{"id":51062,"date":"2019-09-12T10:51:51","date_gmt":"2019-09-12T13:51:51","guid":{"rendered":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/?p=51062"},"modified":"2019-09-12T10:51:51","modified_gmt":"2019-09-12T13:51:51","slug":"guillermo-dietrich-y-javier-iguacel-imputados-por-el-negociado-de-los-peajes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/2019\/09\/12\/guillermo-dietrich-y-javier-iguacel-imputados-por-el-negociado-de-los-peajes\/","title":{"rendered":"Guillermo Dietrich y Javier Iguacel, imputados por el negociado de los peajes"},"content":{"rendered":"\n<p><strong><em>El ministro de Transporte y el ex titular de Vialidad Nacional son investigados por haber habilitado a varias empresas &#8211;entre ellas a Iecsa, del primo del Presidente&#8211; a seguir cobrando peajes y obras por 30 mil millones de pesos cuando sus contratos ya hab\u00edan vencido<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p>El fiscal Eduardo Taiano imput\u00f3 al ministro de Transporte,\nGuillermo Dietrich, y al ex titular de Vialidad Nacional Javier Iguacel por la\nampliaci\u00f3n irregular de los contratos de concesi\u00f3n de rutas nacionales. La\nacci\u00f3n penal fue impulsada tras una denuncia del Sindicato de Trabajadores\nViales y Afines. Seg\u00fan indica la presentaci\u00f3n y el dictamen de la fiscal\u00eda a\nlos que accedi\u00f3 este diario, sin llamar a una nueva licitaci\u00f3n, como lo indica\nla ley, el Estado habilit\u00f3 a varias empresas &#8211;entre ellas a Iecsa, de Angelo\nCalcaterra, primo del Presidente&#8211; a seguir cobrando peajes y certificados de\nobra por 30 mil millones de pesos, a pesar de que los contratos ya hab\u00edan\nvencido.<\/p>\n\n\n\n<p>Esta causa se suma a la otra investigaci\u00f3n abierta por las\nirregularidades en las concesiones de los peajes de la Panamericana y el Acceso\nOeste, cuyos contratos tambi\u00e9n fueron prorrogados sin una nueva licitaci\u00f3n. En\nese caso, el juez Rodolfo Canicoba Corral busca determinar las condiciones en\nque el Grupo Socma se benefici\u00f3 con los aumentos de tarifas y la venta de las\nacciones que ten\u00eda en Ausol SA, empresa que, adem\u00e1s, cobr\u00f3 500 millones de\nd\u00f3lares a cambio de levantar una demanda ante el Ciadi contra el Estado. Suma\nque la administraci\u00f3n p\u00fablica pag\u00f3 sin siquiera intentar negociar o litigar para\nconseguir un fallo favorable.<\/p>\n\n\n\n<p>El sindicato denunci\u00f3 penalmente a Dietrich y a Iguacel por\nla pr\u00f3rroga irregular de la concesi\u00f3n de un total de siete corredores viales.\nSe trata de rutas nacionales en las que las empresas continuaron con el cobro\nde peajes y certificados de obra millonarios, con contratos que fueron\nextendidos por una simple resoluci\u00f3n y sin llamado a licitaci\u00f3n, como lo indica\nla ley.<\/p>\n\n\n\n<p>La presentaci\u00f3n, que recay\u00f3 en el juzgado de Sebasti\u00e1n\nCasanello y que impuls\u00f3 en las \u00faltimas horas el fiscal Taiano, es por\nnegociaciones incompatibles con la funci\u00f3n p\u00fablica, abuso de autoridad,\nviolaci\u00f3n de los deberes de funcionario p\u00fablico, mal desempe\u00f1o y falsedad\nideol\u00f3gica.