En la sesión del Senado, que tuvo lugar este martes, tomó estado parlamentario la inciativa del Ejecutivo que tiene como objetivo la autorización por parte de la Legislatura para tomar deuda de hasta de 500 millones de dólares. Fue girada a la Comisión de Presupuesto y Hacienda
El pedido se tramitó bajo la denominación “Ley de Sostenibilidad de la Deuda Pública” y en la exposición de fundamentos se consignaron desajustes entre los vencimientos previstos de la deuda provincial y los que efectivamente operaron.
“La evolución histórica de la deuda externa provincial ha estado marcada por decisiones financieras, anteriores a nuestro gobierno, las cuales condicionan fuertemente a la gestión actual. La última reestructuración llevada a cabo en marzo de 2021, consecuencia de acciones legales emprendidas por bonistas internacionales, produjo una redistribución significativa del perfil de vencimientos”, se expresa en el proyecto de ley.
“Originalmente, entre capital e intereses, los vencimientos para el periodo previo al cambio de gobierno en diciembre de 2023 eran de 313 millones de dólares. No obstante, lo efectivamente cancelado fue de 150 millones de dólares. En consecuencia, para el periodo 2024-2027, los vencimientos aumentaron de 363 millones a 472 millones de dólares, de los cuales ya se han cancelado 191 millones de dólares en los últimos tres vencimientos, estando próximo a vencer y cancelar el cuarto de ellos”.
“Además, esta reestructuración extendió los pagos hasta el año 2028, añadiendo vencimientos adicionales por casi 100 millones de dólares que no estaban contemplados originalmente”, se añade en los fundamentos.
Según publicó Página Política, el artículo 1º de la propuesta presentada al Senado declara “prioritaria” la “restauración de la sostenibilidad de la deuda pública provincial”.
En el artículo 2º se pide la autorización para “concretar actos, operaciones, mecanismos y/o instrumentos financieros de crédito público, en moneda nacional o extranjera, que juzgue más apropiados para adecuar las condiciones emergentes de las obligaciones derivadas de la deuda pública provincial y/o pagos referentes al Inciso 7: Servicios de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos, incluyendo la restitución al Tesoro Provincial de los fondos erogados por tales conceptos durante el ejercicio 2025, hasta un monto total que no podrá exceder los U$S 500.000.000 (dólares estadounidenses quinientos millones), o su equivalente en Pesos conforme al tipo de cambio vigente al momento del efectivo ingreso de los fondos”.
Se dispuso como garantía “las sumas a percibir por el Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos Nacionales o el régimen que lo sustituya o modifique, como así también los recursos tributarios derivados de la propia administración y recaudación provincial y que integran la Fuente Tesoro Provincial”.
Propuesta de nombres a formar parte de la fiscalización de OSER
A su vez, otro de los puntos destacados en la sesión de este martes, y en el marco la ley 11.202, que implica la creación de la Obra Social de Entre Ríos (OSER), el presidente del bloque de Senadores de Juntos por Entre Ríos, Rubén Dal Molín, propuso que la terna que oficie de Síndico Fiscalizador (artículos 22 y 23 de la Ley) a Juan Pablo Paludi, Claudio Galizzi y Joaquín Alejandro Badaracco.
Las funciones del Síndico Fiscalizador implican: “Realizar auditorías regulares sobre los estados financieros de la Obra Social, evaluando los ingresos, egresos, inversiones y distribución de los recursos; Controlar la legalidad, transparencia y eficiencia de los contratos y convenios firmados por la Obra Social con proveedores, prestadores de servicios de salud, entidades públicas y privadas; Supervisar el funcionamiento general de la administración de la Obra Social, asegurando que las actividades se realicen de acuerdo con los principios de eficiencia, legalidad y transparencia; Supervisar la calidad de los servicios de salud ofrecidos, asegurándose de que cumplan con los estándares establecidos por la ley y las regulaciones sanitarias; Proporcionar información de manera periódica al Poder Ejecutivo”.
