{"id":129402,"date":"2025-05-30T14:06:00","date_gmt":"2025-05-30T17:06:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/?p=129402"},"modified":"2025-05-30T14:06:00","modified_gmt":"2025-05-30T17:06:00","slug":"ajuste-en-discapacidad-organizaciones-denunciaron-al-gobierno-ante-la-onu","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/2025\/05\/30\/ajuste-en-discapacidad-organizaciones-denunciaron-al-gobierno-ante-la-onu\/","title":{"rendered":"Ajuste en discapacidad: organizaciones denunciaron al Gobierno ante la ONU"},"content":{"rendered":"

La presentaci\u00f3n fue realizada por asociaciones de personas con discapacidad y de derechos humanos. Adem\u00e1s de las marchas, se reclama una ley de emergencia en el Congreso<\/strong><\/em><\/p>\n

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La cr\u00edtica situaci\u00f3n que atraviesa un universo de m\u00e1s de 1.200.000 personas con discapacidad en la Argentina lleg\u00f3 a Naciones Unidas. Mientras este jueves miles de familias y profesionales del \u00e1rea se movilizan en todo el pa\u00eds para reclamar por la ley de emergencia, diversas organizaciones llevaron el reclamo ante el Comit\u00e9 sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU.<\/p>\n

Dificultad para el acceso a las pensiones, 0% de aumento para los prestadores desde diciembre del a\u00f1o pasado y desfinanciamiento de programas nacionales llevaron al sector a una crisis sin precedentes.<\/p>\n

La denuncia advierte que a fines del a\u00f1o pasado el gobierno de Javier Milei modific\u00f3 por decreto los requisitos para el otorgamiento de pensiones por discapacidad (decreto 843\/24), para acceder una pensi\u00f3n no contributiva por \u201cinvalidez laborativa\u201d, lo que implic\u00f3 un incumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por Argentina, \u201cponiendo en grave riesgo el acceso a derechos b\u00e1sicos por parte de un grupo altamente vulnerado\u201d.<\/p>\n

Ocurre que las pensiones no contributivas por invalidez fueron establecidas por la Ley 13.478 sancionada en 1949, hace m\u00e1s de setenta a\u00f1os. Aquella norma fue modificada y reglamentada en 1997 y no ten\u00eda una mirada verdaderamente inclusiva de las personas con discapacidad. El texto ante la ONU advierte que \u201cse basaba en el modelo m\u00e9dico rehabilitador y desconoc\u00eda las m\u00faltiples barreras que enfrentan las personas con discapacidad para ejercer sus derechos, perpetuando la situaci\u00f3n de dependencia econ\u00f3mica y desconociendo su derecho a vivir con autonom\u00eda\u201d. Diversos fallos judiciales establecieron la inconstitucionalidad de esa norma e instaron al Estado a actualizarla. Sin embargo, el decreto del presidente Milei retoma aquellos conceptos perimidos y reimpone requisitos para acceder a las pensiones que ya fueron declarados inconstitucionales por la justicia argentina.<\/p>\n

La presentaci\u00f3n fue realizada por asociaciones de personas con discapacidad y de derechos humanos, entre ellas Amnist\u00eda Internacional; La Asociaci\u00f3n Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ); el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI).<\/p>\n

El incremento de los requisitos para el otorgamiento de las pensiones -advierte la denuncia- deriva en los hechos en una restricci\u00f3n para acceder a las mismas. Y es, adem\u00e1s, un retroceso que \u201cignora deliberadamente los postulados del modelo social de la discapacidad y del enfoque de derechos humanos, reinstaurando una mirada patologizante, capacitista y discriminatoria\u201d.<\/p>\n

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Auditor\u00edas<\/strong><\/p>\n

En paralelo, el Gobierno comenz\u00f3 con las auditor\u00edas sobre las personas que ya tienen una pensi\u00f3n por invalidez, con el argumento de posibles irregularidades en el otorgamiento. La presentaci\u00f3n ante la ONU advierte sobre la falta de regulaci\u00f3n y de normas para llevarlas a cabo y sobre la evidente intencionalidad de dar de baja a los beneficiarios. Es porque la metodolog\u00eda de notificaci\u00f3n de las revisiones es inaccesible para muchos de los destinatarios.<\/p>\n

\u201cLa \u00fanica v\u00eda utilizada por ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad) para convocar a las personas con discapacidad consiste en el env\u00edo de cartas documento, que para muchas de ellas es un medio inaccesible\u201d. Entre otras cosas, el texto impreso no tiene versi\u00f3n en braille. Tambi\u00e9n, muchos no pueden movilizarse al correo o a recibir el documento en el domicilio. De hecho, el propio Jefe de Gabinete, Guillermo Francos refiri\u00f3 que de un total de 703.430 cartas enviadas, 222.607 no pudieron ser entregadas.<\/p>\n