<\/p>\n\n\n\n<p>Los contratos de los corredores viales, compuestos por rutas\nnacionales, hab\u00edan sido firmados en 2010 y venc\u00edan el 21 de abril de 2016, con\nla posibilidad de prorrogarse s\u00f3lo por 12 meses m\u00e1s. La fecha final de\ncaducidad pas\u00f3 a ser, entonces, el 21 de abril de 2017, momento en el cual\ndebi\u00f3 haberse llamado a una nueva licitaci\u00f3n. Sin embargo, Iguacel emiti\u00f3 una\nresoluci\u00f3n (la 811\/17) para extender los plazos sin una nueva compulsa,\nomitiendo el decreto 1288 de 2016, que ordenaba precisamente que esos\ncorredores deb\u00edan volver a licitarse. Supuestamente, esa resoluci\u00f3n de Iguacel\nera ad refer\u00e9ndum del Poder Ejecutivo, por lo que fue girada al Ministerio de\nTransporte. Sin embargo, seg\u00fan la denuncia, Dietrich la devolvi\u00f3 en tiempo\nr\u00e9cord y sin tramitar. En concreto, el escrito que ya inici\u00f3 su recorrido en Comodoro\nPy, con la firma de la secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales,\nGraciela Ale\u00f1a, resalta que \u201cIguacel y Dietrich favorecieron a las empresas,\nprivando a la administraci\u00f3n de obtener una mejor oferta o mejor precio de\nmercado, ahorr\u00e1ndose la necesidad de competir para acceder o sostener por m\u00e1s\nde dos a\u00f1os la operaci\u00f3n de los corredores concesionados\u201d. La hip\u00f3tesis es que\nlos funcionarios buscaron \u201cbeneficiar a un grupo peque\u00f1o, pero de influyentes\nempresas constructoras, en perjuicio del Estado Nacional\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>La dirigente gremial ya declar\u00f3 en el expediente en calidad\nde testigo y bajo juramento ratific\u00f3 todos los puntos de la denuncia. En ese\nmarco, explic\u00f3 que despu\u00e9s de la cuestionada resoluci\u00f3n de Vialidad Nacional se\nfirm\u00f3 el famoso decreto del PEN que habilit\u00f3 los contratos de Participaci\u00f3n\nP\u00fablico Privada (PPP). Sin embargo, ese decreto nada especific\u00f3 respecto de las\nconcesiones de las rutas nacionales, por lo que las empresas siguieron con el\nnegocio sin volver a compulsar. Mientras tanto, continuaron cobrando peaje a\nlos usuarios y recibiendo dinero por el mantenimiento de obras o por los nuevos\ntrabajos en los diferentes corredores. \u201cEl Estado termin\u00f3 haci\u00e9ndose cargo de\nla financiaci\u00f3n de las obras que deb\u00edan estar financiadas por las empresas\nprivadas\u201d, detall\u00f3 Ale\u00f1a.<\/p>\n\n\n\n<p>Seg\u00fan detalla la denuncia, \u201cpor quince meses, las\nconcesionarias continuaron de forma ileg\u00edtima e ilegal cobrando peaje y como\nfrutilla del postre fueron favorecidas con el aumento constante de las\ntarifas\u201d. Adem\u00e1s, \u201cDietrich e Iguacel utilizaron una pseudo resoluci\u00f3n para\ncontinuar emitiendo y pagando certificados de obras en perjuicio de la\nDirecci\u00f3n Nacional de Vialidad y del Tesoro de la Naci\u00f3n, por valores\nsuperiores a los 30 mil millones de pesos (seg\u00fan surge de los sistemas de la\npropia Vialidad) m\u00e1s todo lo recaudado por las empresas en las cabinas de\npeaje\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Rutas Argentinas<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La Red Vial Nacional, est\u00e1 integrada por aproximadamente 40\nmil km de caminos a lo largo de todo el territorio nacional. Todos ellos est\u00e1n\na cargo de la Direcci\u00f3n Nacional de Vialidad. En total, 9177 km conforman la\nRed Vial Concesionada, cuyos contratos eran administrados por el \u00d3rgano de\nControl de las Concesiones Viales (Occovi). Ese organismo hoy ya no existe, ya\nque fue disuelto por el gobierno de Macri y puesto bajo la \u00f3rbita de Vialidad.\nHasta el 10 de agosto de 2018, esos caminos eran operados por doce Corredores\nViales. En este caso, el objeto de la denuncia es la forma ilegal e irregular\nen la que presuntamente se ampliaron los plazos de los Contratos de los\nCorredores 01, 02, 03, 04, 05, 06, y 08.