El proyecto de Ley Penal Juvenil propone reducir la edad de imputabilidad y crear un nuevo régimen penal para adolescentes, con sanciones diferenciadas, medidas educativas y un sistema específico de detención y reinserción social
Mientras avanza la reforma laboral, el Gobierno nacional activa otro debate: la transformación del régimen especializado en menores de edad. La Ley Penal Juvenil, promovida por el oficialismo y empujada por Patricia Bullrich desde su banca en el Senado, busca modificar el actual Régimen Penal de la Minoridad y establecer un nuevo marco jurídico para adolescentes en conflicto con la ley penal.
El eje del proyecto está puesto en la baja de la edad de imputabilidad y en la creación de un régimen penal diferenciado, que combine sanción, dispositivos educativos, control judicial y mecanismos de reinserción social bajo un esquema específico para menores de edad.
La iniciativa fue incluida en el temario de sesiones extraordinarias que se desarrollarán entre el 2 y el 27 de febrero. Según confirmó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el oficialismo pretende abrir el debate parlamentario en febrero, aunque en el propio bloque libertario reconocen que los plazos legislativos son ajustados y que el tratamiento podría extenderse al período ordinario que comienza el 1° de marzo.
El objetivo es avanzar con un nuevo régimen penal juvenil que reemplace la Ley 22.278, vigente desde 1980, a la que el Ejecutivo considera “desactualizada” frente a los estándares constitucionales y los tratados internacionales de derechos humanos.
El eje central: la baja de la edad de imputabilidad
Actualmente, en Argentina la edad de imputabilidad penal es de 16 años. El proyecto oficial propone bajarla a los 13 años, incorporando a los adolescentes a un régimen penal especial. En la fundamentación, el Gobierno libertario sostiene que el sistema vigente “genera situaciones de impunidad” y que la legislación argentina quedó “desfasada” respecto del resto de la región, donde varios países fijaron edades más bajas de responsabilidad penal juvenil.
En la fundamentación del proyecto se citan casos de países vecinos como Brasil, Uruguay, Chile, Colombia y Perú. Desde Casa Rosada plantean que la reforma apunta a reducir la criminalidad juvenil y dar una respuesta institucional a delitos graves cometidos por menores.
El debate volvió a instalarse tras el crimen de Jeremías Monzón en Santa Fe, utilizado por el oficialismo como argumento para reforzar la necesidad de la reforma. Patricia Bullrich retomó públicamente el tema y lo colocó como una de las banderas centrales de la agenda de seguridad de La Libertad Avanza. En paralelo, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, también anticipó que la baja de la edad de imputabilidad forma parte del núcleo de reformas estructurales que el oficialismo pretende impulsar en el Congreso.
Qué cambia con la nueva ley
El nuevo régimen se aplicaría a adolescentes de entre 13 y 18 años. El texto legal establece que la finalidad del régimen es “fomentar la responsabilidad legal del adolescente por sus actos”, pero también su educación, resocialización e integración social. En esa línea, se incorporan principios de debido proceso, derecho a la defensa, presunción de inocencia, proporcionalidad de las penas, tratamiento diferenciado por edad y una interpretación judicial especialmente protectora por tratarse de menores de edad.
El proyecto prohíbe expresamente que los adolescentes sean detenidos junto a adultos y fija que toda privación de la libertad deberá realizarse en institutos especializados o en espacios separados dentro del sistema penitenciario, bajo personal capacitado y con un enfoque educativo y formativo.
El proyecto prohíbe la prisión perpetua para adolescentes y fija un tope máximo de 20 años de privación de libertad. Además, habilita la posibilidad de sustituciones parciales de la pena una vez cumplidos dos tercios de la condena, mediante esquemas de cumplimiento alternativo, siempre bajo control judicial y evaluación técnica.
El esquema, según el Ejecutivo, busca consolidar un modelo de control estatal permanente, que no se limite a la sanción penal sino que articule intervención judicial, dispositivos educativos y políticas de reinserción social bajo un régimen específico para menores de edad.
Con su inclusión en el temario de sesiones extraordinarias, el oficialismo intenta convertir la Ley Penal Juvenil en uno de los pilares de su agenda legislativa de 2026, en paralelo a la reforma laboral y otros proyectos estructurales. El debate pone en discusión el modelo de política criminal del Estado, el rol del sistema penal frente a la adolescencia y el equilibrio entre seguridad pública, derechos y resocialización en un contexto de alta conflictividad social y fuerte disputa política.
