Mientras la Justicia investiga una factura por más de $8 millones vinculada a una empleada de la Vocería Presidencial, el Senado postergó la sesión y fijó un nuevo cronograma que podría derivar en la interpelación del jefe de Gabinete
La situación judicial y política de Manuel Adorni volvió a escalar en las últimas horas. Mientras la causa por presunto enriquecimiento ilícito sumó una nueva línea de investigación vinculada a una factura por más de $8 millones, el Senado reordenó su agenda y dejó abierto el camino para una posible interpelación del jefe de Gabinete el próximo 2 de julio.
La senadora Patricia Bullrich habló brevemente a la salida del Congreso, luego de la reunión de Labor Parlamentaria en la que el oficialismo y sus aliados lograron posponer la sesión prevista para este miércoles. Según explicó, Javier Milei considera que Adorni “dio una explicación razonable” frente a las acusaciones que pesan sobre su patrimonio.
“El presidente considera que no hay razón, que no mintió, considera que dio una explicación razonable. Nada que cuestionarle al presidente”, sostuvo Bullrich ante la consulta periodística. Al ser preguntada por su propia mirada sobre el caso, respondió: “Yo ya opiné”.
La referencia no pasó inadvertida. Días atrás, la senadora había marcado diferencias públicas con el funcionario al señalar que las contradicciones en sus declaraciones juradas patrimoniales eran “más que un error, una omisión ética”.
El Senado fijó un nuevo cronograma
La reunión de Labor Parlamentaria permitió postergar la discusión inmediata, pero no desactivó el conflicto. El esquema acordado prevé que el jueves 25 se vote la habilitación de la interpelación a Adorni, para que el funcionario comparezca ante la Cámara alta el 2 de julio.
Si sus respuestas no satisfacen a la oposición, ese mismo día podría avanzar una moción de censura. Tanto la interpelación como una eventual censura requieren mayoría absoluta del cuerpo, es decir, 37 votos.
Bullrich reconoció la debilidad numérica del oficialismo en el Senado. “Acá somos minoría, somos 21, entonces no tenemos fuerza suficiente para imponer los temas”, admitió. La frase sintetiza el margen de negociación que tuvo el Gobierno para evitar una sesión inmediata y encauzar el debate hacia una fecha posterior.
La propuesta fue acompañada por bloques dialoguistas y también aceptada por el kirchnerismo, que antes de la cumbre evaluaba bajar al recinto en una suerte de autoconvocatoria. “Esto se aprobó por todos los bloques, incluso la oposición kirchnerista”, afirmó Bullrich.
La demora que irritó a los aliados
El escenario se tensó también por los tiempos del propio Adorni. El funcionario había anunciado en redes sociales que asistiría al Senado el 2 de julio para brindar su informe de gestión, pero recién la noche del martes envió la conformidad formal al cuerpo.
Ese trámite generó malestar entre bloques dialoguistas, que aguardaban esa comunicación desde mayo. La demora fue interpretada como un nuevo foco de tensión en medio de una causa judicial que ya complica al funcionario en el plano político.
Para habilitar la discusión de la interpelación el 25, y ante la ausencia de dictamen previo, se aplicará una interpretación del artículo 101 de la Constitución Nacional. El criterio acordado en Labor Parlamentaria es que el recinto puede aprobar una moción por mayoría absoluta sin paso previo por comisión.
Una factura de más de $8 millones bajo la lupa
En paralelo, la investigación judicial sumó una nueva línea de análisis. Una factura por $8.183.303 emitida a nombre de Gisela Kocsis, empleada de la Vocería Presidencial, fue encontrada durante el peritaje al celular de Matías Tabar, contratista vinculado a Adorni.
Según el material incorporado a la causa, Kocsis se desempeñaba en marzo de 2025 como secretaria privada en el área encabezada por Adorni. El documento fue emitido el 2 de junio de 2025 y corresponde a una compra realizada en Rosen The Store, una firma dedicada a la venta de ropa de cama, acolchados y productos de blanquería de alta gama.
La Justicia busca determinar si Kocsis fue efectivamente la compradora o si su nombre fue utilizado para facturar una operación cuyo destinatario final habría sido otra persona.
El rol del contratista Tabar
La factura fue hallada en el celular de Matías Tabar, quien había realizado trabajos de remodelación en una propiedad de Adorni ubicada en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.
En su declaración testimonial, Tabar reconoció que mantenía con Adorni una relación que excedía las tareas de construcción. Explicó que también actuaba como intermediario entre proveedores y el entonces vocero presidencial para distintas compras relacionadas con sus propiedades, a cambio de una comisión.
Ese antecedente llevó a los investigadores a analizar si la operación registrada a nombre de Kocsis pudo haber seguido una modalidad similar.
Las medidas ordenadas por la Justicia
El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó a la empresa que aporte toda la documentación relacionada con la compra en un plazo de 72 horas.
Por disposición del juez federal Ariel Lijo, la firma deberá informar el medio de pago utilizado, la fecha de cancelación de la operación, la identidad de quien efectuó el pago y el domicilio de entrega de los productos. También deberá precisar quién recibió o retiró la mercadería.
La fiscalía pidió además comprobantes de pago, remitos, constancias de acreditación, comunicaciones comerciales y cualquier otra documentación que permita reconstruir la operación.
La causa por presunto enriquecimiento ilícito
La investigación continúa mientras la fiscalía intenta verificar las explicaciones públicas brindadas por Adorni sobre la evolución de su patrimonio.
Entre las medidas de prueba impulsadas, Pollicita requirió a la Comisión Nacional de Valores información detallada sobre plataformas de intercambio, billeteras virtuales y operadores de activos digitales que funcionaron en el país desde 2012.
El objetivo es reconstruir cómo era el mercado de criptomonedas durante el período en el que Adorni afirmó haber comenzado a invertir en Bitcoin. El funcionario sostuvo públicamente que invirtió U$S 200.000 en criptomonedas y obtuvo ganancias por otros U$S 300.000.
La combinación entre el avance judicial y la presión parlamentaria deja al jefe de Gabinete frente a una agenda compleja: deberá responder por las dudas sobre su patrimonio en Comodoro Py y, al mismo tiempo, prepararse para una posible interpelación en el Senado.
