El Ministerio de Justicia precisó cómo funcionará el Procedimiento de Mediación Prejudicial en Materia de Salud (PROMESA), creado tras el fuerte aumento de amparos por cobertura médica. La inscripción de mediadores y la gestión de trámites será digital en todo el país
El Gobierno reglamentó este martes la implementación del Procedimiento de Mediación Prejudicial en Materia de Salud (PROMESA), dispuesto hace casi dos meses, tras registrarse un incremento de más del 400% en los amparos vinculados al sistema de salud, con el objetivo de dar una vía rápida a los reclamos de los usuarios.
La medida, efectivizada a través de la Resolución 1062/2025 publicada hoy en el Boletín Oficial, sustituye el Anexo I de la Resolución 2740/2012, que regulaba el Registro Nacional de Mediación, y elimina formularios y requisitos considerados obsoletos. Además, se estableció la digitalización total de la inscripción y gestión de mediadores a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD), lo que evita la necesidad de realizar gestiones presenciales en la Dirección Nacional de Mediación y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos.
Qué es PROMESA, la instancia para dirimir reclamos en salud
El nuevo esquema se enmarca en el Decreto de Necesidad y Urgencia 379/2025, que amplió de manera optativa el uso de la mediación prejudicial a controversias sanitarias cuando la parte requerida sea una entidad comprendida en las Leyes 23.660, 23.661 o 26.682. Según la normativa, las mediaciones deberán realizarse en la jurisdicción federal con asiento en la provincia correspondiente al domicilio del reclamante.
La resolución también establece que los mediadores especializados en salud deberán contar con matrícula diferenciada y cumplir con condiciones de antigüedad y ausencia de sanciones. Aquellos inscriptos en registros provinciales podrán sumarse al registro nacional si acreditan la experiencia exigida, aunque deberán adecuarse a la normativa vigente y abonar la matrícula anual.
En relación con los honorarios, se dispuso que los mediadores perciban el equivalente al ítem I de la escala aprobada por el Decreto 1467/2011, con la posibilidad de multiplicar ese valor hasta por cinco si el proceso concluye con acuerdo. En los casos en los que no se logre consenso, el pago será cubierto por el Fondo de Financiamiento de la Ley 26.589, con reintegro obligatorio a cargo del requerido si luego hay condena judicial, o del reclamante si no inicia una demanda dentro de los 30 días hábiles.
Asimismo, se derogó el apartado sobre actas del Anexo II de la Resolución 2740/2012, disponiendo que la generación y gestión de las mismas se realice únicamente a través del sistema digital MEPRE, vigente desde 2013.
El propósito central de PROMESA es facilitar la resolución de conflictos que los usuarios mantienen con prestadores del sistema sanitario, a la vez que se busca reducir la judicialización y contener la proliferación de amparos. Según datos oficiales, las presentaciones judiciales por temas de salud crecieron 20,62% en 2023, pero en 2024 se dispararon un 471,79%, lo que motivó la puesta en marcha de este nuevo mecanismo.
Obras Sociales: el Gobierno extendió el plazo para el trámite de permanencia
El Gobierno prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2025 el plazo para que los afiliados confirmen su voluntad de permanecer en su actual obra social. La decisión fue oficializada mediante la Resolución 1608/2025 de la Superintendencia de Servicios de Salud, publicada este martes en el Boletín Oficial.
Según la normativa, quienes no manifiesten expresamente su deseo de continuidad verán derivados sus aportes hacia la empresa de medicina prepaga en la que se encuentren inscriptos.
Desde Casa Rosada justificaron la medida y explicaron: “El ejercicio pleno y libre del derecho de elección por parte de los beneficiarios exige condiciones materiales adecuadas que aseguren el acceso equitativo a la información y a los medios tecnológicos disponibles, evitando desigualdades que puedan distorsionar la manifestación de voluntad. En tal sentido, se estima oportuno y conveniente ampliar el plazo originalmente previsto, extendiéndolo hasta el día 31 de diciembre de 2025, a fin de consolidar un proceso transparente, justo y fundado en la autonomía de los beneficiarios”.
