Cámara Federal rechazó excarcelaciones de ex funcionarios y de empresarios que no confiesan. Adujo riesgo para la investigación. Expediente ya suma 15 “imputados colaborativos” y marca nuevo récord
Tres nuevos arrepentidos se sumaron ayer al club de empresarios que, salpicados por las causas de los cuadernos del ex chofer Oscar Centeno, han optado por admitir la comisión de delitos para obtener obra pública durante el kirchnerismo, a cambio de no terminar encarcelados por decisión del juez Claudio Bonadio. La metodología de prisiones preventivas -émulo de la doctrina aplicada en Brasil por el juez de Curitiba Sergio Moro- recibió un respaldo por parte de la Cámara Federal que confirmó con un curioso argumento los rechazos a la excarcelación de exfuncionarios y empresarios que no han peregrinado a la fiscalía de Carlos Stornelli en busca de la amnistía. La duda que sigue sobrevolando a los observadores del devenir del escándalo que sacude al mundo empresario y de la política es sí, en pos de obtener su pase de salida, los hombres de negocios han aportado información fiel que pueda ser corroborada. De otro modo, se exponen a posible acusación por falso testimonio que además evapore los acuerdos que fueron firmados con premura. Eso sin contar la imposibilidad de calibrar el impacto que tendrán los efectos colaterales de la causa sobre las constructoras y las obras adjudicadas, con su consecuente impacto económico.
Las presentaciones de tres titulares de firmas dedicadas a la obra pública -incluyendo a la primera mujer que aparece involucrada en el expediente- obedecieron a la mención de ellos que hizo el expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción Carlos Wagner en su declaración como arrepentido. Cecilia Ztemberg, accionista de Equimac; Luis Losi de Losi SA; y Patricio Gerbi, presidente de Coarco hicieron fila en el despacho de Stornelli para firmar sus acuerdos que deberán ahora esperar la homologación de Bonadio. Junto a sus abogados se presentaron como “colaboradores” para aportar información. Wagner había prendido el ventilador antes de abandonar su reclusión y salpicó también a IECSA, Vialco, Cartellone, Sucesión Adelmo Biancalani, Perales Aguiar, Vial Agro, Fontana Micastro, Marcalba y Chediack. Todos ellos se habrían reunido sucesivamente desde 2004 para repartirse las licitaciones por obras viales y a cambio aportar entre el 10% y el 20% del adelanto en concepto de retornos a los funcionarios K. Cartellone rechazó presentarse y en la reunión empresarial de AEA negó cualquier cargo. Ángelo Calcaterra de IECSA sólo admitió “aportes de campaña” y José Chediack aguarda su homologación como “imputado colaborador”. El resto mantiene el silencio. Todavía nadie profundizó si Wagner refería a que el acuerdo explícito para cartelizarse con Julio De Vido había incluido a estas empresas desde un principio, ya que Franco Macri comandaba la constructora familiar hasta 2007.
Los votos de Leopoldo Bruglia y Martín Irurzun ratificaron la negativa de las excarcelaciones intentadas por un puñado de funcionarios del Ministerio de Planificación. Pero en el fondo también validaron uno de los aspectos más vidriosos del origen de la causa: la permanencia de Bonadio al frente de la instrucción como juez natural pese a que no hubo sorteo de rigor, y el fiscal estaba temporalmente apartado del expediente por una recusación impulsada por Roberto Baratta. Por lo bajo, en Comodoro Py, jueces y fiscales rehúsan defender la modalidad aplicada por el tándem para hacerse de la causa de los “cuadernos”. También admiten que habida cuenta de los resultados, es imposible apartarlos ahora. La cumbre entre el juez y el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, fue interpretada como la leyenda japonesa del hilo rojo.
La Cámara rechazó la salida de Rafael Llorens, Walter Faygas, Fabián García Ramón, Hernán Gómez y Néstor Lazarte, todos exintegrantes del Ministerio de Planificación. Y lo mismo mantuvo las prisiones preventivas para los ejecutivos Carlos Mundin, presidente de la compañía de ingeniería BTU, y Gerardo Ferreyra, dueño de Electroingeniería. Evaluaron la negativa a partir de que considerarla una “compleja” y “voluminosa” investigación. Pero le agregaron el argumento de rigor sobre los riesgos procesales que significaría la libertad de los imputados cuando quedan medidas de prueba clave por realizar. Lo exótico es su aplicación: ¿acaso los empresarios más poderosos del país que fueron liberados a cambio de arrepentimiento no podrían entorpecer avances en la recolección de evidencia?
“No es esto una máquina trituradora de tener que ir a confesar delitos, reconocer hechos, porque si no quedás preso”, se quejó el abogado Mariano Cuneo Libarona representante de Sergio Taselli que se presentó sin ser llamado y quedó preso. Así anunció que su recomendación será que declare y apunte a alguien en los próximos días para obtener su salvoconducto. Si esto se efectiviza, el desarrollo de la causa comenzará a desfilar por el despeñadero de la credibilidad.