Adem\u00e1s, se les da a los beneficiarios solo tres semanas para concurrir a la auditor\u00eda, tiempo insuficiente para sacar turnos m\u00e9dicos y obtener los certificados necesarios para volver a probar su condici\u00f3n de discapacidad. \u201cSumado a ello, muchas personas han sido citadas a establecimientos para realizar la auditor\u00eda a grandes distancias de sus domicilios, en algunos casos de hasta 500 kil\u00f3metros\u201d. Para las organizaciones se trata de una medida \u201crestrictiva de derechos\u201d y reclaman que el Poder ejecutivo informe con urgencia el resultado de las auditor\u00edas y cu\u00e1ntas pensiones efectivamente estaban mal otorgadas.<\/p>\n

La denuncia advierte que los criterios viciados y los procedimientos inconvencionales de las auditor\u00edas ponen en situaci\u00f3n de angustia, incertidumbre y estr\u00e9s a miles de personas con discapacidad y sus familias, quienes ya deben enfrentar barreras estructurales y sociales que impiden la plena inclusi\u00f3n; falta de accesibilidad en servicios p\u00fablicos y espacios f\u00edsicos; deficiencias en educaci\u00f3n inclusiva y obst\u00e1culos para acceder al empleo formal, entre otras desigualdades.<\/p>\n

Con estos argumentos, las organizaciones le reclamaron al Comit\u00e9 que inste al Estado argentino a suspender las auditor\u00edas y a informar sobre las ya realizadas y que exhorte al gobierno nacional a adecuar nuevamente las normativas a los est\u00e1ndares elaborados por los organismos internacionales de derechos humanos.<\/p>\n

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Ajuste sin precedentes<\/strong><\/p>\n

Adem\u00e1s del recorte en las pensiones, el sector atraviesa una crisis sin precedentes por el ajuste econ\u00f3mico. Por eso este jueves se convoc\u00f3 a una movilizaci\u00f3n al Congreso Nacional y en las principales ciudades del pa\u00eds.<\/p>\n

Las familias reclaman que se declare por ley la emergencia, que ya tiene dictamen de mayor\u00eda en Diputados y podr\u00eda tratarse en el recinto el pr\u00f3ximo mi\u00e9rcoles 5 de junio.<\/p>\n

Entre otras cuestiones, el nomenclador para las prestaciones no se actualiza desde diciembre del a\u00f1o pasado, lo que pone en serio riesgo la continuidad de las terapias y apoyos que son vitales para las personas con discapacidad. Los montos del transporte para las terapias y centros educativos, y los aranceles quedaron muy atrasados respecto de la inflaci\u00f3n, por lo que muchos centros cerraron y prestadores dejaron de atender. Esto deriv\u00f3 en que, por ejemplo, ni\u00f1as y ni\u00f1os se quedaron sin acompa\u00f1ante terap\u00e9utico o sin integraci\u00f3n escolar porque los profesionales renunciaron. O en que muchos terapeutas comenzaron a cobrar copagos, algo que, en contexto de crisis econ\u00f3mica, muchas familias no pueden afrontar.<\/p>\n

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Ley de emergencia<\/strong><\/p>\n

El proyecto de ley que declara la emergencia en hasta el 31 de diciembre de 2027 en todo el pa\u00eds establece, entre otras cosas, que las pensiones se equiparen al 70% del haber m\u00ednimo jubilatorio, siempre que los ingresos no superen los 2 salarios m\u00ednimos. Al mismo tiempo, que \u201clas disposiciones y los procedimientos sobre revisi\u00f3n y\/o auditor\u00eda m\u00e9dica y socioecon\u00f3mica de las Pensiones deber\u00e1n ser implementadas en formatos accesibles\u201d.<\/p>\n

La iniciativa tambi\u00e9n aplica la actualizaci\u00f3n de los aranceles de los prestadores ajustado por inflaci\u00f3n y una compensaci\u00f3n econ\u00f3mica para los mismos con fondo del Tesoro Nacional; el establecimiento del Certificado \u00danico de Discapacidad (CUD) como documento v\u00e1lido en todo el pa\u00eds y la presentaci\u00f3n por parte del Poder Ejecutivo de un informe anual obligatorio al Congreso y la ciudadan\u00eda sobre la ejecuci\u00f3n presupuestaria, pensiones otorgadas y compensaciones abonadas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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