El fallo ordenó preservar los puestos de trabajo y la estructura del organismo. La Casa Rosada cuestionó la medida judicial
La Justicia Federal de San Martín suspendió por seis meses la aplicación del decreto 461/2025, que dispuso la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad. La medida responde a una cautelar presentada por el sindicato Sevina, que representa a los trabajadores del organismo. El Gobierno, por su parte, anticipó que apelará el fallo.
La jueza Martina Isabel Forns hizo lugar parcialmente a la acción de no innovar y ordenó al Ejecutivo abstenerse de ejecutar cualquier acto administrativo derivado del decreto, incluyendo traslados, cesantías, suspensiones y reestructuraciones del personal.
En su resolución, la magistrada fundamentó que “la Constitución Nacional y los convenios de la OIT impiden al Estado alterar de manera unilateral las condiciones laborales acordadas por convenio colectivo”. También destacó el riesgo de “perjuicios irreparables” para los trabajadores, a quienes definió como “socialmente vulnerables”.
Entre los argumentos centrales del fallo, Forns señaló que el decreto incluye una cláusula que fija una “fecha de vencimiento” para la estabilidad del personal, lo que calificó como una vulneración de las garantías laborales vigentes. Además, cuestionó que el Ministerio de Desregulación —a cargo de Federico Sturzenegger— tenga poder discrecional sobre cada movimiento de personal.
La respuesta oficial: “Vamos a apelar”
Pocas horas después del fallo, el vocero presidencial Manuel Adorni confirmó en sus redes sociales que el Gobierno apelará la decisión judicial. “El Gobierno apelará la suspensión del decreto que determina la disolución de Vialidad Nacional. Fin”, escribió en su cuenta de X.
El decreto había sido anunciado a principios de julio por el propio Adorni desde Casa Rosada. Incluye también el cierre de la Comisión Nacional del Tránsito y Seguridad Vial y de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Todas las funciones, según detalló entonces, pasarán a distintas áreas del Ministerio de Economía.
Qué sigue tras la apelación
La jueza Forns evitó pronunciarse sobre la nulidad o inconstitucionalidad del decreto, ya que considera que esa cuestión requiere un análisis más profundo. Por ahora, la suspensión del decreto se mantiene por 180 días.
Durante ese período, el Poder Ejecutivo no podrá avanzar con despidos ni modificaciones en las condiciones laborales del personal vial. La apelación del Gobierno podría reactivar la medida, aunque eso dependerá de la Cámara competente.
Desde el Sindicato de Trabajadores Viales y Afines (Sevina), que conduce Graciela Aleñá, celebraron el fallo y remarcaron que la disputa también debe darse en el Congreso. “No se pueden seguir haciendo negocios con las rutas nacionales desfinanciadas por el desvío del Impuesto a los Combustibles”, señalaron en un comunicado.
