{"id":107185,"date":"2023-08-30T14:16:39","date_gmt":"2023-08-30T17:16:39","guid":{"rendered":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/?p=107185"},"modified":"2023-08-30T14:16:39","modified_gmt":"2023-08-30T17:16:39","slug":"el-salvador-y-sus-siete-mil-familias-sin-reparacion-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/2023\/08\/30\/el-salvador-y-sus-siete-mil-familias-sin-reparacion-2\/","title":{"rendered":"El Salvador y sus siete mil familias sin reparaci\u00f3n"},"content":{"rendered":"

Tras la liberaci\u00f3n de miles personas, ONG denuncian que una de cada diez fue detenida injustamente por el Gobierno de Bukele durante el r\u00e9gimen de excepci\u00f3n, y piden reparaci\u00f3n para las v\u00edctimas y sus familias<\/strong><\/em><\/p>\n

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Tras la entrada en vigor del r\u00e9gimen de excepci\u00f3n instaurado para combatir a las pandillas, el Gobierno de Nayib Bukele ha tenido que aceptar, indirectamente, que cometi\u00f3 graves errores.<\/p>\n

Seg\u00fan admiti\u00f3 el ministro de Justicia y Seguridad Gustavo Villatoro, hubo que liberar a m\u00e1s de siete mil personas, que fueron detenidas por la Polic\u00eda o por miembros de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), y encarceladas en prisiones desde donde llegan denuncias de tortura y cad\u00e1veres con se\u00f1ales de violencia. Todo, en poco m\u00e1s de un a\u00f1o.<\/p>\n

Varias ONG han estado se\u00f1alando violaciones al debido proceso y a los derechos humanos de personas inocentes que, por vivir en comunidades vulnerables y estigmatizadas por la presencia de pandillas, son detenidas bajo acusaciones de ser parte del crimen organizado.<\/p>\n

Estas personas son usualmente “trabajadoras y trabajadores agr\u00edcolas de las \u00e1reas rurales, de f\u00e1bricas de maquila, de la empresa privada, del mismo Estado, y personas emprendedoras a las que el Estado financi\u00f3 pr\u00e9stamos bancarios y luego los priva de libertad”, explica a DW Mauricio Gonz\u00e1lez, director ejecutivo de la organizaci\u00f3n defensora de derechos humanos Tutela Legal Mar\u00eda Julia Hern\u00e1ndez.<\/p>\n

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“Arbitrariamente, sin pruebas”<\/strong><\/p>\n

“Las declaraciones del ministro Villatoro reafirman que el Estado ha capturado a personas arbitrariamente, sin pruebas que permitan establecer que estas personas pertenecen a grupos delincuenciales. Con estas cifras, pr\u00e1cticamente una de cada diez personas detenidas ha sido capturada de forma injusta. Y esto no debe ser visto como ‘un margen de error’. Son personas y familias que han sido vulneradas de forma injusta y que han pasado meses en la c\u00e1rcel sin deber nada”, declara Danilo Flores, coordinador del Equipo de Procesos de Justicia del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA).<\/p>\n

Mientras, sus familias acuden en masa a las distintas ONG de derechos humanos, buscando ayuda para la presentaci\u00f3n de recursos de habeas corpus. Seg\u00fan declaraciones recopiladas por estas organizaciones, las personas pueden ser liberadas por tres v\u00edas: luego de practicarles la prueba del pol\u00edgrafo (tambi\u00e9n conocido como “detector de mentiras”); por medio de una orden de la Fiscal\u00eda, “en el supuesto de que fueron investigados y no pudieron determinar su participaci\u00f3n en las agrupaciones il\u00edcitas”; o por \u00f3rdenes judiciales, luego de haber pasado una audiencia especial de revisi\u00f3n de medidas solicitadas principalmente por defensores privados.<\/p>\n

“La defensa privada particular o de ONG tiene m\u00e1s ventajas porque son las que m\u00e1s est\u00e1n solicitando audiencias especiales de revisi\u00f3n de medidas”, precisa a DW Ingrid Escobar, abogada de Socorro Jur\u00eddico Humanitario (SJH).<\/p>\n

