{"id":134475,"date":"2025-12-10T10:52:26","date_gmt":"2025-12-10T13:52:26","guid":{"rendered":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/?p=134475"},"modified":"2025-12-10T10:52:26","modified_gmt":"2025-12-10T13:52:26","slug":"ley-de-libertad-educativa-especialistas-advierten-por-un-profundo-desfinanciamiento-de-la-educacion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/2025\/12\/10\/ley-de-libertad-educativa-especialistas-advierten-por-un-profundo-desfinanciamiento-de-la-educacion\/","title":{"rendered":"Ley de Libertad Educativa: especialistas advierten por un “profundo desfinanciamiento” de la educaci\u00f3n"},"content":{"rendered":"

La iniciativa, seg\u00fan el Gobierno, busca garantizar el derecho constitucional de ense\u00f1ar y aprender. El mismo establece un rol preferente de las familias y fija al Estado como subsidiario de ese rol. Es decir, se desplaza la responsabilidad estatal al entorno familiar e individual. Por otro lado, promueve la diversidad de proyectos pedag\u00f3gicos e incluye nuevas reglas para la educaci\u00f3n b\u00e1sica, formas alternativas de ense\u00f1anza que imitan el sistema norteamericano, adem\u00e1s de la reducci\u00f3n del financiamiento estatal<\/strong><\/em><\/p>\n

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El Poder Ejecutivo remitir\u00e1 al Congreso, para su tratamiento en sesiones extraordinarias, el proyecto de Ley de Libertad Educativa (LLE), que redefine el sistema nacional de educaci\u00f3n sobre supuestos principios de libertad, justicia y pluralismo. Se trata de otra de las propuestas del Consejo de Mayo: deroga la Ley de Educaci\u00f3n Nacional y establece un marco que otorga mayor autonom\u00eda a las instituciones, reconoce la educaci\u00f3n en el hogar y en entornos virtuales.<\/p>\n

La iniciativa que enviar\u00e1 el Gobierno al Parlamento plantea un cambio profundo en la organizaci\u00f3n del sistema educativo argentino. El proyecto consagra la libertad educativa como derecho fundamental, reconoce el rol preferente de las familias en la formaci\u00f3n de sus hijos y establece que el Estado solo act\u00faa como garante del acceso y la permanencia, sin sustituir la responsabilidad individual ni la iniciativa social.<\/p>\n

Entre los puntos centrales, la ley define un Sistema Nacional de Educaci\u00f3n basado en la autonom\u00eda institucional y la diversidad pedag\u00f3gica, asegurando igualdad de trato entre instituciones estatales y privadas. Se garantiza la gratuidad en las escuelas p\u00fablicas y se prev\u00e9 financiamiento equitativo para todas las instituciones, mediante criterios centrados en el estudiante, incluyendo aportes regulares a instituciones privadas y dispositivos como vales o becas para garantizar la libre elecci\u00f3n de escuela. Es decir, se refuerza la idea de financiar a la demanda y que escuelas y colegios compitan entre ellos.<\/p>\n

La propuesta tambi\u00e9n incorpora formas alternativas de ense\u00f1anza imitando el sistema de Estados Unidos, como la educaci\u00f3n en el hogar y en entornos virtuales, con mecanismos de acreditaci\u00f3n basados en evaluaciones estandarizadas. Adem\u00e1s, establece contenidos m\u00ednimos comunes para todo el pa\u00eds y crea el Examen Nacional de Educaci\u00f3n Secundaria (ENES) como herramienta voluntaria para medir aprendizajes al finalizar la escolaridad obligatoria.<\/p>\n

Seg\u00fan especialistas de la UPEC, cuatro rasgos sobresalen en esta propuesta. En primer lugar, no recupera estudios ni diagn\u00f3sticos sobre los actuales problemas educativos que lo justifiquen; no da cuenta de los di\u00e1logos y consensos largamente construidos entre diferentes actores de la sociedad; introduce la l\u00f3gica de mercado como organizador del gobierno educativo; y profundiza las desigualdades educativas existentes al desestructurar el Sistema Educativo nacional y desplazar al Estado nacional como responsable de garantizar el derecho social a la educaci\u00f3n.<\/p>\n

En un informe publicado recientemente, se\u00f1alaron que la propuesta de Libertad Educativa se articula con un proceso de profundo desfinanciamiento de la Educaci\u00f3n P\u00fablica que se busca consolidar en el Proyecto de Presupuesto para el 2026. Seg\u00fan CTERA, con el presupuesto educativo 2026 se tiende a reducir los fondos que aporta la Naci\u00f3n para Educaci\u00f3n y Cultura del 1,41 % de 2023 a 0,75 % para 2026. De este modo, la Naci\u00f3n contin\u00faa invirtiendo por debajo del 6 % del PBI (en 2024, aport\u00f3 el 4 % y en 2026 prev\u00e9 aportar el 3,9 %).<\/p>\n

