El principal asesor de Donald Trump, Stephen Miller, dijo que planea eliminar el recurso de ‘habeas corpus’ para migrantes. Expertos advierten sobre una violación de los derechos humanos de todos si se concretara
Desde que asumió su segundo mandato, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no deja de ser el centro de la polémica por las medidas que anuncia y por los decretos que ya puso en práctica.
Ahora, Stephen Miller, jefe adjunto de Gabinete de la Casa Blanca y muy cercano a Trump, amenazó con suspender para las personas migrantes el recurso legal de habeas corpus, una garantía constitucional que protege a las personas contra detenciones arbitrarias, ya que asegura el debido proceso judicial. Su origen está en el derecho consuetudinario británico, y fue incorporado a la Constitución de EE. UU., como a las de otros países, para frenar abusos de poder.
¿Qué significaría la suspensión del habeas corpus, en caso de concretarse, en particular para los latinoamericanos que viven en EE. UU., con la ciudadanía estadounidense o sin ella? Según datos de 2023, casi 14 millones de inmigrantes no autorizados vivían en ese país, y los latinoamericanos y caribeños representaban un 84 % de ellos.
“En primer lugar, más allá del efecto que tendría para la población latina, también sería un terrible precedente para la democracia estadounidense”, dice Carolina Jiménez Sandoval, presidenta de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).
El habeas corpus se aplica para contrarrestar operativos ilegales y sistemáticos de secuestros de personas llevados a cabo por las fuerzas de seguridad en dictaduras. Pero también se usa en democracia, en situaciones donde peligran lo derechos civiles.
Una amenaza para ciudadanos y no ciudadanos en EE. UU.
Stephen Miller declaró hace una semana que el presidente estadounidense “busca ampliar su poder legal para actuar ante lo que consideramos una invasión migratoria”. La Constitución de EE. UU. solo permite suspender el habeas corpus en casos de rebelión o invasión, y cuando la seguridad pública lo requiera. La última vez que fue suspendido fue en 1941, luego del ataque a Pearl Harbor, durante la Segunda Guerra Mundial.
Pero la palabra “invasión” está siendo usada frecuentemente por el Gobierno de Trump para referirse al aumento de la llegada de migrantes a la frontera sur del país.
En entrevista con DW, Ernesto Castañeda, director del Laboratorio de Inmigración de la American University, con sede en Washington, hace hincapié en que “Miller dijo que el Gobierno quiere suspender el habeas corpus en todo el país, y eso podría incluir a ciudadanos estadounidenses de cualquier origen”.
“Que un Gobierno se atreva a suspender el derecho a un debido proceso ―que está contemplado con total claridad en la Quinta Enmienda a la Constitución de Estados Unidos, y que se aplica tanto a ciudadanos como a residentes― es una grave amenaza para toda la sociedad”, destaca Carolina Jiménez.
“Muchos inmigrantes han vivido en Estados Unidos por décadas, tienen hijos allí y contribuyen a la economía de su comunidad”, agrega. “Privarlos de un derecho básico y universal simplemente por su estatus migratorio revela un problema en el Estado de derecho. Sería una mala noticia y una alerta sobre la salud de la democracia de Estados Unidos”, subraya la experta.
Suspensión de derechos de personas migrantes
“En la práctica”, señala el profesor Castañeda, “le han suspendido ya el habeas corpus a muchos inmigrantes, sobre todo latinos. Al invocar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, Trump pudo deportar a muchos inmigrantes de manera expedita a El Salvador, a pesar de que vivían hace más de un año en el país”.
Así detuvieron a Kilmar Ábrego García, continúa Castañeda , como a otros muchos salvadoreños y venezolanos, y los deportaron. Muchos de ellos tenían residencia, o protección temporal (TPS, estatus migratorio para ciudadanos de ciertos países considerados inseguros). “Estos no eran técnicamente indocumentados”, explicita. “Tener tatuajes o la piel oscura no significa que alguien sea pandillero, pero a muchos de ellos los detuvieron por esos motivos”, afirma.
Y menciona también el conocido caso de Julio Zambrano, un venezolano con permiso de estadía en Carolina del Norte, “que tenía pendiente un proceso de migración, y no pudo presentarse porque el Gobierno de Trump lo deportó antes”.
Suspensión de habeas corpus podría reforzar deportación arbitraria
Los expertos temen que las deportaciones arbitrarias se vean reforzadas por la suspensión del habeas corpus. “Vemos que muchas de las víctimas de esas acciones del Gobierno de Trump van a las cortes, que determinan que esas medidas son ilegales, inconstitucionales”, dice Carolina Jiménez.
“La eliminación del TPS y el parol humanitario, que daba protección a ciertos grupos, como a venezolanos, nicaragüenses, haitianos y cubanos, entre otros, dejaron a cientos de miles de personas en el limbo”, especifica. “Por eso no se podría argumentar que esas medidas eran exclusivamente contra la migración indocumentada, porque ellos no lo eran, y eso los hizo, de facto, indocumentados”.
“La suspensión del habeas corpus no sería solo un ataque contra las personas migrantes, que ciertamente ha comenzado ya, sino que será un ataque contra el Estado de derecho. Se empiezan a debilitar normas y principios del sistema de protección y garantías fundamentales de todas las personas”, sintetiza.
¿Qué posibilidades real hay de que Trump suspenda el habeas corpus?
“En general, hasta ahora, la Justicia ha detenido algunas de las medidas más agresivas”, dice Jiménez. “Eso es una buena noticia”. Y recuerda que es el Congreso el que tiene la autoridad para suspender el habeas corpus, no el Poder Ejecutivo. “La segunda buena noticia es que después de los primeros cien días de Trump aumentó su desaprobación en las encuestas”.
Para Ernesto Castañeda, “el objetivo de Donald Trump de concentrar el poder en el Ejecutivo, en su persona, es muy real. El Congreso, con una mayoría republicana, está cediendo completamente a Trump y casi no le presenta oposición. El único contrapeso que queda ahora es la prensa, que sigue muy activa, afortunadamente, y bastante crítica”, aclara.
Sin embargo, “ya terminó la luna de miel del Gobierno de Trump”, dice Castañeda. “Sus argumentos contra los migrantes van contra los derechos humanos de los ciudadanos en general, y a favor de un aparato policial con mayor vigilancia. Eso es un ataque contra la democracia y la erosiona”.
“Quienes lo votaron para que frenara la migración ilegal lo votaron para que respetara la ley, no para que la maltratara”, sostiene Jiménez. “Hay que seguir apostando por el sistema de Justicia para que ejerza un contrapeso frente a las acciones que son inconstitucionales y que vienen desde el Poder Ejecutivo”, enfatiza. “Es muy importante que, en este primer año de gobierno de Trump, tanto la sociedad civil organizada como los propios otros poderes públicos puedan frenar cualquier tipo de deriva autoritaria en el país”.
