Este martes se formalizó su disolución, aunque ya las tareas habían concluido en abril. La información ya está en manos de la Justicia, aunque hay quienes dicen que no tiene relevancia
«No esperábamos nada e igual nos defraudó». Con esa frase, una fuente allegada a la investigación judicial del caso $Libra respondió a la consulta de Tiempo respecto de si la Unidad de Tareas de Investigación (UTI) produjo información relevante para esclarecer el criptoescándalo.
La UTI fue anunciada por el gobierno el 19 de febrero pasado, cinco días después del tuit en el que el presidente Javier Milei promocionó el contrato del token que en cuestión de minutos escaló de apenas centavos hasta los casi u$d 5, y luego se derrumbó. Justo un día después de que se cumplan los tres meses del decreto en el cual se dispuso su creación en el ámbito del Ministerio de Justicia, este martes se dispuso su disolución en otro decreto que fue publicado en el Boletín Oficial.
Si bien el objetivo de su existencia era «colaborar de manera rápida y expedita con el Poder Judicial y/o el Ministerio Público Fiscal», fuentes consultadas por este medio aseguraron que no se produjo ninguna información de interés que ayude a esclarecer el caso. Más bien, pareciera que se trató no más de una herramienta creada con el objetivo de mostrar reacción política del gobierno ante un escándalo que impactó en la línea de flotación de Milei.
La UTI estuvo a cargo de la abogada Florencia Zicavo, una técnica designada en el gobierno al frente de la Unidad Gabinete de Asesores del Ministerio de Justicia que llegó de la mano del ministro Mariano Cúneo Libarona. Según pudo saber este medio, a lo largo de los tres meses que duró el trabajo, la Unidad consultó a distintos organismos del gobierno respecto de $Libra y a medida que llegaron las respuestas, las remitió a la causa judicial.
«Si no hubieran hecho nada sería lo mismo porque no tienen ningún tipo de importancia lo que mandaron. Es lo mismo que nada», aseguró una fuente que tuvo acceso a los oficios de carácter «reservado». El común denominador de las respuestas de los organismos habría sido que ninguno de ellos tuvo conocimiento de ningún dato o antecedente administrativo vinculado a $Libra. De todos modos, las expectativas de que una auto-investigación de parte del gobierno arrojara elementos de interés eran bajas.
Los requerimientos de información alcanzaron a la Unidad de Información Financiera (UIF), a la Comisión Nacional de Valores (CNV), a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), al Banco Central, la Casa Militar y Migraciones. También hubo pedidos dirigidos a la Oficina Anticorrupción, a la Secretaría de Legal y Técnica, a Cancillería, la Inspección General de Justicia y a Jefatura de Gabinete.
La disolución de la UTI era algo esperable. De hecho, fuentes gubernamentales dijeron que a fines de abril ya había terminado ese trabajo y que estaba en marcha un proyecto de acto administrativo para dar por terminado el asunto. Eso se tradujo, finalmente, en el decreto 332/2025 publicado este martes, en el cual el presidente decretó su disolución «por haber dado cumplimiento a la tarea que le fuera encomendada».
Fuentes del gobierno consultadas evitaron responder respecto de si alguno de los organismos consultados por la UTI aportó algún dato o información que haya estado relacionado con el lanzamiento de $Libra. Más bien se limitaron a destacar que hubo un trabajo con «celeridad, transparencia y eficacia» y que «todo se encuentra en poder de la Justicia».
Así las cosas, la causa judicial para dilucidar los pormenores detrás del lanzamiento del token $Libra avanza en Comodoro Py. Por lo pronto, la semana que viene está previsto que declare como testigo el experto en programación Maximiliano Firtman. En paralelo, el fiscal evalúa los oficios remitidos por distintos organismos y está pendiente que el análisis del contenido de los dispositivos tecnológicos que se le secuestraron a varios de los imputados.
