Por medio de diferentes medidas, el Gobierno inició el proceso de privatización de AySA, la transformación de YCRT en una sociedad anónima y confirmó la transferencia de acciones de las cuatro centrales hidroeléctricas norpatagónicas de Enarsa a la Secretaría de Energía
El Gobierno formalizó una serie de medidas tendientes a privatizar Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), Carboeléctrica Río Turbio (ex Yacimientos Carboníferos Río Turbio) y las centrales hidroeléctricas Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila, con lo que busca no solo ingresos por las concesiones de los servicios sino el ingreso de inversiones privadas que mejoren su eficiencia.
Las medidas se plasmaron respectivamente en las resoluciones 1198/2025 y 1181/2025 del Ministerio de Economía y el decreto 590/2025, todos publicados hoy en el Boletín Oficial, que en rigor se complementarios de medidas previas que ya habían iniciado los pasos administrativos para las privatizaciones
A su vez, las tres medidas son tributarias de la ley 27.742 de Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos.
Si bien el Gobierno no dio a conocer públicamente el monto que espera obtener de estas privatizaciones, en el caso de las centrales hidroeléctricas trascendió que se prevé embolsar cerca de USD 500 millones.
Privatización de Aysa
De todas las normas mencionadas, la única que declara iniciado el proceso de privatización es la referida a AySA, en los términos ya señalados en el decreto 494 del 22 de julio.
Ese decreto autoriza el procedimiento de privatización del 90% del paquete accionario de la empresa y que de ese porcentaje “al menos el 51%” se venderá a “un operador estratégico mediante el procedimiento de licitación pública de alcance nacional e internacional” y que el “remanente” para completar el 90% del total del capital social se venderá en “bolsas y mercados del país”, de lo que resultará una nueva sociedad cotizante en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
El 10% restante se mantendrá en manos de los trabajadores a través del Programa de Propiedad Participada (PPP).
Menú de cinco pasos
El decreto representa el quinto paso administrativo del proceso privatizador, iniciado con la ley de Bases y que se aceleró en julio con la publicación de la resolución 221/2025 de la Secretaría de Obras Públicas, que aprobó el “Plan de Acción de Transición de AySA S.A. para el período 2024- 2026”, siguió con el Decreto de Necesidad y Urgencia 493/2025, que habilitó la incorporación de capital privado mediante la modificación del marco regulatorio para la prestación del servicio público de agua potable y desagües cloacales, y se completó con el decreto 494/2025.
El Plan de Acción es considerado por el Gobierno como “una herramienta central para garantizar la continuidad, eficiencia y sustentabilidad de la prestación en el corto plazo, al tiempo que facilita la planificación futura de mediano y largo plazo bajo un nuevo esquema normativo, institucional y de gestión”.
Necesidad de inversiones
Al respecto, sostiene que para su concreción serán necesarias inversiones de tal magnitud que el Estado no estará en condiciones de llevar a cabo sin afectar su desempeño fiscal, por lo que se hará necesaria la participación privada.
“Para mejorar la prestación del servicio de agua y saneamiento en el área concesionada a AySA se requiere un nivel de inversión en infraestructura que excede las posibilidades de generación de fondos de la referida empresa”, indicó el Gobierno.
Por tal razón, concluyó que “resulta necesario proceder a la privatización total de AySA a fin de contribuir directamente a la mejora en la prestación del servicio público concesionado de provisión de agua potable y colección de desagües cloacales en el Área Metropolitana, a partir de la implementación de técnicas regulatorias adecuadas para satisfacer las necesidades de los usuarios”.
Río Turbio
La resolución por la que se instruye a las secretarías de Energía y de Minería a constituir la firma Carboeléctrica Río Turbio S.A., también remite a una norma anterior, en este caso el decreto 115/2025, que además estableció que las representaciones de los derechos derivados de la titularidad de las acciones por parte del Estado serán ejercidos por las dos secretarías mencionadas respectivamente en un 95% y un 5%.
La nueva sociedad incluye en sus activos también a los servicios ferroportuarios con terminales en Punta Loyola y Río Gallegos.
Por otra parte, se fijó el capital social inicial de la firma en $30 millones.
La nueva figura prevé una composición accionaria con el 51% bajo control estatal, un 10% de propiedad participada por trabajadores y el restante 39% para inversión privada.
Centrales hidroeléctricas
Otro caso de medida complementaria es el decreto que autoriza la transferencia de acciones de Enarsa a la Secretaría de Energía de las sociedades anónimas Alicurá, Chocón Hidroeléctrica, Cerros Colorados y Piedra del Águila y que apunta a subsanar un error administrativo del decreto 564 del 7 de agosto.
El Gobierno advirtió que tras el dictado de ese decreto se había tomado como válido un expediente que “no cuenta con la firma de la autoridad que lo elaboró”, más allá de que intervino en el trámite correspondiente.
Por tal razón, se estimó “oportuno” dictar un nuevo decreto, “con la previa suscripción del informe circunstanciado por la autoridad competente”.
Las centrales localizadas en las provincias de Neuquén y Río Negro deberán pasar a nuevos operadores a partir del 1° de enero de 2026, luego de sucesivas prórrogas a los actuales operados, dos años después de vencida la concesión por 30 años establecida en el decreto 287/1993.
Para asegurar la provisión de energía, se dispuso que las actuales concesionarias (Orazul Energy Cerros Colorados, ENEL Generación El Chocón, AES Argentina Generación y Central Puerto) “continuarán operando los Complejos Hidroeléctricos que les fueron oportunamente otorgados en concesión”.
Esa operación se llevará a cabo como fecha máxima hasta el 31 de diciembre “o bien hasta el perfeccionamiento del Concurso Público Nacional e Internacional”, lo que ocurra primero.
En caso de no producirse la adhesión, las concesionarias estarán obligadas a continuar generando energía eléctrica por un plazo no inferior a 90 días hábiles, con el fin de que el Gobierno adopte los recaudos necesarios para la continuidad de la actividad.
Desde los ’90
La privatización original por concesión de las centrales se realizó en el marco del proceso de reforma del Estado en la década del 90, a través de la disolución de Hidronor (Hidroeléctrica Norpatagónica), que tenía a su cargo la generación de energía eléctrica provista por las presas, que pasaron a dividirse en cuatro empresas: Alicurá, El Chocón-Arroyito, Cerros Colorados-Planicie Banderita y Piedra del Águila.
Los gobernadores de Neuquén, Rolando Figueroa, y de Río Negro, Alberto Weretilneck, solicitaron el 7 de abril una prórroga para llamar a la licitación en una nota dirigida al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, a fin de contar con un plazo que permita a los equipos técnicos de las dos provincias “hacer un análisis completo del proceso que se inicia para poder transmitir al Estado Nacional una acabada respuesta sobre el tema”.
Ante el pedido, el Gobierno nacional concedió un plazo adicional de quince días, tras el cual dio por finalizadas las consultas para dar inicio al proceso de reprivatización.
