A un día de que venciera el plazo legal para su promulgación, el Ejecutivo oficializó las leyes de Emergencia Pediátrica y de Financiamiento Universitario, pero postergó su puesta en marcha hasta que el Congreso defina cómo se financiarán las medidas
El Ejecutivo promulgó este martes las normas 27.795 y 27.796, que contemplan la recomposición del salario docente y la actualización del presupuesto universitario junto a la emergencia sanitaria pediátrica. Sin embargo, por medio de decretos publicados en el Boletín Oficial, resolvió suspender su ejecución “hasta tanto el Congreso de la Nación determine las fuentes de su financiamiento”.
Como ya ocurrió con la ley de Emergencia en Discapacidad, el Ejecutivo trasladó al Poder Legislativo la responsabilidad de definir de dónde saldrán los fondos. En los considerandos, se insistió en que la aplicación quedará en pausa hasta que las partidas se incorporen al Presupuesto nacional, lo que deja en incertidumbre a universidades y hospitales que atraviesan un crítico desfinanciamiento.
La ley universitaria prevé actualizar las partidas para educación, hospitales universitarios, ciencia y tecnología a partir del 1° de enero de 2025, tomando como referencia la inflación acumulada de 2023 y 2024. Además, establece subas bimestrales por IPC durante todo 2025 y una recomposición salarial para docentes y no docentes con ajuste mensual por inflación.
La medida recuerda al 2024, cuando Milei vetó una ley similar que había contado con amplio respaldo parlamentario. Según la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), pese al incremento nominal del 29% dispuesto por el Ejecutivo, el presupuesto universitario proyectado para 2025 será el más bajo en veinte años, con una caída real del 32% desde 2023.
El lunes, ante la inminencia del vencimiento del plazo, los gremios universitarios resolvieron convocar a un paro nacional y a una jornada de protesta para visibilizar el reclamo. La medida fue definida como una respuesta directa al silencio del Ejecutivo y busca presionar al Gobierno para que cumpla con la ley sancionada por amplia mayoría en el Congreso.
En el caso de la Emergencia Pediátrica, la norma prioriza fondos para medicamentos, vacunas, equipamiento y salarios del personal de salud infantil, además de permitir la compra directa de insumos críticos. También exime del pago de Ganancias a trabajadores del sector por horas extras y guardias. Sin embargo, su vigencia dependerá, otra vez, de una decisión legislativa que el Gobierno usa como argumento para demorar su cumplimiento.
