Desde Casa Rosada fue anulada la Resolución 187/2025 sobre las pensiones no contributivas. La medida había sido anunciada el pasado 16 de enero
El Gobierno de Javier Milei finalmente derogó la Resolución 187/2025, emitida el pasado 16 de enero con el objetivo de regular y auditar las pensiones no contributivas por invalidez laboral. Desde el Ejecutivo detallaron que el proceso de revisión continuará bajo un nuevo procedimiento que se confirmará en las próximas semanas.
La derogación se formalizó este martes tras la publicación de la Resolución 1172/2025 de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en el Boletín Oficial.
Según detallaron en los considerandos de la Resolución, el cambio se debe a que “se han identificado diversas observaciones y oportunidades de mejora en los criterios de evaluación contenidos en dicho Baremo”, en referencia al procedimiento establecido en enero del año corriente. Desde Casa Rosada hicieron hincapié especialmente en lo “referido a la incorporación de referencias a normativas internacionales”.
La normativa anterior – derogada este martes – contemplaba un procedimiento de revisión que incluía entrevistas y verificaciones médicas sobre más de un millón de beneficiarios de las pensiones. En distintas instancias, el Gobierno puso el foco sobre las auditorías alegando que habían sido detectados numerosos casos de fraude, como personas sin discapacidad certificada, beneficiarios con documentación falsificada y personas privadas de la libertad que aún percibían los pagos.
El propio vocero presidencial, Manuel Adorni, había detallado durante una conferencia que las auditorías revelarían un “esquema de corrupción dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS)”. Según explicaron desde Casa Rosada, aproximadamente un 80% de los beneficiarios no cumplían con los requisitos para percibir el pago de la pensión.
A pesar de la intención inicial del Gobierno de avanzar con las auditorías, tras la publicación de la Resolución 187/2025, la Dirección Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas recomendó la revisión y la “elaboración de una nueva propuesta que actualice los criterios técnicos y metodológicos para la evaluación de la invalidez laboral”. Luego de una revisión exhaustiva, desde el Gobierno detectaron que algunos criterios de revisión no se alineaban con normativas internacionales en materia de discapacidad.
De esta manera, la ANDIS deberá trabajar en una nueva propuesta que contemple una actualización de los criterios – según criterios internacionales – y un proceso más efectivo y justo para la verificación de las pensiones por invalidez laboral.
El proceso de auditoría que modificará el Gobierno
Hasta la fecha, y tras el anuncio del Gobierno en enero de este año, se había iniciado un proceso escalonado y progresivo de auditorías. El mismo contaba con diferentes etapas, con mayor atención a las pensiones más recientes.
En la primera fase, se enviaban cartas documento a los beneficiarios, acompañadas de un turno médico gestionado por PAMI. En esa instancia, el pensionado debía presentar toda la documentación requerida.
La segunda etapa estaba a cargo de profesionales del PAMI, quienes realizarán entrevistas y controles para asegurar que todos los beneficiarios participen del proceso de auditoría y reciban la correspondiente revisión.
Finalmente, en la tercera etapa, los profesionales de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) analizaban la documentación recibida y emitían los dictámenes y resoluciones para cada caso. En este instante se determinaba si los beneficiarios cumplían con los requisitos para continuar recibiendo el beneficio o si correspondía su suspensión.
