El abandono de Argentina del Consejo de Derechos humanos de la ONU es un repudio a la lucha por la verdad y la justicia

El gobierno argentino se suma al dispositivo de Donald Trump para no rendir cuentas a la comunidad internacional sobre violaciones espantosas de los derechos humanos, protegiendo la impunidad en Nicaragua y Venezuela, e ignorando las atrocidades cometidas por Israel en Palestina

 

 

El próximo lunes se inicia en Ginebra la última sesión anual del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Washington informó que no comparecería para responder a preguntas sobre derechos humanos que pudieran hacerle cualquier otro país, un ejercicio que todos los gobiernos hacen, denominado Examen Periódico Universal (EPU). Estados Unidos sigue los pasos de Nicaragua, negándose a comparecer. La Argentina, a su manera, podría sumarse al escándalo.

Buenos Aires parece haber sido descubierta en flagrante inacción ante la criminalidad regional. La Argentina había dejado de ser miembro del Consejo el año pasado porque fue electa por 2 períodos consecutivos (2019-2021 y 2022-2024) y no podía optar por la reelección inmediata. No obstante, el gobierno de Javier Milei pareció tentado de volver porque decidió seguir adelante con la candidatura lanzada por la administración de Alberto Fernández para las elecciones que tendrán lugar el 14 de octubre próximo en la Asamblea General en Nueva York. Sin embargo, teniendo los votos acordados con otros países para retornar al Consejo nuevamente del 2026 al 2028, desistió de hacerlo, cediéndole el lugar a Ecuador, sin librar combate por votación.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU actúa en Ginebra y lo integran 47 Naciones elegidas en Nueva York por el voto secreto de la Asamblea General. Cada año se renueva un tercio de esos 47 países. Hasta fines del 2025, los 8 Estados que representan a América Latina y el Caribe son Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, México y República Dominicana. Chile y Costa Rica finalizan sus mandatos el 31 de diciembre del presente año. Chile lo renueva para el periodo 2026 al 2028 y Ecuador pasa a ocupar el lugar potencialmente disponible para la Argentina, que tenía holgadamente los votos necesarios para ser electa a través de intercambios de apoyos realizados por notas verbales, con más de una centena de países, a lo largo de 4 años de arduo trabajo diplomático. Ecuador, con su espantoso pasivo, no podía ser un rival de peso.

En el Consejo de Derechos Humanos de la ONU se tratan temas como el impacto del cambio climático en los derechos humanos, los derechos de las personas LGTBI, y las violaciones de las libertades civiles y políticas en Cuba, Venezuela, Nicaragua, China e Irán, entre otros. En la sesión que se inicia el lunes, destacan las investigaciones del Alto Comisionado de la ONU para derechos Humanos sobre Nicaragua y las indagaciones en profundidad de 3 expertos independientes sobre la represión transnacional del gobierno Ortega-Murillo, las cuales no tienen aún definición en el derecho internacional, pues son violaciones perpetradas por un Estado y sus agentes en contra de sus nacionales que se encuentran fuera de su territorio. Es una manera perversa de seguir castigando y silenciando opositores, incluso cuando hayan salido al exilio. Asimismo, incluyen violaciones contra familiares de refugiados que se encuentran en el país para presionar a los que debieron escapar de la represión huyendo al extranjero.

La Argentina fue autora principal de las resoluciones sobre Nicaragua y Venezuela durante la presidencia de Mauricio Macri, origen de esta crónica. En 2024 la Argentina, como miembro del Consejo y ya con Javier Milei como Presidente, contribuiría con su voto a la renovación de los mandatos de las comisiones de investigación sobre violaciones de los derechos humanos establecidos por ambas resoluciones. El retiro ahora de su candidatura para volver al Consejo y así desmantelar el mecanismo original, significa repudiar la lucha por la verdad y la justicia en el punto clave del dispositivo de la ONU a tal efecto, menospreciando a las víctimas de las dictaduras de Ortega-Murillo y de Nicolás Maduro. El impacto es continental e imperdonable.

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