El presidente buscará este año una modificación del sistema que le garantice terminar con el PJ y desarticular el sistema tradicional de partidos
Por cierto, lo que más llamará la atención será la puesta en escena, la estridencia de las frases del presidente Javier Milei, las tribunas y los personajes que las habiten, los gritos de los opositores. Pero desde el punto de vista político, lo más relevante que ocurrirá el próximo 1° de marzo en la apertura de sesiones ordinarias que presidirá el titular del Poder Ejecutivo, será el anuncio de un proyecto que modificará el diseño electoral y que apunta a garantizarle su reelección.
Después del éxito de la boleta única de papel, que le permitió, en buena parte, dar vuelta un resultado electoral adverso en Provincia de Buenos Aires en solamente un mes el año pasado, el presidente seguirá adelante con reformas que tendrán siempre como excusa el ahorro fiscal, pero que conllevan detrás una clara intencionalidad política: quitarle chances a la oposición y socavar la forma en que los partidos tradicionales han sostenido sus estructuras el último siglo.
Lo que hemos visto en las sesiones extraordinarias será seguramente el estigma de los tiempos por venir a lo largo de todo este 2026: bloque oficialista fuerte, aliados mansitos y obedientes, y una oposición fragmentada e impotente que no es capaz de mantener a los legisladores ni siquiera dentro de su bloque. Y todo ello, por cierto, colaborará a que, por primera vez en mucho tiempo, buena parte de la política vote en el Congreso contra sí misma.
Es importante revisar los puntos principales de dicha iniciativa y analizar los porque en cada uno de los casos.
Derogación de las PASO
El proyecto modificará sustancialmente el modo en que los partidos o alianzas seleccionan sus candidatos. En las elecciones de 2025 las PASO estuvieron suspendidas, pero se notó menos, por el simple hecho de que no había elección a presidente. Pero si la derogación prospera, será la primera vez desde las presidenciales de 2007 en que los argentinos votemos sin primarias.
El argumento del gobierno para su derogación es tanto fiscal como de orden práctico. La sociedad nunca entendió que las PASO le otorgaban la posibilidad de ser parte de la selección de la oferta electoral para el comicio general. Más bien, en medio del fracaso de la política para resolver sus problemas, lo asumió como una molestia adicional, una encuesta previa innecesaria. Los detractores del sistema así lo plantearon y el hartazgo social abonó esa línea de razonamiento.
Por otro lado, el argumento fiscal tampoco es ocioso. La sociedad también es refractaria a seguir gastando dinero en la política y la PASO es, sin dudas, un enorme gasto. Según estimaciones de la Dirección Nacional Electoral, la supresión de las primarias generaría un ahorro de casi 70 millones de dólares (en 2023 la inversión fue de aproximadamente 69,3 millones de la moneda norteamericana).
Pero el interés sustancial del oficialismo pasa por otro lado. El partido de gobierno no tiene dudas y no necesita dirimir internas. Siendo las que vienen elecciones presidenciales, no hay otro candidato que el propio presidente Milei para su reelección y, para todos los demás cargos, la elección de medio término de 2025 dejó algo claro: los candidatos son los que elige Karina Milei en cada distrito y no otros, nada de internas ni delirios democráticos. Por ende, está claro, las primarias abiertas, desde el punto de vista político, al gobierno no le sirven para nada.
Sin embargo si le servirían a la oposición peronista. Sin un liderazgo claro, con una lucha de egos y ambiciones encarnizada, las primarias funcionarían como ordenadoras, alguien se impondría en ellas, los demás tendrían la posibilidad de alinearse tras el triunfador y tal vez, llevar un peronismo orgánico a la elección general, algo que al oficialismo, quizás, podría complicarle la elección.
Es cierto que ese ordenamiento podría producirse sin PASO, en 1989 el PJ realizó internas presidenciales, Carlos Menem se impuso sorpresivamente a Antonio Cafiero y rápidamente el peronismo se reordenó detrás del riojano. Pero son otros tiempos, y es complejo creer hoy que ese fenómeno pueda ocurrir si la ley no fuerza la situación.
Así las cosas, al margen de las más que válidas excusas de matriz fiscal, al gobierno no le conviene para nada, desde el punto de vista político, que las PASO sigan existiendo.
La ley de financiamiento de Partidos Políticos
Otra de las normas que el gobierno apunta a modificar es justamente la del subtítulo. El Gobierno propone al respecto un giro de 180 grados: que el Estado deje de financiar las campañas electorales, trasladando la carga económica íntegramente al sector privado. De este modo piensa subir el techo de aportes privados a tales campañas o tal vez eliminar los topes y suprimir el aporte estatal o reducirlo al mínimo posible. Esto quita posibilidades de mostrarse competitivos a los partidos de menor calado político y fortalece a aquellos con aspiraciones más legítimas de llegar al poder. Además, otorga un peso adicional a las personas físicas o jurídicas con mayores recursos para influir en la política.
Por otra parte, también se restringiría al mínimo posible o directamente se derogaría, la obligatoriedad de los medios de comunicación de ceder espacios gratuitos para publicidad de campaña. Hoy, los medios deben ceder esos espacios gratuitamente, a costa de su propia publicidad privada, para que la Dirección Nacional Electoral los distribuya entre los partidos que participan de la contienda.
La idea consiste en volver al sistema previo a la reforma de 2009 y hacerlo muy similar al de países como los Estados Unidos: cada fuerza política deberá comprar sus propios minutos de aire en el mercado de medios, a las mismas tarifas que cualquier anunciante privado. A más recursos invertidos en eso, mayor difusión de su propuesta.
Por cierto, y como es lógico, el partido de gobierno con serias chances de reelegir, debería ser el favorito para recibir aportes privados para su campaña. Otra vez, la medida con anclaje discursivo fiscal, dado que el estado podría ahorrar otros 40 millones de dólares en financiamiento, favorece las aspiraciones del partido de gobierno.
La expectativa se centra ahora en el próximo 1° de marzo, cuando el presidente Milei inaugure las sesiones ordinarias. Se espera que el mandatario ratifique este rumbo como una prioridad absoluta, marcando el inicio de una batalla legislativa que definirá no solo cuánto cuesta votar, sino quiénes podrán competir en la Argentina del futuro. Con el déficit cero como bandera, el Gobierno se prepara para otra pulseada histórica en el recinto, donde la política deberá votar un proyecto que va en contra de los intereses de la propia política, al menos de la tradicional, sin dudas sería un hito histórico.
