Con el Presupuesto 2026 sancionado, el Gobierno prepara sesiones extraordinarias con reformas estructurales
La aprobación del Presupuesto 2026 le dio al gobierno de Javier Milei el piso político que buscaba para encarar el tercer año de gestión. Con las cuentas ordenadas según el manual del déficit cero, la Casa Rosada afina ahora la agenda de sesiones extraordinarias y pone el foco en los proyectos de ley para 2026 que considera centrales para profundizar el plan económico y reconfigurar reglas laborales y penales. El objetivo es claro y sin rodeos: usar el verano para reagruparse y volver al Congreso a fines de enero o comienzos de febrero con un paquete de reformas que promete alta tensión parlamentaria.
La hoja de ruta incluye cuatro iniciativas que ya generan resistencia abierta de la oposición, los sindicatos, los gobernadores y las organizaciones ambientales: reforma laboral, reforma del Código Penal, modificación de la Ley de Glaciares y el denominado Compromiso Fiscal.
Reforma laboral: la batalla central
La reforma laboral es el proyecto más sensible para el oficialismo y también el más conflictivo. En diciembre sufrió un freno inesperado en el Senado, cuando el tratamiento debió postergarse ante la falta de acuerdos. Ese episodio expuso las dificultades del Gobierno para ordenar a los bloques dialoguistas y marcó el primer traspié serio de Patricia Bullrich en la Cámara Alta, con Victoria Villarruel sin lograr alinear voluntades.
Lejos de retroceder, el Ejecutivo redobló la apuesta. El texto propone cambios profundos en las relaciones de trabajo, con impacto tanto en nuevas contrataciones como en vínculos laborales vigentes. Entre los puntos más discutidos aparecen la ampliación de los períodos de prueba, la eliminación de multas por empleo mal registrado y un nuevo esquema de indemnizaciones que reduce el costo del despido para las empresas. Para el Gobierno, es una ley “imprescindible”; para los gremios, una línea roja.
Código Penal: endurecimiento y protesta bajo la lupa
La reforma del Código Penal es otro frente caliente, presentada por Bullrich bajo el lema “el que las hace, las paga”. El paquete endurece penas para:
- Delitos callejeros.
- Baja la edad de imputabilidad.
Tipifica como delito los cortes de ruta y las protestas que impidan la circulación, un punto que encendió alarmas en organismos de derechos humanos.
Aunque el proyecto se lanzó cuando Bullrich todavía ocupaba el Ministerio de Seguridad, la defensa parlamentaria queda en manos de los bloques de La Libertad Avanza, que buscan capitalizar el discurso de la inseguridad. Varias organizaciones ya adelantaron que consideran la iniciativa inconstitucional.
Ley de Glaciares: minería versus agua
En el plano ambiental, el Gobierno vuelve a la carga con la modificación de la Ley de Glaciares. El proyecto apunta a habilitar actividades económicas en zonas periglaciares hoy protegidas, un cambio que beneficia a grandes empresas mineras y pone en discusión la protección de las principales reservas de agua dulce del país, que es una de las más grandes del mundo. La propuesta, presentada en diciembre, generó un rechazo inmediato de asambleas ambientales y organizaciones sociales, que anticiparon movilizaciones si el Congreso avanza.
Compromiso Fiscal: ajuste con sello federal
El Compromiso Fiscal es una iniciativa que, bajo un nombre técnico, busca extender el ajuste nacional a las provincias. Tras la sanción del Presupuesto, el equipo económico de Luis Caputo pretende obligar a los gobernadores a replicar el recorte del gasto público en sus distritos. La herramienta incluiría condicionamientos judiciales y administrativos para las jurisdicciones que no se alineen con el déficit cero, atando el envío de fondos coparticipables y discrecionales a la firma del acuerdo.
