A cuatro años de la Ley 27.610, Amnistía Internacional alerta por un retroceso alarmante en el acceso al aborto legal en Argentina. La falta de insumos, desinformación y debilitamiento estatal disparan las denuncias por obstáculos en salud sexual y reproductiva
Amnistía Internacional encendió la alarma en el marco del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres: las denuncias por barreras al acceso al aborto legal en Argentina crecieron un 275% respecto de 2023. Esta cifra refleja un deterioro grave en la implementación de la Ley 27.610, vigente desde diciembre de 2020.
Según el informe “También es por vos”, el nuevo escenario se explica por un desmantelamiento sistemático de las políticas públicas de salud sexual y reproductiva. Desde la llegada del nuevo gobierno, se paralizó la entrega de insumos clave, se interrumpieron campañas de información y se recortó el presupuesto destinado a programas esenciales.
Durante 2024, el Estado Nacional no distribuyó insumos médicos necesarios para realizar interrupciones voluntarias y legales del embarazo (IVE/ILE). Esta ausencia de provisión estatal, una obligación establecida por ley, obliga a muchas personas a buscar soluciones en el mercado privado, con costos inaccesibles.
Casos como el de “María”, madre de cuatro hijos en Misiones, demuestran el impacto directo del desabastecimiento de misoprostol y anticonceptivos: sin poder pagar $100.000 por su cuenta, debió postergar el acceso al aborto legal en un hospital público.
La información, un derecho aún no garantizado
Otro eje crítico es la desinformación sobre cómo y dónde acceder al aborto legal. El 33,67% de las personas que denunciaron barreras reportaron no contar con información básica. A esto se suma que el 0800 nacional de Salud Sexual no está siendo promovido ni adecuadamente atendido.
En este contexto, las personas gestantes recurren a formularios online o redes de apoyo no oficiales para encontrar orientación. La falta de campañas públicas y estrategias de difusión vulnera el derecho al acceso oportuno y seguro al aborto, especialmente en zonas alejadas.
El informe de Amnistía destaca que sin presupuesto, insumos ni personal capacitado, el sistema de salud no puede garantizar derechos. Las desigualdades territoriales se profundizan, dejando a muchas personas sin opciones viables.
Aunque algunas provincias aplican buenas prácticas locales (líneas de atención, mapas de acceso), estas experiencias siguen siendo aisladas y dependen de la voluntad política de cada jurisdicción.
Ante este escenario, Amnistía Internacional exige al Estado argentino:
- Asignar presupuesto sostenido para garantizar insumos esenciales.
- Reforzar la distribución equitativa en todas las provincias.
- Relanzar campañas públicas de información.
- Capacitar al personal de salud en derechos sexuales y reproductivos.
- Fortalecer el sistema de atención a través de la línea 0800.