<\/p>\n\n\n\n<p>El Corredor Vial 01 est\u00e1 en manos de Concesionaria Vial SA,\nintegrada por las empresas CPC SA y Benito Roggio SA, que opera las rutas\nnacionales 3, 205, 226, 252, 22 y 51. El Corredor 2 es de Corredor de\nIntegraci\u00f3n Pampeana, integrada por las empresas Esuco SA y Decavial SA, de las\nrutas nacionales 5 y 188. El Corredor 3 pertenece a Autov\u00eda Buenos Aires a los\nAndes SA, integrada por las empresas Rovella Carranza SA y Jos\u00e9 Cartellone Construcciones\nCiviles SA de las Rutas 7, 34 y 9. Por su parte, Carreteras Centrales de\nArgentina SA, integrada por las empresas Lemiro Pablo Pietroboni SA y Luis Losi\nSA, opera el Corredor 4, correspondiente a las rutas 19, 38, 34 y 18. El\nCorredor Vial 5 es de Cincovial SA, integrada por la firma ex Iecsa SA, cuyo\ntitular era Angelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri. En la actualidad es\nSacde SA y opera las rutas nacionales 11, A-009, 9 AU, AU Rosario-C\u00f3rdoba,\nA-012 y 193. El Corredor 6 est\u00e1 concesionado a Caminos del Paran\u00e1 SA, propiedad\nde la Corporaci\u00f3n Am\u00e9rica, de las rutas nacionales 12 y 16. Y por \u00faltimo,\nCorredor Vial 8, a cargo de Corredor Central SA, integrada por Supercemento SA,\nLuciano SA, Petersen, Thiele y Cruz SA y Polan SA, de las rutas 8, 33, 36 y\nA-005.<\/p>\n\n\n\n<p>El fiscal fundament\u00f3 su pedido para la apertura de la\ninvestigaci\u00f3n en que es inusual en materia de derecho administrativo que se\nemita una resoluci\u00f3n como la firmada por Iguacel \u201cad-refer\u00e9ndum\u201d del Poder\nEjecutivo y que defina, como en este caso, la pr\u00f3rroga de un contrato sin\nllamado a licitaci\u00f3n, por encima de decretos firmados por el PEN. Como\nagravante, el Poder Ejecutivo ni siquiera lleg\u00f3 a expedirse y el dictamen de\nVialidad, un organismo aut\u00e1rquico, se aplic\u00f3 de todas maneras. \u201cEs ins\u00f3lito\u201d,\ndijo Ale\u00f1a en su declaraci\u00f3n. Espec\u00edficamente, la denuncia se\u00f1ala que \u201clos\nactos administrativos ad-refer\u00e9ndum carecen de todo efecto jur\u00eddico, toda vez\nque tienen la potestad de generar, modificar y\/o abolir derechos,\nconsecuentemente no son leg\u00edtimos y no son ejecutables\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Seg\u00fan se pudo saber, ya hay algunas medidas de prueba\nsolicitadas por Taiano que est\u00e1n en marcha. Los denunciantes propusieron, entre\notras cosas, el secuestro de documentaci\u00f3n de la Direcci\u00f3n Nacional de\nVialidad, el pedido de las actas con las que se extendieron los contratos, el\nan\u00e1lisis de los comprobantes de pago de los contratos de obra y las\nresoluciones de aumentos tarifarios que beneficiaron a las empresas. En este\nsentido, no se descartan novedades la semana que viene.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El ministro de Transporte y el ex titular de Vialidad Nacional son investigados por haber habilitado a varias empresas &#8211;entre ellas a Iecsa, del primo del Presidente&#8211; a seguir cobrando peajes y obras por 30 mil millones de pesos cuando sus contratos ya hab\u00edan vencido El fiscal Eduardo Taiano imput\u00f3 al ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y al ex titular de Vialidad Nacional Javier Iguacel por la ampliaci\u00f3n irregular de los contratos de concesi\u00f3n de rutas nacionales. 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