Sin embargo, estas personas salen de las c\u00e1rceles con \u00f3rdenes de “no visitar centros comerciales, no visitar a familiares de colonias aleda\u00f1as. Es decir, las personas que han salido despu\u00e9s de m\u00e1s de un a\u00f1o de estar privadas de libertad contin\u00faan en sus hogares bajo medidas y siendo visitadas peri\u00f3dicamente por agentes policiales y miembros de la FAES. Eso no es libertad”, argumenta Mauricio Gonz\u00e1lez, desde la direcci\u00f3n de Tutela Legal.<\/p>\n

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Sin esperanzas de reparaci\u00f3n del Estado<\/strong><\/p>\n

Ante tal escenario, las ONG reclaman la reparaci\u00f3n integral, no s\u00f3lo para las siete mil v\u00edctimas directas, sino tambi\u00e9n para sus familias, que sufrieron desde afuera su detenci\u00f3n. “El da\u00f1o causado por el Estado ha sido exponencial”, opina Flores. As\u00ed que deber\u00eda resarcirse “con asistencia m\u00e9dica, psicosocial, restituci\u00f3n, indemnizaci\u00f3n”. Y esto incluir\u00eda “el resarcimiento por el da\u00f1o material y moral, sobre todo, pidiendo perd\u00f3n, reconociendo las injusticias cometidas y dictando garant\u00edas de no repetici\u00f3n”, dice.<\/p>\n

Adem\u00e1s, el Estado tendr\u00eda la obligaci\u00f3n de investigar las vulneraciones que han enfrentado estas personas durante su detenci\u00f3n. Pero, “lastimosamente, la narrativa actual y oficial va en contra de todo esto”, lamenta Flores, desde el IDHUCA.<\/p>\n

M\u00e1s all\u00e1 de esa narrativa, seg\u00fan detalla Gonz\u00e1lez, “no hay una ley que regule y desarrolle la forma de proceder por parte del Estado, la forma de reparar el da\u00f1o causado a tan gran n\u00famero de personas”. Y tampoco “hay una ley vigente que desarrolle un registro de v\u00edctimas y mucho menos la cuant\u00eda de reparaci\u00f3n de los da\u00f1os causados. Lejos de eso, hay una constante amenaza de recaptura”, advierte.<\/p>\n

“No existe ninguna garant\u00eda, ya que muchos de los liberados podr\u00edan ser recapturados y seguir engrosando las filas de prisioneros, pues la mayor\u00eda est\u00e1 libre bajo medidas alternativas a la detenci\u00f3n provisional”, coincide Escobar, de Socorro Jur\u00eddico Humanitario. Y augura que las cosas podr\u00edan empeorar “con las audiencias masivas, hasta llegar a ser condenados por las acciones que han cometido otros”.<\/p>\n

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Sin garant\u00edas de no repetici\u00f3n<\/strong><\/p>\n

“Creemos que, tarde o temprano, la justicia debe llegar para las personas. Es complicado encontrar justicia en un sistema centralizado, en donde una persona puede controlar los tres poderes del Estado, anulando los controles, el debido proceso y las garant\u00edas para un juicio objetivo e imparcial. Sin embargo, la mentira no puede sostenerse por mucho tiempo y, hasta cierto punto, ser\u00e1 insostenible ocultar que han existido capturas de personas inocentes cuando s\u00ed las ha habido”, argumenta Flores.<\/p>\n

En tanto, las familias siguen buscando masivamente a las ONG para denunciar que, en las c\u00e1rceles, sus allegados “est\u00e1n enfermos y est\u00e1n muriendo de desnutrici\u00f3n severa y enfermedades terminales sin atenci\u00f3n m\u00e9dica”, afirma Gonz\u00e1lez.<\/p>\n

“\u00bfEs necesario combatir la delincuencia? Claro, pero no a costa de los derechos que todas y todos tenemos, y no a costa del irrespeto a la institucionalidad y a las leyes. La historia nos demuestra -y los mismos registros actuales lo hacen- que, sin memoria hist\u00f3rica, sin garant\u00edas de no repetici\u00f3n y sin procesos de justicia transicional, una sociedad que busca vivir dignamente no sale adelante”, concluye Flores.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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