El colectivo Infancia en Deuda le envió una serie de pedidos a la bicameral, que llevará adelante un proceso de tres meses para elegir al sucesor/a de Marisa Graham
Luego que la Bicameral del Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes abriera el concurso público para elegir al sucesor de Marisa Graham -desplazada por la comisión luego de autoprorrogarse su mandato-, desde las organizaciones que integran el colectivo Infancia en Deuda sugirieron una serie de medidas para ser incluidas en el plan de trabajo.
“Celebramos esta decisión y solicitamos un compromiso de la Comisión Bicameral para que la elección de la nueva defensora o del nuevo defensor ocurra en 2025. Además, señalamos que quien asuma el nuevo cargo, debe hacerlo mediante un proceso transparente, idóneo e independiente de los poderes políticos”, pidieron.
La bicameral convocó a concurso público de oposición y antecedentes a partir de este martes 17 de junio, estipulando su finalización tres meses después, el 22 de septiembre. Las inscripciones de aspirantes se desarrollarán del 19 de junio al 3 de julio.
En la reunión del pasado 28 de mayo, la comisión decidió que Graham y su adjunto, Facundo Hernández, cesen en sus funciones. Ambos habían finalizado sus mandatos en febrero de este mismo año, pero los habían prorrogado frente a una posible acefalía.
En su lugar, la bicameral autorizó a Sebastián Medina, actual jefe de Gabinete de la Defensoría, a seguir ejerciendo sus funciones y le sumó las correspondientes a la Secretaría de Coordinación Administrativa y Financiera. Además, convalidó que el secretario Legal y Técnico de la Defensoría del NNyA, Nicolas Sipioni, actúe como representante en juicio. Ambas designaciones se encuentran limitadas en el tiempo al nombramiento de una nueva defensora o nuevo defensor bajo el procedimiento del concurso. La comisión aseguró el funcionamiento institucional de la Defensoría respetando la legalidad del procedimiento.
“Desde las organizaciones que conformamos el colectivo Infancia en Deuda le enviamos una nota a la bicameral solicitando su compromiso para que la nueva autoridad que esté al frente de la Defensoría de la Niñez sea elegida en 2025. También le sugerimos distintas medidas para ser incluidas en el plan de trabajo”, señalaron.
Entre las propuestas se encuentran: la creación de un Comité Asesor que asista en el armado y corrección del examen escrito, que debe constar de 70 preguntas múltiple choice y dos preguntas a desarrollar; la elaboración de una tabulación de puntajes de antecedentes y trayectoria, a los que el reglamento les asigna 10% del puntaje total del candidato/a; y el compromiso de difundir toda la información del concurso (antecedentes, exámenes, puntajes totales y parciales, etc.) y asegurar la participación de la sociedad civil en el proceso. En este sentido, el 24 de junio de 2025 habrá una audiencia con participación de los defensores provinciales y sociedad civil.
“En un país donde las infancias más vulnerables crecen sin protección, la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes es el único organismo nacional -con capacidad de intervenir frente al Estado y ante sujetos privados- con herramientas para garantizar sus derechos”, resaltaron desde Infancia en Deuda.
Además, mediante un comunicado, el colectivo precisó que “según la Ley 26.061, es el único organismo del sistema de protección integral con capacidad de representar colectiva e individualmente a las niñas, niños y adolescentes que sufren vulneraciones a sus derechos. La Defensoría recibió más de 2.600 requerimientos, que dieron lugar a 310 casos, 463 actuaciones administrativas (solamente en el periodo 2023-2024) y 20 acciones judiciales entre amparos, hábeas corpus, denuncias y querellas, de las cuales 14 se encuentran en pleno trámite”.
“Las temáticas de las intervenciones -tal como fue detallado por la Defensoría-, se relacionan con alimentación, becas escolares, construcción de Centros de Primera Infancia y acceso a medicamentos, entre otros. También se destacan un 25% de intervenciones por graves situaciones de violencia, incluyendo abusos sexuales infantiles”, agregaron.
Por otro lado, algunos de los litigios que lleva adelante la Defensoría impactan masivamente, como el reclamo por el acceso a becas escolares que afecta a más de 1,2 millones de adolescentes que solicitaron asistencia estatal para sostener su educación. También se destaca una causa en defensa del acceso al agua potable de niñas, niños y adolescentes en Salta, que puede afectar a 375.225 NNyA, de los cuales 81.725 son indígenas.
