En medio de la ola de protestas por las demoras salariales, la asfixiada administración de Alicia Kirchner (FpV) debió encajarse en los condicionamientos de la Casa Rosada para encarrilar la crisis local. Oposición provincial jugará un rol clave
Con el tenso telón de fondo de un nuevo día de paros y otra marcha masiva en Santa Cruz, la administración de Alicia Kirchner (FpV) se comprometió ayer ante el Gobierno de Mauricio Macri -a manera de “preacuerdo”- a avanzar en la eliminación de la polémica Ley de Lemas, la herramienta que permitió la perpetuación en el poder del kirchnerismo desde 1991 y que habilitó a la unción de la mandataria en 2015 pese a que el candidato más votado fue el radical Eduardo Costa.
Se trata en rigor de una de las exigencias que deberá respetar el Ejecutivo santacruceño -en pos de mejoras institucionales- si es que pretende acceder a una asistencia financiera amplia de Nación para un distrito paralizado por las protestas y que no completó aún el pago de los sueldos de marzo.
De una reunión desplegada ayer en la Ciudad de Buenos Aires entre funcionarios nacionales y provinciales emanaron dos movidas clave, atadas en rigor entre sí:
El Gobierno nacional convocará a una mesa de diálogo que reunirá a todas las fuerzas políticas de Santa Cruz. Allí se debatirá la forma de avanzar en el fin de la Ley de Lemas y también de la espinosa figura de la reelección indefinida, además de diseñar un nuevo esquema de coparticipación a municipios. En ese ámbito también se analizarán las medidas que tendrá que desplegar la gestión del FpV para domar el rojo local.
Pero además el Ejecutivo provincial deberá elevar hoy a Nación un plan de adecuación gradual para controlar el desmadrado déficit fiscal, que este año escalará a $5.700 millones, en pos de arribar al equilibrio en 2019, un punto que le exigen a todas las provincias y a la Casa Rosada.
En un movimiento de pinzas que deja poco margen de acción a la gobernadora, sólo si ese paquete de medidas de hoy es considerado viable por el Gobierno de Macri será entonces convocada la mesa de diálogo nacional-sería la semana próxima- y allí también se discutirá la factibilidad de esa estrategia de control del gasto.
En un segundo capítulo, entonces, recién después del guiño de todas las fuerzas políticas -el kirchnerista FpV, el PJ y Unión para Vivir Mejor, que lidera la UCR y que incluye al PRO, Encuentro Ciudadano y al FR- se destrabarán los avales para la ansiada asistencia financiera, incluido un préstamo inmediato del Banco Nación -por entre $750 millones y $900 millones- y la colocación de un bono por u$s350 millones.
“Se comprometieron a convocar a la mesa de diálogo con acuerdo del Gobierno nacional y hay un preacuerdo para derogar la Ley de Lemas”, sostuvieron anoche desde despachos nacionales a Ámbito Financiero.
Los avances se registraron en un encuentro desarrollado ayer en el exedificio BANADE y que tuvo como anfitrión al secretario de Provincias del Ministerio del Interior, Alejandro Caldarelli, quien recibió a los ministros de Hacienda, Juan Donnini, y de Producción, Leonardo Alvarez.
En los últimos días, desde el Gobierno santacruceño dejaron en claro que no avalan ni despidos en la planta de estatales ni retoques en el sistema previsional. Ambos puntos serán ahora parte de la discusión en la mesa de diálogo.
Embestida
En paralelo a las gestiones en Buenos Aires, en tierra santacruceña se desarrolló ayer una nueva embestida contra el retraso en el pago de sueldos y la falta de recomposición salarial, de la mano de un paro de 48 horas y de otra fuerte movilización en Río Gallegos, que desembocó en la Cámara de Diputados, donde entregaron un petitorio a un grupo de legisladores de Unión para Vivir Mejor.
Anoche, en tanto, se inició un incendio en el Tribunal de Cuentas, cuyo origen se investigaba.
Según la UCR local se trató de un “mensaje mafioso” por resultar alcanzada por las llamas la oficina del vocal por la minoría Alejandro Stoessel, quien acaba de denunciar al concuñado de Máximo Kirchner, Marcelo Bersanelli, por supuestas contrataciones directas por casi $40 millones en nombre del Ministerio de Salud que conduce Rocío García, esposa de Máximo.
La marcha de miles de personas -en reclamo de “salarios, educación, salud y justicia”- fue impulsada inicialmente desde una asamblea pública ciudadana, a la que se sumaron gremios de los docentes, judiciales, trabajadores de la salud y estatales, nucleados en la Central de Trabajadores Argentinos Autónoma. Por su parte, mostró su adhesión el comercio con el cierre de las puertas de supermercados.
En tanto, para hoy está previsto un corte de ruta entre las 6 y las 14, en lugar a definir, motorizado por padres desconsolados por un ciclo lectivo 2017 que virtualmente no arrancó y ya acumula más de 30 días de huelga.
