El Gobierno lanzó el Plan Güemes en la frontera con Bolivia. Más fuerzas de seguridad, comando especial y nuevos controles
Con el objetivo de blindar la frontera norte del país, el Gobierno puso en marcha el Plan Güemes, una estrategia de seguridad que busca frenar el narcotráfico, el contrabando y la trata de personas en los municipios salteños de Aguas Blancas, Orán, Tartagal y Salvador Mazza.
La medida se formalizó este martes mediante la Resolución 830/2025, publicada en el Boletín Oficial con la firma de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. El despliegue incluye la creación de un Comando Unificado, conformado por fuerzas federales y provinciales, que se encargará de coordinar los operativos y reforzar la vigilancia en uno de los corredores más críticos del país.
Qué es el Plan Güemes y cómo se implementará
La norma establece que la Secretaría de Seguridad Nacional estará a cargo de la coordinación general del plan o podrá designar un responsable directo. Además, se crea el Comando Unificado “Plan Güemes”, que tendrá presencia física y operativa en la zona fronteriza entre Salta y Bolivia.
El comando estará integrado por personal de:
- Policía Federal Argentina (PFA)
- Gendarmería Nacional Argentina (GNA)
- Prefectura Naval Argentina (PNA)
- Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA)
- Servicio Penitenciario Federal (SPF)
- Policía de la Provincia de Salta
La conducción operativa quedará en manos de un Coordinador General, designado por el titular de la Gendarmería Nacional, quien será responsable de organizar los despliegues, patrullajes, controles y operativos especiales.
Avance contra el crimen transnacional
La resolución también invita al Ministerio Público Fiscal de la Nación y al Ministerio Público Fiscal de Salta a designar enlaces institucionales, con el objetivo de fortalecer la coordinación judicial y operativa en las zonas más vulnerables.
El Plan Güemes había sido anunciado en diciembre de 2024 como parte del paquete de medidas impulsado por Bullrich para combatir el crimen transnacional. Su puesta en marcha representa una nueva etapa del endurecimiento de la política de seguridad en el norte argentino, una región históricamente permeable al tráfico de drogas, el ingreso de mercadería ilegal y el paso irregular de personas.
