El Congreso le marca la cancha a Milei: buscan rechazar el veto a Discapacidad y frenar los DNU. El oficialismo, sin margen para frenar la ola
Este jueves desde las 11, el Senado se prepara para una sesión que promete sacudir la Casa Rosada. Con una agenda acordada entre bloques opositores, se tratarán dos proyectos que apuntan directamente contra el corazón del esquema de poder del presidente Javier Milei: la reversión del veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad y una reforma de la ley de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU).
La movida parlamentaria llega tras meses de acumulación de tensiones con el Ejecutivo. Desde el rechazo a los pliegos de jueces de la Corte Suprema en abril, el oficialismo no consiguió una sola victoria en la Cámara alta. Esta vez, no solo se arriesga a una nueva derrota, sino a algo que no ocurre desde 2003: que el Congreso derogue un veto presidencial.
Qué dice la ley vetada por Milei
La Ley de Emergencia en Discapacidad fue aprobada en julio con apoyo casi total del Senado (55 votos a favor, 17 ausentes del oficialismo). Establecía una serie de medidas urgentes:
- Garantía de fondos hasta diciembre de 2027 para prestadores (enfermeros, acompañantes, transportistas)
- Actualización de pensiones y restablecimiento de su proceso de aprobación
- Aumento a trabajadores con discapacidad en talleres asistidos (actualmente cobran $28.000 desde febrero de 2023)
- Actualización de prestaciones, que el Gobierno prometió el 20 de agosto pero aún no ejecutó
El respaldo político a la iniciativa se consolidó aún más tras los recientes votos en el Senado: 58 para el financiamiento universitario y 60 para la emergencia pediátrica. En esa línea, se espera que el rechazo al veto supere cómodamente los dos tercios necesarios.
Judicialización y no ejecución: la estrategia del Ejecutivo
Según fuentes cercanas a la Casa Rosada, en caso de que se revierta el veto, el Gobierno no planea judicializar directamente la ley. En cambio, apostaría a no ejecutarla plenamente, dejando que sean los beneficiarios quienes presenten recursos ante la Justicia.
Esta estrategia dilatoria ya permitió al Ejecutivo evitar actualizaciones presupuestarias durante todo 2025. De hecho, recién ahora —entrando en septiembre— se mantiene el reclamo por parte de prestadores y familias frente a la Agencia Nacional de Discapacidad, donde este miércoles volvió a haber movilizaciones.
En paralelo, la provincia de Salta presentó una acción judicial por la suspensión de pagos, y desde el peronismo aseguran que ya ofrecen asistencia jurídica en los puntos de protesta, previendo el conflicto que se avecina.
Unión por la Patria se alinea con el colectivo de discapacidad
En la previa de la sesión, el interbloque de Unión por la Patria se reunió con familiares, prestadores y personas con discapacidad que encabezaron las protestas de las últimas semanas. El encuentro, liderado por José Mayans, incluyó a figuras como la actriz Valentina Bassi y referentes de organizaciones como Dravet Argentina, SIPREBA, y la Asociación de Electrodependientes.
“Acá tenemos 34 votos en contra del veto”, dijo Mayans, en una señal clara de que la oposición tiene los números para avanzar. Los legisladores destacaron la “lucha en la calle” y aseguraron que el Senado responderá “con el voto que corresponde”.
La otra bomba: limitación a los DNU de Milei
El segundo proyecto que se tratará este jueves busca modificar la Ley 26.122, que regula los DNU. En resumen, propone:
- Establecer un plazo de 90 días para que el Congreso ratifique un DNU (ya no para revocarlo)
- Requiere solo mayoría simple en una sola cámara
- Exige que cada decreto se limite a una sola área técnica, evitando megadecretos como el 70/2023
Este nuevo consenso involucra a todo el arco opositor, desde el PRO hasta Unión por la Patria, pasando por radicales e interbloques provinciales. Aunque la ley actual fue sancionada en 2006 con impulso del kirchnerismo, esta vez el peronismo acompaña, entendiendo que la concentración de poder en el Ejecutivo no distingue colores políticos.
Aunque este proyecto no implica costo fiscal, el Ejecutivo podría igualmente vetarlo. Sin embargo, el respaldo parlamentario anticipa un nuevo round legislativo. La gran pregunta es si Milei insistirá con su política de choque o buscará recomponer puentes con un Congreso que, al menos por ahora, le cerró la puerta.
