Un fallo del Juzgado Federal de San Martín ordenó al Poder Ejecutivo abstenerse de aplicar los artículos del Decreto 462/2025 que habilitaban traslados, cesantías y supresión de estructuras en el organismo
El Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín resolvió “hacer lugar parcialmente a la medida cautelar de no innovar solicitada por APINTA y ATE”, ordenando al Poder Ejecutivo Nacional que “se abstenga de ejecutar cualquier acto administrativo que derive de la aplicación del decreto 462/2025, arts. 59 a 69, incluyendo reubicaciones, traslados, cesantías, suspensiones, pases a disponibilidad de personal o supresión de estructuras vinculadas al INTA”.
La decisión, firmada por la jueza Martina Isabel Forns, tendrá una vigencia inicial de seis meses y preserva el statu quo del organismo mientras se tramita el amparo sindical presentado por la Asociación del Personal del INTA (APINTA) y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).
El fallo se conoció apenas unos días después de que el Ministerio de Economía, mediante la Resolución 1240/2025 publicada en el Boletín Oficial, dispusiera el pase a disponibilidad de 343 trabajadores de organismos públicos, de los cuales 287 pertenecen al INTA. El recorte también alcanzó al Instituto Nacional de Semillas (INASE) y al Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV).
Un freno judicial en medio del conflicto laboral
La medida cautelar representa un alivio para los trabajadores del organismo, que en las últimas semanas habían realizado movilizaciones y protestas en distintos puntos del país. La decisión judicial suspende los efectos del decreto 462/2025 en lo que refiere al INTA, uno de los institutos más relevantes en el desarrollo científico y productivo del sector agropecuario.
En su resolución, el tribunal remarcó que el INTA es “un ente autárquico con personalidad jurídica propia, creado en 1956”, y que sus trabajadores cuentan con estabilidad garantizada en la Constitución Nacional y en convenios colectivos específicos.
En ese marco, la jueza Forns consideró que el decreto cuestionado vulnera derechos adquiridos e implica “una afectación grave a la estabilidad laboral y sindical”, lo que justificó la decisión de dictar una medida de protección preventiva.
Reacciones y próximos pasos
Desde APINTA y ATE celebraron la resolución, aunque advirtieron que se trata de un primer paso en la disputa legal. Los gremios sostienen que el decreto y la resolución ministerial forman parte de “un ajuste estructural que busca desmantelar al INTA”, dejando sin sustento a áreas clave de investigación y extensión tecnológica.
En tanto, fuentes del Poder Ejecutivo señalaron que evaluarán apelar la medida, aunque reconocieron que el fallo obliga a mantener congeladas las reestructuraciones y cesantías en el organismo durante al menos seis meses.
El organismo, que cuenta con más de 7.000 empleados en todo el país y una red de centros regionales y experimentales, quedó en el centro de la controversia por el alcance del decreto. El fallo judicial frena temporalmente esa avanzada, pero no resuelve de fondo la discusión sobre el futuro del INTA en la estructura estatal.