Para el a\u00f1o 2026 se proyecta una ca\u00edda del 41,2 % en formaci\u00f3n docente con respecto al 2023 y del 56 % en Educaci\u00f3n T\u00e9cnica con respecto al 2025, y del 95 % en relaci\u00f3n con el 2015. A su vez, el acompa\u00f1amiento a las trayectorias estudiantiles se debilita, en tanto la asignaci\u00f3n de recursos para becas disminuye un 74,3 % con relaci\u00f3n al 2023. Por otra parte, el salario docente para 2026 pierde nuevamente frente a la inflaci\u00f3n.<\/p>\n

En ese marco, el proyecto del Gobierno de Milei establece que la educaci\u00f3n y el conocimiento dejan de ser considerados como un bien p\u00fablico y un derecho personal y social garantizados por el Estado. En su lugar, se entiende al derecho a la educaci\u00f3n \u201ccomo un derecho humano\u201d individual \u201cque tiene por finalidad el pleno desarrollo de la persona en su proyecto de vida y el fortalecimiento del respeto a los derechos y las libertades fundamentales\u201d.<\/p>\n

Con este proyecto, se modifican las responsabilidades en el gobierno de la educaci\u00f3n, la estructura y organizaci\u00f3n del sistema educativo, la definici\u00f3n curricular, el calendario escolar, los modos de contrataci\u00f3n docente, el financiamiento educativo y los criterios de asignaci\u00f3n de recursos.<\/p>\n

En el borrador que se dio a conocer semanas atr\u00e1s, se sostiene que el Estado tiene la \u201cobligaci\u00f3n de garantizar la accesibilidad, establecer contenidos y condiciones m\u00ednimas comunes, y reconocer la validez de titulaciones de la educaci\u00f3n formal\u201d. De este modo, el Estado nacional deja de considerarse responsable indelegable de proveer una educaci\u00f3n integral, permanente y de calidad. Este lugar es reemplazado por el principio de subsidiariedad, seg\u00fan el cual el Estado act\u00faa como \u201cgarante del derecho a la educaci\u00f3n, asegurando acceso y validez\u201d, e \u201cinterviene de manera complementaria, apoyando a las instituciones educativas y actores sociales, cu\u00e1ndo estos no puedan por s\u00ed mismos garantizar el derecho a la educaci\u00f3n\u201d. Esta \u201cresponsabilidad compartida\u201d o \u201ccomplementaria\u201d con respecto a la iniciativa privada, es un claro mecanismo de transferencia de sus hist\u00f3ricas responsabilidades de financiamiento hacia las familias.<\/p>\n

Por otro lado, fija que el criterio para la asignaci\u00f3n de recursos de modo directo a las instituciones educativas se establece a partir de los resultados de evaluaciones estandarizadas nacionales. Esto anula la transferencia de recursos a las provincias para el sostenimiento de los sistemas educativos provinciales. Tambi\u00e9n se ponen en juego principios de eficiencia con relaci\u00f3n a aprendizajes y recursos disponibles.<\/p>\n

Conforme a esto, las autoridades jurisdiccionales dise\u00f1ar\u00edan un sistema de aportes econ\u00f3micos (subsidios) en igualdad de condiciones para instituciones p\u00fablicas y privadas. A la vez, se habilita la posibilidad de financiar a instituciones educativas estatales y privadas (y no al sistema en su conjunto) mediante aportes directos, mediados por mecanismos como la desgravaci\u00f3n impositiva. Esta propuesta fragmenta el funcionamiento del sistema educativo, en tanto dejan de construirse criterios comunes para el financiamiento de la educaci\u00f3n p\u00fablica argentina y las posibilidades de contar con mejores condiciones de ense\u00f1anza queda alojada en las propuestas que generen las instituciones educativas de modo individual.<\/p>\n

La noci\u00f3n de Sistema Educativo nacional desaparece en el proyecto de LLE. El Estado nacional concentra sus funciones en el financiamiento selectivo, la definici\u00f3n de contenidos m\u00ednimos, el desarrollo de pol\u00edticas de evaluaci\u00f3n y la construcci\u00f3n de consensos en el marco del Consejo Federal de Educaci\u00f3n (CFE). El gobierno educativo se traslada a las instituciones, las cuales tienen la potestad de definir planes de estudio, contrataci\u00f3n de docentes y admisi\u00f3n, permanencia y disciplina de estudiantes. “Este planteo resulta inviable, en tanto desconoce funciones educativas y responsabilidades de las provincias, as\u00ed como las legislaciones laborales vigentes”, se\u00f1alan desde la UPEC.<\/p>\n

“En resumen, las propuestas plasmadas en el texto divulgado como proyecto de \u201cLey de Libertad Educativa\u201d constituyen un retroceso del conjunto de logros que como sociedad nos han permitido establecer a la educaci\u00f3n como un derecho y al Estado como responsable de garantizarlo. Este individualismo que apela al mercado como regulador de las relaciones sociales s\u00f3lo puede producir dolor y mayor desigualdad. No es reemplazando la centralidad educativa del Estado por la l\u00f3gica del mercado como se resolver\u00e1n los problemas educativos actuales. La competencia entre escuelas por recursos y matr\u00edcula, as\u00ed como la desescolarizaci\u00f3n impulsada y la ruptura de derechos laborales docentes debilitar\u00e1n la educaci\u00f3n p\u00fablica en su conjunto”, concluyen.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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