A la noticia de los 100 trabajadores echados se suma una denuncia por desmantelamiento de programas educativos
El Ministerio de Educación, a cargo de Esteban Bullrich, continúa con la ola de despidos en la administración pública y no renovó los contratos de más de un centenar de trabajadores. Se trata de trabajadores con contratos precarios, tercerizados por la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y que en su mayoría se desempeñaban en sus cargos hace siete años o más.
Esto se suma al cortocircuito que sufre el gabinete de Bullrich, luego de que el secretario de Fortalecimiento Educativo, Max Gulmanelli, le pidió la renuncia subsecretario de Políticas Socioeducativas, Marcelo Cugliandolo.
“El Secretario Gulmanelli me ha pedido que abandone mi cargo. Entiendo que es en el marco del propio desgaste de todos estos meses de gestión”, escribió Cugliandolo en su carta de despedida a la que tuvo acceso El Destape.
La medida fue comunicada por el jefe de gabinete, Diego Marías, el jueves pasado, el día anterior a cumplirse el plazo de vencimiento de los contratos, que habían sido renovados por dos meses desde mayo.
Desde la cuenta de Facebook “Despidos en el Ministerio de Educación”, a cargo del gremio de ATE (Lista Verde Roja Negra), denunciaron que a partir del 1º de julio los programas de Memoria, Coordinación de Publicaciones, Educación Sexual Integral, Educación y Prevención de Adicciones, Comunidad y convivencia escolar y Plan de Lectura y las modalidades educativas de Educación Intercultural Bilingüe, Educación Artística, Contextos de Encierro y Educación de Jóvenes y Adultos, entre otras líneas de acción, se encuentran prácticamente desmantelados.
A su vez, advierten que “hacía un mes que el jefe de gabinete, junto al subsecretario de Coordinación Administrativa, Félix Lacroze, se comprometió a renovar todos los contratos”.
En abril pasado, el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, confirmó que el Gobierno dispuso la renovación de 10.921 contratos de la administración pública nacional y precisó que el 90% de esos trabajadores habían ingresado al Estado en los últimos tres años.
