El Gobierno confirmó ayer la eliminación de los subsidios y la compensación de 6.500 millones para distribuir entre los distritos. Pero los gobernadores aseguran que ese auxilio no alcanza
La oficialización ayer del traspaso a las provincias del financiamiento del sistema de transporte forzó a los gobernadores a apurar, contra reloj, los mecanismos y las negociaciones mano a mano con el Ministerio de Transporte nacional tendientes a evitar que la poda de subsidios pegue de lleno en las tarifas que pagarán desde el 1 de enero los usuarios en todo el país.
En efecto, y tal como quedó establecido en el Presupuesto 2019, el ministro Guillermo Dietrich anunció que los municipios y los gobiernos provinciales pasan a tener responsabilidad plena sobre sus sistemas de transporte, tanto para fijar tarifas como subsidios.
En rigor, los transportes que comienzan y terminan su recorrido dentro de una ciudad van a ser responsabilidad plena de los municipios; los interjurisdiccionales, de las provincias; y los que recorren al menos dos distritos, de los gobiernos provinciales.
La discusión aún abierta con los estados subnacionales radica en la disconformidad por el fondo de 6.500 millones de pesos dispuesto por la Casa Rosada para compensar esta transición en las provincias, al igual que un apoyo financiero para las 37 ciudades en las que hay SUBE, lo que mantendrá allí la tarifa social para las personas carenciadas.
Los gobernadores sostienen que esos 6.500 millones de pesos -aún se discute cuánto le tocará a cada distrito- no alcanzan para evitar que la quita se traslade al precio del boleto, por lo que ya iniciaron gestiones individuales y regionales para asegurar una mayor proporción de asistencia financiera nacional para ese rubro. Incluso, el malestar también tomó color partidario: la semana pasada, un grupo de mandatarios del PJ puso reparos al plan y advirtió que prepara una contrapropuesta para mitigar el impacto negativo.
Pero las limitaciones que impone el cumplimiento de las metas del Fondo Monetario dificultan las negociaciones. “Los gobernadores firmaron la adenda al Consenso Fiscal en la que estaba explicitada la reducción del acompañamiento nacional tanto para el transporte público como para la energía. Y eso es lo que se aprobó en el Presupuesto”, recordó intentando acotar la discusión un funcionario nacional ligado a las conversaciones.
En efecto, en las últimas horas funcionarios del gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, se fueron de Buenos Aires con un “no” rotundo a sus pretensiones de obtener una dilación en el recorte del financiamiento.
“Es una embestida más de Nación contra el federalismo, contra las provincias y la Patagonia en especial. Lo vamos a pelear ante Nación como peleamos los derechos adquiridos que intentaron avasallar, como defendimos a los jubilados de la quita de la zona desfavorable y como defendimos a los trabajadores del pago de Ganancias”, bramó Arcioni.
“Dietrich debería venir a Chubut a dar explicaciones y no a recibir cruceros de placer”, agregó el mandatario sureño.
Hasta el momento, sólo algunas provincias destinaron en sus presupuestos fondos específicos para cubrir parte de ese recorte y evitar un fuerte impacto en las tarifas: Córdoba compensará con 2.000 millones de pesos, Entre Ríos con $328 millones, Santa Fe con 1.300 millones, Tucumán con 1.500 millones, Neuquén con 198 millones y Chaco con 1.000 millones.
