El Estado argentino apeló contra el pedido de la jueza Loretta Preska en el juicio por YPF. Qué pasó y cuáles son los pasos a seguir
En un nuevo capítulo del juicio por YPF, el Gobierno rechazó la posibilidad de entregar los celulares del ministro de Economía, Luis Caputo, y del exministro Sergio Massa, así como el de otros funcionarios y exfuncionarios argentinos. La jueza del caso, Loretta Preska, solicitó la entrega inmediata de los dispositivos móviles y correos electrónicos, como parte de una serie de medidas para avanzar en el “discovery”: una etapa del juicio donde las partes deben entregar documentación relevante.
La jueza estadounidense también ordenó la entrega de comunicaciones internas de YPF y el Banco Central, incluso desde teléfonos personales y cuentas privadas de funcionarios actuales y anteriores. También habilitó investigar si empresas como Aerolíneas Argentinas, Banco Nación y ENARSA funcionan como “alter ego” del Estado argentino, lo que permitiría embargar activos de esas compañías.
Luis Caputo y Sergio Massa aparecen involucrados porque la jueza Loretta Preska ordenó a la Argentina entregar comunicaciones privadas. La justificación es que esos mensajes podrían contener información relevante sobre decisiones oficiales, internas y políticas vinculadas a la administración de YPF, al Banco Central y a la estrategia legal del país frente al juicio.
A pesar del pedido de la jueza estadounidense, Argentina se negó a entregar celulares y casillas de correo electrónico de funcionarios y exfuncionarios. Argumentó que se tratan de dispositivos que no dependen del Estado, sino que son de uso personal.
En la presentación, citaron los artículos 17 y 19 de la Constitución Nacional para justificar la posición: ambos consideran que aquellas vías de comunicación son “inviolables” a menos que existe una sentencia contra un propietario individual.
La presentación judicial que hizo Argentina ante la jueza federal de Estados Unidos incluye además que “los demandantes no demostraron que ningún empleador argentino, y mucho menos la República, tenga la capacidad práctica de acceder a los dispositivos y cuentas personales de sus empleados actuales y antiguos”.
El Estado tildó como “revelador” el hecho de que “el experto de los demandantes solo citara resoluciones que abordaban solicitudes de correos electrónicos de cuentas oficiales del Gobierno, no de cuentas personales”.
¿Y ahora qué?
Rechazo formal de Argentina a la orden de discovery
A través de la Procuración del Tesoro, Argentina presentó un escrito en el que rechaza la orden de entregar las comunicaciones personales (WhatsApp, Gmail, etc.) de funcionarios y exfuncionarios como Caputo y Massa. Argumenta que:
- No tiene posesión ni control sobre esos dispositivos o cuentas, porque pertenecen a los individuos.
- La ley argentina y la Constitución garantizan que esos dispositivos son propiedad privada e inviolable, salvo que exista una sentencia específica contra los propietarios.
Solicitud de una audiencia preliminar
La Procuración del Tesoro le pidió a la jueza Preska que convoque una audiencia preliminar para poder presentar formalmente una moción que:
- Pida aclarar o reconsiderar la orden emitida el 29 de julio.
- Cuestione la legalidad y el alcance del discovery ordenado.
Planteo de límites al discovery
Argentina argumenta que:
- No pueden ordenarse medidas de discovery irrestrictas, si los activos buscados no son potencialmente ejecutables.
- Solicita limitar el discovery solo a lo que sea relevante para el embargo de activos, apoyándose en jurisprudencia de la Corte Suprema de EE.UU. (caso NML Capital).
Eventual moción para reconsiderar la orden
Si Preska no acepta la audiencia preliminar o no modifica su criterio, el Estado argentino planea presentar una moción para que reconsidere su decisión, por haber ignorado precedentes judiciales relevantes.
Continuación de la disputa legal sobre el acceso a dispositivos personales
Mientras tanto, los fondos demandantes siguen sosteniendo que:
- Los funcionarios argentinos usaron medios personales para actividades públicas.
- Por eso, los datos en esas plataformas podrían ser clave para demostrar que ciertas empresas estatales son “alter ego” del Estado, lo que habilitaría embargos sobre sus activos.
