La confederación gremial fabril alertó sobre un proceso de desindustrialización acelerada, con impacto directo en el empleo y los salarios. Acusan al Gobierno de avanzar con la reforma laboral de facto y reclaman “un modelo de desarrollo productivo con justicia social”
En horas donde la protesta gremial ganó las calles, la Confederación de Sindicatos Industriales de la República Argentina (CSIRA) denunció la desaparición de más de 1.000 empresas desde 2023. El informe también consigna la pérdida de más de 31.000 empleos formales, lo que eleva la cifra a cerca de 100.000 al sumar los rubros de la construcción y la minería.
Al reseñar las causas de esta situación, señalaron la apertura indiscriminada de importaciones, la inaccesibilidad al crédito productivo y la parálisis del mercado interno. La Confederación, lanzada durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, afirmó que la industria nacional “sufrió un retroceso sin precedentes”. En ese sentido, el documento expresó: “Repudiamos la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner y denunciamos la persecución judicial como parte de un plan de disciplinamiento político y social. Sin una justicia independiente no hay democracia real”.
El bloque está integrado por 36 organizaciones gremiales, entre ellas Smata, UOM, Uocra, Atilra y los textiles de la AOT. Con base en estadísticas de 2024, detallaron que la actividad manufacturera cayó 9,4%, la construcción se retrajo un 27% y la minería también mostró una contracción vinculada a la desaceleración del sector de la construcción. “Fueron más de mil empresas industriales las que cerraron desde 2023, con una pérdida de más de 31.000 empleos. Los puestos de trabajo perdidos ascienden a casi 100.000, al incluir los sectores de la construcción y la minería”, enfatizaron.
El panorama, indicaron, es consecuencia de una combinación de factores: apertura irrestricta de importaciones, tipo de cambio que atenta contra la competitividad, falta de financiamiento y un mercado interno sin dinamismo. Como ya lo había advertido el Foro Economía y Trabajo (FEyT), la continuidad de este rumbo “amenaza con profundizar la desindustrialización, debilitando el entramado pyme y condenando al país a importar tecnología y trabajo. No hay desarrollo sostenible sin una industria nacional sólida y diversificada, que aporte valor agregado”.
A contramano de las potencias
En una perspectiva comparativa global, remarcaron que mientras las potencias como Estados Unidos, la Unión Europea y China protegen su industria y empleo, “en la Argentina se eliminaron aranceles, programas de financiamiento y medidas de protección como el impuesto PAIS y los instrumentos antidumping. Estamos transitando hacia una economía reprimarizada, que exporta recursos como litio, soja y petróleo sin desarrollar cadenas de valor, con salarios que apenas recuperan una fracción de lo que estamos entregando”.
El informe también aborda el impacto sobre el sistema científico y tecnológico, “que enfrenta un brutal ajuste. El desarrollo nacional solo es posible con inversión en educación, investigación científica y tecnológica, y agregado de valor”. En esa línea, el bloque sindical destacó que la ciencia argentina debe volver a estar al servicio de la economía y la producción. “Consideramos que la educación –en todos sus niveles– es el motor del crecimiento y del empleo argentino”.
La CSIRA denunció que el verdadero cepo “es al bolsillo de los trabajadores: exigimos paritarias libres que permitan recuperar el poder adquisitivo perdido y rechazamos la intervención del Gobierno en las negociaciones, en las que se utiliza el salario como ancla antiinflacionaria, en una economía con precios completamente liberados”. Al igual que el Frente Sindical de Lucha frente al Ministerio de Desregulación, a cargo de Federico Sturzenegger, también apuntaron contra los intentos de flexibilizar derechos, precarizar el empleo y criminalizar la protesta, a través de normativas como el DNU 70/23, la Ley Bases y el DNU 340/25, “que pretende exterminar el derecho constitucional de huelga”.
En este marco, advirtieron que la avanzada del Gobierno sobre el sistema laboral busca consolidar una reforma de facto que debilita los derechos colectivos e individuales. La creación de fondos de cese laboral, el intento de restringir la ultraactividad de los convenios colectivos y el recorte de las licencias sindicales configuran un modelo de relaciones laborales regresivo, que rompe con décadas de protección legal. Desde CSIRA remarcaron que una transformación de semejante magnitud debería ser fruto del diálogo social, y no impuesta por decreto o mayorías circunstanciales.
Finalmente, en cuanto al rumbo económico, reiteraron que el país no puede continuar atado a las recetas del FMI. “Ningún país se desarrolla ajustando de forma generalizada. Solo una estrategia nacional orientada a impulsar la producción argentina, el consumo interno y las exportaciones con mayor valor agregado permitirá romper el ciclo de endeudamiento, recesión e industricidio”.
