La iniciativa, según el Gobierno, busca garantizar el derecho constitucional de enseñar y aprender. El mismo establece un rol preferente de las familias y fija al Estado como subsidiario de ese rol. Es decir, se desplaza la responsabilidad estatal al entorno familiar e individual. Por otro lado, promueve la diversidad de proyectos pedagógicos e incluye nuevas reglas para la educación básica, formas alternativas de enseñanza que imitan el sistema norteamericano, además de la reducción del financiamiento estatal
El Poder Ejecutivo remitirá al Congreso, para su tratamiento en sesiones extraordinarias, el proyecto de Ley de Libertad Educativa (LLE), que redefine el sistema nacional de educación sobre supuestos principios de libertad, justicia y pluralismo. Se trata de otra de las propuestas del Consejo de Mayo: deroga la Ley de Educación Nacional y establece un marco que otorga mayor autonomía a las instituciones, reconoce la educación en el hogar y en entornos virtuales.
La iniciativa que enviará el Gobierno al Parlamento plantea un cambio profundo en la organización del sistema educativo argentino. El proyecto consagra la libertad educativa como derecho fundamental, reconoce el rol preferente de las familias en la formación de sus hijos y establece que el Estado solo actúa como garante del acceso y la permanencia, sin sustituir la responsabilidad individual ni la iniciativa social.
Entre los puntos centrales, la ley define un Sistema Nacional de Educación basado en la autonomía institucional y la diversidad pedagógica, asegurando igualdad de trato entre instituciones estatales y privadas. Se garantiza la gratuidad en las escuelas públicas y se prevé financiamiento equitativo para todas las instituciones, mediante criterios centrados en el estudiante, incluyendo aportes regulares a instituciones privadas y dispositivos como vales o becas para garantizar la libre elección de escuela. Es decir, se refuerza la idea de financiar a la demanda y que escuelas y colegios compitan entre ellos.
La propuesta también incorpora formas alternativas de enseñanza imitando el sistema de Estados Unidos, como la educación en el hogar y en entornos virtuales, con mecanismos de acreditación basados en evaluaciones estandarizadas. Además, establece contenidos mínimos comunes para todo el país y crea el Examen Nacional de Educación Secundaria (ENES) como herramienta voluntaria para medir aprendizajes al finalizar la escolaridad obligatoria.
Según especialistas de la UPEC, cuatro rasgos sobresalen en esta propuesta. En primer lugar, no recupera estudios ni diagnósticos sobre los actuales problemas educativos que lo justifiquen; no da cuenta de los diálogos y consensos largamente construidos entre diferentes actores de la sociedad; introduce la lógica de mercado como organizador del gobierno educativo; y profundiza las desigualdades educativas existentes al desestructurar el Sistema Educativo nacional y desplazar al Estado nacional como responsable de garantizar el derecho social a la educación.
En un informe publicado recientemente, señalaron que la propuesta de Libertad Educativa se articula con un proceso de profundo desfinanciamiento de la Educación Pública que se busca consolidar en el Proyecto de Presupuesto para el 2026. Según CTERA, con el presupuesto educativo 2026 se tiende a reducir los fondos que aporta la Nación para Educación y Cultura del 1,41 % de 2023 a 0,75 % para 2026. De este modo, la Nación continúa invirtiendo por debajo del 6 % del PBI (en 2024, aportó el 4 % y en 2026 prevé aportar el 3,9 %).
Para el año 2026 se proyecta una caída del 41,2 % en formación docente con respecto al 2023 y del 56 % en Educación Técnica con respecto al 2025, y del 95 % en relación con el 2015. A su vez, el acompañamiento a las trayectorias estudiantiles se debilita, en tanto la asignación de recursos para becas disminuye un 74,3 % con relación al 2023. Por otra parte, el salario docente para 2026 pierde nuevamente frente a la inflación.
En ese marco, el proyecto del Gobierno de Milei establece que la educación y el conocimiento dejan de ser considerados como un bien público y un derecho personal y social garantizados por el Estado. En su lugar, se entiende al derecho a la educación “como un derecho humano” individual “que tiene por finalidad el pleno desarrollo de la persona en su proyecto de vida y el fortalecimiento del respeto a los derechos y las libertades fundamentales”.
Con este proyecto, se modifican las responsabilidades en el gobierno de la educación, la estructura y organización del sistema educativo, la definición curricular, el calendario escolar, los modos de contratación docente, el financiamiento educativo y los criterios de asignación de recursos.
En el borrador que se dio a conocer semanas atrás, se sostiene que el Estado tiene la “obligación de garantizar la accesibilidad, establecer contenidos y condiciones mínimas comunes, y reconocer la validez de titulaciones de la educación formal”. De este modo, el Estado nacional deja de considerarse responsable indelegable de proveer una educación integral, permanente y de calidad. Este lugar es reemplazado por el principio de subsidiariedad, según el cual el Estado actúa como “garante del derecho a la educación, asegurando acceso y validez”, e “interviene de manera complementaria, apoyando a las instituciones educativas y actores sociales, cuándo estos no puedan por sí mismos garantizar el derecho a la educación”. Esta “responsabilidad compartida” o “complementaria” con respecto a la iniciativa privada, es un claro mecanismo de transferencia de sus históricas responsabilidades de financiamiento hacia las familias.
Por otro lado, fija que el criterio para la asignación de recursos de modo directo a las instituciones educativas se establece a partir de los resultados de evaluaciones estandarizadas nacionales. Esto anula la transferencia de recursos a las provincias para el sostenimiento de los sistemas educativos provinciales. También se ponen en juego principios de eficiencia con relación a aprendizajes y recursos disponibles.
Conforme a esto, las autoridades jurisdiccionales diseñarían un sistema de aportes económicos (subsidios) en igualdad de condiciones para instituciones públicas y privadas. A la vez, se habilita la posibilidad de financiar a instituciones educativas estatales y privadas (y no al sistema en su conjunto) mediante aportes directos, mediados por mecanismos como la desgravación impositiva. Esta propuesta fragmenta el funcionamiento del sistema educativo, en tanto dejan de construirse criterios comunes para el financiamiento de la educación pública argentina y las posibilidades de contar con mejores condiciones de enseñanza queda alojada en las propuestas que generen las instituciones educativas de modo individual.
La noción de Sistema Educativo nacional desaparece en el proyecto de LLE. El Estado nacional concentra sus funciones en el financiamiento selectivo, la definición de contenidos mínimos, el desarrollo de políticas de evaluación y la construcción de consensos en el marco del Consejo Federal de Educación (CFE). El gobierno educativo se traslada a las instituciones, las cuales tienen la potestad de definir planes de estudio, contratación de docentes y admisión, permanencia y disciplina de estudiantes. “Este planteo resulta inviable, en tanto desconoce funciones educativas y responsabilidades de las provincias, así como las legislaciones laborales vigentes”, señalan desde la UPEC.
“En resumen, las propuestas plasmadas en el texto divulgado como proyecto de “Ley de Libertad Educativa” constituyen un retroceso del conjunto de logros que como sociedad nos han permitido establecer a la educación como un derecho y al Estado como responsable de garantizarlo. Este individualismo que apela al mercado como regulador de las relaciones sociales sólo puede producir dolor y mayor desigualdad. No es reemplazando la centralidad educativa del Estado por la lógica del mercado como se resolverán los problemas educativos actuales. La competencia entre escuelas por recursos y matrícula, así como la desescolarización impulsada y la ruptura de derechos laborales docentes debilitarán la educación pública en su conjunto”, concluyen.
