Pese a la resistencia de la población y a las alertas de organismos ambientalistas, legisladores mendocinos apoyaron una batería de iniciativas mineras que habilitan explotación, exploración y un nuevo esquema de regalías. Las medidas renuevan reclamos ante los efectos que tendría en el agua
Por amplia mayoría, el Senado de Mendoza aprobó este martes la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto PSJ Cobre Mendocino durante una sesión que estuvo atravesada por protestas sociales y cuestionamientos de los sectores opositores que marcaron un avance decisivo del oficialismo radical sobre iniciativas que, según especialistas, ponen en riesgo recursos hídricos en plena crisis provincial.
El hecho más relevante de la jornada fue la sanción al proyecto San Jorge, rebautizado oficialmente como PSJ Cobre Mendocino, que habilita a la empresa Minera San Jorge S.A., integrada por capitales suizos y argentinos, a iniciar la etapa de factibilidad con una inversión proyectada de u$s559 millones y estimaciones productivas de hasta 70.000 toneladas de cobre fino al año, números que para el Gobierno representan un “hito productivo”.
Mientras el Ejecutivo celebró la aprobación como una señal de “previsibilidad” para los inversores, organismos como el Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Árida (IADIZ) y la Universidad Nacional de Cuyo advirtieron sobre deficiencias en el estudio ambiental, especialmente por el impacto sobre la cuenca del Río Mendoza, remarcando riesgos en el agua, el suelo y la biodiversidad, además de áreas estratégicas como la vitivinicultura. Dichas inquietudes movilizaron a miles de personas desde Uspallata y el Valle de Uco hacia la Plaza Independencia.
La Legislatura también dio vía libre a 27 proyectos exploratorios en el Distrito Minero Occidental II de Malargüe, un paquete que el oficialismo impulsó como segunda etapa del desarrollo minero provincial y que incluye exigencias de monitoreo en zonas altas.
En paralelo, el Senado aprobó la nueva Ley de Regalías Mineras, que redefine el cálculo, control y distribución de los fondos, establece trazabilidad obligatoria y destina una parte de los recursos a los municipios que adhieran al régimen, alineándose con la Ley Nacional de Inversiones Mineras.
Otra de las iniciativas votadas fue la creación del Fondo de Compensación Ambiental, pensado para financiar acciones de mitigación y restauración cuando los responsables de daños no puedan responder.
En total, la aprobación del paquete minero se destrabó con amplias mayorías: la DIA de PSJ Cobre Mendocino obtuvo 29 votos a favor, 6 en contra y una abstención, mientras que las 27 iniciativas del Distrito Minero Occidental II y las leyes de regalías y del Fondo de Compensación Ambiental superaron los 30 apoyos, con apenas entre 3 y 6 rechazos según cada proyecto.
Pese a las advertencias, legisladores oficialistas y afines a este insistieron en que la DIA de San Jorge pasó por un proceso técnico “riguroso”. Por su parte, la oposición anticipó judicializaciones y vecinos autoconvocados volvieron a advertir en la calle que “el agua no se negocia”, consigna que marcó una jornada que reabre un conflicto histórico en Mendoza.
