La Provincia se ubica en el grupo de jurisdicciones que menos obra pública recibe por parte del Gobierno nacional, mientras que el 22 por ciento de lo presupuestado para 2018 va para Buenos Aires. Este año, Entre Ríos sólo recibirá 30 kilómetros de ruta, correspondientes a la obra que comprende el puente Paraná-Santa Fe
Los gobernadores siguen de cerca cómo es la distribución y qué distritos ganan y cuáles no con las obras que la Nación licitará a través del programa de Participación Público-Privada (PPP).
Por una cuestión de rentabilidad, los distritos centrales llevan la delantera en la adjudicación de los trabajos. El pedido de las provincias es que, en este mecanismo de financiamiento en el que el Estado pone el 70 por ciento de los fondos, “se priorice el criterio federal”.
De los gastos presupuestados para este año, se desprende que el 25 por ciento no tiene una asignación provincial específica, mientras que del resto, el 42 por ciento se concentra en Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Le sigue Córdoba con 4,5 por ciento y Santa Fe con 4,3 por ciento.
Hay 12 provincias a las que, en conjunto, se les asigna menos del 10 por ciento del gasto entre las que se encuentra Entre Ríos. Desde el ministerio de Transporte defienden el criterio aplicado, y recalcan que con la infraestructura por construirse se reducirán los costos logísticos.
No obstante, y más allá de los reclamos individuales, los gobernadores apuntan a que la comisión bicameral encargada de seguir el tema -la preside el diputado Diego Bossio (Bloque Justicialista)- insista en que todos los distritos sean tenidos en cuenta a la hora de la distribución de las obras.
Según publicó La Nación, fuentes cercanas al ministro Rogelio Frigerio plantearon a que los PPP son “también obra pública con un financiamiento que nos permite casi duplicar lo que venimos haciendo hasta ahora y que ya constituye un récord”.
En esa línea indicaron que el déficit de infraestructura es “tan grande” que “se debe echar mano a cuanta herramienta exista para seguir achicando esa brecha. La legislación que tenemos es de las mejores del mundo”.
“Vamos a exigir un criterio federal y también a controlar el mecanismo de financiamiento, que aunque es interesante tuvo fallas en otros países”, dijo Bossio. El diputado planteó que está claro que ningún privado “pondrá plata donde no hay rentabilidad asegurada, pero para eso está el Estado”, y describió que, en ese sentido, la “variable federal” tiene que jugar “fuerte” en el esquema de financiamiento, en donde el 30 por ciento lo ponen los privados y el resto, el sector público.
Por su parte, el senador cordobés Carlos Caserio (Unión por Córdoba) explicó que “se buscará evitar arbitrariedades; que el reparto sea equitativo en función de las necesidades reales del país”. En plena discusión por el pacto fiscal, los gobernadores plantearon que había una reducción de la cantidad de obras públicas asignadas a las provincias con el argumento de que parte de lo que les toque vendría con los PPP. “Y no llega ni por un lado ni por el otro”, advirtió un ministro tucumano.
De los gastos presupuestados para este año, el 25 por ciento no tiene una asignación provincial específica. Del resto, el 42 por ciento se concentra en Buenos Aires (22 por ciento) y en la ciudad de Buenos Aires (20 por ciento); le siguen Córdoba (4,5 por ciento) y Santa Fe (4,3 por ciento). Hay 12 provincias a las que, en conjunto, se les asigna menos del 10 por ciento del gasto.
