que debía ser “la primera y más rápida” de todas las normas necesarias para gobernar. Si fuera votada por el Parlamento, le permitiría ahorrar al Estado unos 300 mil millones de dólares en diez años, sostienen sus defensores. Pero al poder ejecutivo no le resultará tan fácil conseguirlo. La reforma debe pasar por otra comisión especial antes de ser tratada en Diputados y en doble votación debería ser aprobada por los tres quintos de la Cámara baja que tiene 513 escaños y una atomización política muy alta, aunque también una composición muy conservadora.
La oposición no se quedó de brazos cruzados y dos días después de la sesión de la CCJ en el Congreso, presentó un recurso ante el Supremo Tribunal Federal (STF) para pedir la anulación de aquella votación. El documento lo firmaron 104 diputados del PT, el Partido Comunista (PCdoB), el Partido Democrático Trabalhista (PDT), el Partido Socialista Brasileño (PSB), Socialismo y Libertad (PSOL) y Rede, la fuerza de Marina Silva. La petición se basó en el artículo 113 del Acta de Disposiciones Transitorias de la Constitución Federal (ADTC), que exige conocer la estimación del impacto presupuestario cuando se presenten propuestas legislativas que generen o modifiquen gastos públicos.
Jandira Feghali del PCdoB, líder por la minoría en la Cámara, declaró: “Los datos del gobierno sobre la Previdência son ridículos, no explican nada”. El PSB difundió un comunicado que considera la reforma como “un ataque despiadado al Sistema de Seguridad Social, cuyo fundamento es la solidaridad social, sin la cual no se puede hablar con propiedad de una sociedad democrática e inclusiva”.
Sergio Olimpio Gomes, senador del PSL por el estado de San Pablo y ex coordinador de la campaña presidencial de Bolsonaro, dijo que si fuera cierta la propuesta de pagarle a cada legislador que vote la ley 40 millones de reales en enmiendas parlamentarias, sería tan “criminal” como “indecorosa”. Los pagos que el Estado libera para diputados y senadores con el fin de que sean destinados a obras de infraestructura en los distritos de donde provienen no son algo nuevo en Brasil.
La información sobre esa oferta de Lorenzoni, el jefe de la Casa Civil, sostenía que el funcionario se reunió con legisladores de fuerzas aliadas en la casa del presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia. Allí les habría ofrecido las enmiendas por 40 millones de reales hasta 2022. Los jefes de los partidos de centro DEM, PP, PSD, PR, PRB y Solidaridad confirmaron la propuesta y agregaron que no la aceptaron, según Folha. Maia, en cambio, cuando fue consultado en el Congreso sobre si había participado del acuerdo por el diputado del PSOL Glauber Braga, se quedó sin responder. Olimpio, cuando se enteró de la publicación de Folha, declaró: “Me quedé aterrorizado e hice un pronunciamiento en el Senado. En primer lugar, nadie, en ninguna circunstancia, va a oír ese tipo de propuesta indecorosa y criminal del presidente Jair Bolsonaro”. Su indignación no se compadece con el hecho de que les dio empleo a tres familiares suyos en el Senado. Cuanto menos, se trata de nepotismo.
La reforma previsional que el gobierno intenta imponer llevará la edad mínima para jubilarse entre las mujeres a 62 años y 65 para los hombres. Hasta hoy, Brasil es uno de los pocos países que no exige una edad mínima aunque sí obliga a aportar durante 30 años a las mujeres y 35 a los hombres. Ahora deberán sumar 40 años en total.
